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Los otros indígenas El defensor de derechos humanos Jesús David González también se pronunció sobre otros sectores indígenas; esos que, en nombre de una línea partidista, han apoyado medidas gubernamentales en perjuicio de sus propios hermanos. Sobre este respecto, González recordó que los derechos indígenas son intereses colectivos. “No hace falta que nos identifiquen con un color político para exigir nuestro derecho, ese es el llamado que siempre hago a nuestros hermanos indígenas. Debemos tener una sola voz defendiendo lo que es nuestro, nuestro sitio sagrado. También es importante la unidad, porque si no nos unimos el Estado es el que va a decidir por nosotros. Debemos empezar a generar propuestas al Gobierno, algún día nos escucharán, pero debemos hacerlo. Es la constancia en la lucha. No mirar los partidos políticos porque la dignidad es una sola, no tiene color político. Los derechos humanos no tienen color político. Por eso la exigencia debe ser contundente”. |
Todo comenzó con la sangre. La sangre de tres mujeres wayúu que encendieron La Guajira. Corría el año 1998, cuando las balas de la Guardia Nacional llovieron desde un helicóptero sobre un grupo de indígenas. Eran mujeres dedicadas al intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, actividad milenaria de estos pueblos que no conocen de fronteras políticas sino de una sola, su gran nación wayúu.
Pero esto no lo entendió la Guardia. Ni sus balas. Ni sus muertes. Las tres mujeres cayeron ante un pueblo que, además de perplejo, sucumbía ante su propia minusvalía en la defensa de sus derechos.
De ese descontento, y la necesidad de denunciar el caso, surge el Comité de Derechos Humanos de La Guajira, la organización no gubernamental que coordina el c Jesús David González, cuyo trabajo en defensa de las garantías de los pueblos originarios lo hacen merecedor del Premio Nacional del Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luis María Olaso, de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Embajada de Canadá este 2016.
Su vocación como mediador wayúu, rango indígena que ejercía antes de su activación como defensor de garantías, le permitió desarrollar una carrera que destaca por haber participado con su organización en la redacción del capítulo VIII de la Constitución nacional, dedicado a los derechos de los pueblos indígenas.
Entonces aceptaron con alegría la Carta Magna. Entonces vino el reconocimiento de la organización social de sus pueblos, derechos y costumbres. Entonces vinieron los programas sociales: becas, viviendas, y políticas públicas. Todo fue así hasta 2010, cuando hubo un quiebre de estas prerrogativas.
La génesis: el decreto de militarización de la Guajira, que ha dejado hasta la fecha 22 indígenas asesinados, 46 heridos y otros 19 torturados en bases militares con la falsa acusación de bachaqueros; más de 700 hogares wayúu allanados ilegalmente y más de mil detenciones arbitrarias.
“De esos 22 muertos hay solo un soldado detenido, sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión. Estamos esperanzados de que el Estado de respuesta positiva, porque están ejerciendo su derecho como pueblo originario”, expone González con la voz pausada y el semblante quieto de la etnia wayúu. Una voz que hoy analiza la situación de derechos humanos en el país.
“Vemos con mucha preocupación el tema de la alimentación. Meterse con el derecho fundamental de alimentación es muy grave. No hay alimento. Alto índice de inseguridad. Ya no hay respeto por la vida. Los derechos civiles y políticos han sido muy golpeados en estos 16 años en Venezuela. El tema carcelario, la situación de los presos. He visitado tres cárceles y he visto la necesidad de los presos. Comen solo los que tienen comida. Los demás buscan sobrevivir de las sobras de los otros. Pese a que hay leyes que amparan la demarcación de pueblos indígenas, aún hay muchos que no han sido demarcadas. El derecho a ser consultado no se aplica, a pesar de que están en la Constitución nacional, en la OIT, en las declaraciones de las Naciones Unidas, de los pueblos indígenas… hay tantas leyes suscritas y ratificadas por Venezuela, pero no se respetan.
La explotación de las tierras indígenas no son ejemplos de desarrollo ni felicidad, son signos de muerte para nosotros. Es terminar con un territorio sagrado, una identidad de siglos que han sido exterminadas. Todas esas explotaciones no traen un desarrollo para la comunidad ni dejan recursos para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. ¿A dónde van los recursos que explotan de nuestra tierra? No lo sabemos”.
Activación indígena
– ¿Cómo se evita la potencial violación de derechos humanos que implica el desarrollo del Arco Minero del Orinoco?
– Lo más importante está en la movilización de los indígenas. Introducir un amparo constitucional en el TSJ, porque eso no va a traer desarrollo de los pueblos indígenas. Más bien nos va a desplazar de nuestro territorio, se creará enfermedad, contaminación para los pueblos indígenas. La tierra es nuestra madre. También la arena, que es la ceniza de nuestros antepasados. Caminamos descalzos porque la tierra, la ceniza es sagrada.
Las organizaciones indígenas pueden utilizar un recurso, que es la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas, puede acudir al TSJ y solicitar la nulidad de una concesión que atente contra la integridad de un territorio ancestral.
– ¿Qué posibilidad hay de que estos recursos sean atendidos cuando el sistema de justicia no ha sido el que más ha velado por la ciudadanía?
– El problema es la falta de autonomía de los poderes públicos. Como vemos, no es Tibisay Lucena quien habla por el CNE, sino personeros del Gobierno los que hablan como si fueran ellos. Así es con otros poderes. Por eso es importante un cambio. Un cambio para que se ejerza ese derecho.
– ¿Qué se puede hacer para lograr ese cambio?
– Para eso hay una mesa con el Gobierno y la oposición. Creo que uno de los puntos de esa mesa es la revisión de los poderes públicos, porque nos está comiendo la impunidad. Ya las denuncias no se están procesando, ni avanzan las investigaciones. Los fiscales tampoco hacen mucho porque reciben órdenes de otras instancias para no proceder. Pero estoy esperanzado en que los pueblos indígenas deben esperanzarse, elevar su voz ante lo que estamos viviendo. Es la única forma de que nos escuchen. No llamo a la rebelión, sino a activarse para exigir. Porque los derechos humanos se toman, no se mendigan, porque son nuestros y el Estado está obligado a garantizarlos.
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