Ir a trabajar la tierra por dos días a un fundo en Matagorda de Pozón de Babilla, parroquia Parhueña, municipio Atures, estado Amazonas, le ha costado al indígena Simón Antonio Sosa Prieto, cédula de identidad V- 30.100.235, más de un año preso, muy lejos de su comunidad y de su familia, con violación al debido proceso, incomunicación, hambre, pasar de una cárcel militar a una de presos comunes, donde recibe amenazas de muerte por parte de los otros reclusos que le cobran una “vacuna” mensual.
Elsa Primitiva Prieto Perales, es la madre del joven indígena de la comunidad Jivi, y le dice a Infobae que su hijo, quien para ese momento tenía 23 años, ni siquiera vivía en Amazonas sino en El Burro, sector Laguna Negra, del estado Bolívar. “Fue detenido en ese fundo en Matagorda, para el que fue a trabajar por unos días, en febrero 2021, y que resultó ser de unos guerrilleros. ¿Cómo va a saber él si esa gente eran guerrilleros? Los militares se lo llevaron; primero estuvo preso en Puerto Ayacucho, después en la cárcel militar de Ramo Verde y ahora en El Rodeo III”.
La lucha de esta mujer ha sido titánica, entre la adversidad de lidiar con un sistema judicial que no cumple con las reglas al debido proceso y respeto a los derechos humanos, así como lidiar con la pobreza, que llega a ser miseria, que afecta a la mayoría de las comunidades indígenas del país.
Simón Antonio es el único hijo de Elsa Primitiva en su unión con Víctor Hugo Sosa Neiva, y quien llevaba el sustento para ella y sus nietos, gracias al trabajo que hacía a destajo por días en las fincas. “Imagínese lo que significa; cuando se lo llevan preso no había ni para comer, estaba sola cuidando a los niños porque Simón tiene dos que en ese momento uno estaba de tres años y el otro de cuatro meses de nacido. Yo me iba de un sitio a otro averiguando dónde lo tenían, así pasaron tres semanas y no me querían dar razón de él, hasta que me permitieron verlo”.
Lo insólito de su relato es que los guerrilleros no están detenidos, nunca fueron procesados ni investigados. De todos los detenidos ese día, el único que queda preso es el indígena Jivi, que ni siquiera es dueño del fundo, y según él declaró en el Tribunal, estaba labrando la tierra, cuando llegaron los militares de la Operación Jiwi 2021 perteneciente a la Operación Escudo Bolivariano.
Ella no sabe por qué a su hijo lo trasladaron desde la cárcel Militar de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, para la cárcel El Rodeo III, pero sí sabe de las amenazas de muerte contra su hijo que le han hecho en ese centro carcelario sino hace unos pagos mensuales que exigen los pranes.
Fuente: Infobae