El régimen de Nicolás Maduro ideó una nueva estrategia para que sus tenazas nuevamente entren al deprimido bolsillo de los venezolanos y así absorber lo poco que tienen. Desde ahora las transacciones en dólares en el país pagarán un impuesto de hasta 20 %, por orden de la Asamblea Nacional chavista.
La plenaria del régimen aprobó una reforma de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). La normativa establece una amplia gama de alícuotas para las transacciones en monedas distintas a la de curso legal. Los valores máximos de las tasas estarán determinados por el tipo de mediador en las operaciones: si es la banca nacional, la banca extranjera o si se efectúan sin intermediación bancaria.
Nadie quedará exento. Eso está claro. Entre 2 % y 20 % pagarán las «personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados a personas calificadas como ‘sujeto pasivo especial’ en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por el Estado, sin mediación de instituciones financieras».
Otros deberán estimar entre 2 % y 8 % de impuesto si encajan como «personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica con pagos realizados sin intermediación de corresponsal bancario extranjero de conformidad».
Mientras, entre 0 % y 2 % recaerá sobre las «personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como sujetos pasivos especiales, por los pagos que hagan con cargos a sus cuentas en bancos o instituciones financieras».
Este mismo rango aplica para «personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras».
Inoportuno e inexplicable
La decisión de Maduro es una bomba financiera injustificable. Es una medida restrictiva que apunta contra la ciudadanía, cuando se considera que sus arcas registraron un aumento de los ingresos petroleros —por el mayor volumen de importación y el aumento de los precios— de 6000 millones de dólares a 11000 millones de dólares entre 2020 y 2021, asegura el último jefe mesa de cambio del Banco Central de Venezuela, Hermes Pérez en entrevista con PanAm Post.
En ese contexto, el experto en macroeconomía afirma que “aplicar un impuesto como este a una economía después de siete años de contracción es inapropiado. Es un saboteo al despegue”. A su juicio, “se escogió el peor momento. No se consideró que entre enero y marzo es el momento de la economía donde hay menos liquidez porque hay una débil actividad”.
Las consecuencias inmediata será que “el consumo se reducirá aún más, porque también ya reporta una caída de 80 a 90% entre 2013 y 2021”.