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Alexander González – @alexgonzalez08 .-
Gráficas: Referencial
Los últimos meses el municipio Motatán del estado Trujillo ha sido catalogado como uno de los más peligrosos de la entidad. Con una extensión de 115 kilómetros cuadrados y una población de casi 20 mil habitantes (según el último censo del INE 2011), la conocida “Tierra de la Caña, Piña y Tambor” o como “La tierra del Cañaveral” ha sido testigo de la inclemente criminalidad que azota a sus residentes.
“Carlos –nombre ficticio para resguardar la seguridad del entrevistado – es el segundo hijo que debo enterrar por la delincuencia”, comenta uno de los habitantes entrevistados a quien para efectos de esta publicación llamaremos Jorge. Sentados en el porche de su casa, donde la puerta principal tiene marcas de disparos, le acompaña un grupo de familiares y vecinos que vinieron a dar el pésame. A Carlos, de apenas 20 años, lo mataron hace menos de 48 horas.
Entre los presentes está Juliana, una niña de 13 años que mientras tanto amamanta al bebé que tuvo hace dos semanas con el difunto. “Lo mataron por matarlo”, dice Jorge. “Son cuestiones de la delincuencia; el diablo se les mete en la cabeza a estos jóvenes y ya después de eso no le paran bolas a uno (no hacen caso)”, comenta entre lágrimas.
“La palabra”
Conversamos con un pastor evangélico que hace trabajo social en varias zonas de la entidad, incluyendo Motatán, a dicho religioso llamaremos Pedro. Dice que antes de los “allanamientos” (operativos de las OLP), él era una de las pocas personas que, sin vivir ahí o ser delincuente, podía entrar y salir en varios barrios de la localidad sin que lo miraran con sospecha.
En una vieja camioneta, Pedro entra a una zona que califica como “relativamente tranquila”. Saluda a medio mundo e incluso le “da la cola” (monta en su vehículo) a varios habitantes que se encuentra en la vía. Algunos de los que saluda, jóvenes que se montan en su carro, llevan un arma en los pantalones, explica el pastor.
“Estos delincuentes viven acá llenos de ira, encerrados porque si salen se deben enfrentar con otra banda o con la policía”, dice mientras conduce. “Muchos de ellos deben meterse en esto por presión social, porque si no matan, los matan”.
La guerra entre bandas delincuenciales es un cuento viejo en Motatán, explica. Pero de dos años para acá –continúa– “están más armados y son más crueles”. Pedro tiene contacto frecuente con los “malandros” y a muchos, dice, ha logrado sacarlos de la delincuencia “a través de la palabra”.
Cátedra evangélica, una salida
“¿Qué le puedes pedir tú a un adolescente que no tiene padre, que su madre es alcohólica y debe cuidar a otros seis niños, que no lo pueden llevar al colegio del barrio más cercano porque está la banda enemiga, que desde los 12 años tiene acceso a un arma?”, se pregunta el pastor.
Para explicar la violencia de otra manera, añade: “Acá los niños juegan a ser malandros. ‘¡Toma, pa’que seas serio!’, se gritan entre ellos”, se ríe el pastor, tapándose la cara y agrega que para un joven de la zona es prácticamente imposible no terminar en la delincuencia.
“No recuerdo cuánta gente he matado”
Pedro sirve como punto de enlace – sin posibilidad de grabar o tomar fotos – para hablar con un miembro de una banda que opera en Motatán, quien antes de iniciar la conversación, habla sobre una nota de prensa publicada en un medio regional sobre la presencia de paramilitares colombianos en territorio venezolano: “Esas son puras ganas de politizar”, dice. “Acá los únicos colombianos son tan venezolanos como yo”, ese fue el primer comentario que hace.
El delincuente, que llamaremos Eduardo, flaco, con ropa vieja y modesta, marcado por todo tipo de cicatrices en el cuerpo, dice que empezó a robar a los 13 años, hace 17 exactamente. “A los 20 comencé a matar y hoy solo me dedico a golpes grandes”, dice.
“Investigamos al tipo, hablamos con gente que lo conoce, y le pegamos un susto”, relata.
Al ser consultado sobre: ¿Cómo es el susto?, se ríe, Saca una pistola nueve milímetros y me la pone cerca de la cara, pero tiene la previsión de no apuntar directamente. “¿Te sientes asustado, así, cuando te la muestro? Bueno, eso es un susto”. Los presentes se ríen.
Eduardo dice no recordar el número de personas que ha matado. “A veces me pasa que me acuerdo de uno que tenía borrado y digo ‘ahhhh verdad’”. Cuenta que no tuvo padre. Que tiene varios hijos por los que debe trabajar. Que la plata no alcanza y por eso delinque. Pero ahí se detiene, y me mira de reojo, Eduardo prefiere omitir más detalles personales.
Sin madre, sin instituciones
“En una sociedad donde la figura de la madre es central, cuando falta el afecto materno se generan ideales como la individualidad o heroicidad que promueven la delincuencia”, dice Mirla Pérez, profesora de antropología de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo añade que la causa principal de la violencia es la falta de instituciones.
“En un país donde el 90% de los homicidios no tienen ningún tipo de consecuencia legal y donde las cárceles están controladas por delincuentes (conocidos como Pranes), se cocina el caldo de cultivo para que bandas como estas operen sin dificultad”, critica Pérez.
“Crecen en las plantas”
Eduardo – el delincuente entrevistado – al ser consultado si le asustan los operativos de la OLP, hace un gesto de sonrisa irónica: “Antes del operativo nos informan y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando llega la OLP arrestan y matan gente inocente pero los grandes siguen libres”. Y uno de sus “convive” (colegas) añade: “En Venezuela el que está en la cárcel es porque es idiota, es un estúpido”.
Cuando arrestaron a uno de ellos hace algunos meses, sobornaron – cuentan – al juez y al abogado público con carros y otros bienes.
Revelan que conseguir armas en Venezuela “es fácil”, aunque costoso: una pistola vale 200 mil bolívares, por ejemplo. Detallan que hay casos donde las diferentes bandas se venden armas entre ellas, incluso a veces por medio de un sistema de subastas en chats colectivos de celular. Entre el reguetón y los comentarios, se escucha una frase: “En Venezuela pareciera que las armas crecen de las plantas”.
Gobiernos paralelos
Algunos analistas dicen que estas zonas controladas por bandas delictivas funcionan como “gobiernos” paralelos, aunque informales, en un estilo de extensión de lo que se vive en las cárceles, donde la figura de autoridad es el delincuente. Ese podría ser el caso de Eduardo. “Nosotros ya no jodemos (robamos) a la gente de la zona; nos enfocamos en los ricos”, dice.
Los jóvenes hablan de sus fiestas, que –dicen– es la mejor forma de ver cómo funcionan “las cosas acá”. “Allí cada uno lleva sus armas para mostrarlas”, explica Eduardo, como quien guarda la joya más fina para el viernes en la noche. “La próxima vez vienes a una fiesta”, me dicen, ansiosos por la que tienen en la noche.
Las OLP y las llamadas “Zonas de Paz”
Hace unos meses, una basta cantidad de oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron en Motatán como parte de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una reciente campaña del gobierno de Nicolás Maduro para tomar zonas controladas por bandas armadas.
La consolidación de estas pandillas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el secuestro en ciertas localidades es la nueva faceta del crimen que mantiene a Venezuela como el segundo país con más homicidios del mundo detrás de Honduras. En 2013, el Gobierno se “sentó a dialogar” con cientos de bandas para impulsar un proceso de desarme y reinserción social de los delincuentes.
A cargo del entonces viceministro del Interior José Vicente Rangel Ávalos, las conversaciones les exigían a las pandillas dejar la delincuencia y desmovilizarse. A cambio, el Gobierno les proveería empleo e insumos para la producción.
Rangel –hijo del exvicepresidente José Vicente Rangel– dijo que se reunió con 280 bandas – sin especificar su ubicación – y declaró en la televisión pública algunas de estas zonas como “territorios de paz”.
Para algunos voceros que se oponen a esta política, las llamadas “negociaciones” les dieron a las bandas control de las zonas y les permitió ganar más poder del que ya tenían.
Los números de la OLP (Fuente: Informe Anual del MP 2015)
143 Procedimientos ejecutados en un año.
2.399 Detenidos.
245 Muertos durante las OLP de 2015.
157 Bandas de delincuentes desarticuladas.
17.000 viviendas allanadas durante 2015.
976 viviendas destruidas de forma ilegal durante 2015.
1.700 colombianos deportados durante 2015.
De los 193 países que integran el planeta, Venezuela ocupa el puesto numero 13 en las estadísticas de mayor criminalidad – según la ONU – siendo superada por naciones como Ruanda, Namibia, Honduras, El Salvador y Guatemala. A criterio de esta instancia internacional en la delincuencia confluyen factores sociales, económicos y políticos que deben considerarse a la hora de definir planes para enfrentar esta angustiante situación:
Entre los factores sociales, inciden: Carencia del medio familiar y escolar, mal uso del tiempo libre, agresividad en la programación de medios de comunicación, densidad poblacional, influencias de amigos, entre otros.
En el aspecto económico, se encuentran: Insuficiencia en el nivel de vida, desempleo, falta de educación y preparación familiar en la correcta canalización de las inquietudes juveniles.
En cuanto a los factores políticos, destacan: La crisis, la falta de sentido cívico y la corrupción moral, entre otros.
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