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No fue así durante la existencia de su antecesora Comisión de Derechos Humanos, donde la adopción de textos condenatorios a Cuba auspiciados por EEUU -a través de diversos países- para denunciar la falta de libertades y el encarcelamiento de disidentes políticos se había convertido en un ritual diplomático anual.
Desde principios de la década de 1990 se presentaron una decena de resoluciones de denuncia de “las continuas violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba”, urgiendo a La Habana a “respetar la democracia y los derechos básicos”.
El resultado de esos votos servían fundamentalmente para calibrar el respaldo o rechazo que el Gobierno de La Habana generaba en el resto de países, especialmente entre los latinoamericanos.
Pero desde la puesta en marcha del Consejo de Derechos Humanos, que supuso también la supresión de un mandato especial de la ONU sobre Cuba, la situación sobre las libertades en la isla caribeña no volvió a motivar una propuesta de resolución.
Ello a pesar de que a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos siguen acudiendo delegados de organizaciones no gubernamentales cubanas opositoras asentadas en Miami, donde se ha concentrado la diáspora anticastrista, que denuncian sin desmayo la situación en la isla.
Según fuentes diplomáticas consultadas por Efe, este cambio tuvo que ver con un giro del interés geoestratégico de Washington, que desde los atentados del 11-S, en 2001, se centró en Oriente Medio, prestando menos atención a lo que pasa en Latinoamérica.
Esto no quiere decir que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se haya desentendido del asunto.
Ya en 2007, la representante especial sobre Cuba, la francesa Christine Chanet, denunciaba en un extenso informe la represión política, con especial mención a las detenciones de opositores al régimen en la primavera de 2003.
Desde entonces, esa Oficina se ha pronunciado regularmente y de manera crítica por la falta de libertades cada vez que lo ha considerado necesario, incluso durante el periodo de acercamiento y normalización de relaciones de Cuba con Estados Unidos.
En ciertos círculos se daba por sentado que esos cambios disuadirían al Gobierno cubano de acciones contra los derechos humanos, en particular contra la libertad de expresión y de asociación, y que el encarcelamiento de opositores cesaría, lo que resultó equivocado.
En los últimos años, las autoridades han utilizado en gran número las detenciones breves para controlar la oposición, que suele manifestarse de manera pacífica.
En un hecho inédito, a mediados de este año cuatro disidentes cubanos -dos de los cuales habían salido de la isla con un permiso especial concedido “por única vez” por el gobierno- se reunieron en Ginebra con expertos de la ONU especializados en detenciones arbitrarias, tortura y libertad de expresión.
Cuba ha negado de forma permanente la visita a la isla de los expertos de la ONU en derechos humanos, en particular del hasta hace poco relator sobre la tortura, Juan Méndez, quien en vano esperó más de seis años que el gobierno fijara una fecha para que pudiera realizar su misión.
En materia de derecho internacional, Cuba no ha ratificado las Convenciones Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos, y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin embargo, la participación de Cuba en las esferas de derechos humanos siempre ha sido muy activa y es miembro del Consejo de Derechos Humanos, un privilegio que sólo tienen 47 Estados y que le permite tener una tribuna internacional para expresar sus posiciones.
Asimismo, Cuba participa en el Examen Periódico Universal (EPU) al que cada cuatro años deben someterse todos los países miembros de la ONU, y donde el Gobierno de La Habana ha recibido las recomendaciones habituales para que favorezca una apertura política y el respeto pleno de todos los derechos humanos, particularmente de carácter político.
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