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La pareja presidencial venezolana —el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores— está contra las cuerdas. Esta tarde se debe enfrentar a la Asamblea Nacional, cuyo primer punto del orden del día un debate sobre la reciente condena judicial a sus dos sobrinos Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas por delitos de narcotráfico, así como las posibles implicaciones del Gobierno en dicho proceso.
El 18 de noviembre, la Corte Federal Sur de Nueva York declaró culpables a los sobrinos del matrimonio por traficar con 800 kilos de cocaína; una mercancía que pesuntamente intentaron enviar a Estados Unidos. Se espera que la sentencia sea publicada el 7 de marzo de 2017. El caso, conocido por la opinión pública como de «Los Narcosobrinos», arrancó en noviembre de 2015, cuando las autoridades policiales de Haití, conjuntamente con la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), detuvieron a los ciudadanos. Hasta el momento, ningún organismo venezolano ha abierto una investigación al respecto.
La primera dama, que también es diputada, estará sentada hoy en el banquillo de los acusados —si es que acude a la sesión plenaria por el escándalo del narcotráfico—. Mientras el clamor popular pide que se investigue el caso hasta sus últimas consecuencias, ni Maduro ni su mujer han dado la cara: no se han pronunciado al respecto. El mandatario tiene pendiente un juicio político sobre su responsabilidad en la grave crisis humanitaria que padece el país.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús «Chúo» Torrealba, ha señalado que el caso de los sobrinos de la primera dama debería investigarse en Venezuela por la posibilidad de que existan vínculos con «diversos niveles del Estado». Ha señalado que se trata de un tema «delicado» y que tanto la Asamblea Nacional como la propia Justicia deben investigarlo. Asimismo, como ha indicado en el programa «La fuerza es la unión», existen aspectos que envuelven al caso que no están claros, subrayando que tanto Campos como Flores tienen «nexos consanguíneos y familiares con las más altas cúpulas del poder».
«Yo no estoy dando nada por sentado», ha advertido «Chúo», antes de continuar recordando que, en el curso de sus declaraciones, los condenados «hicieron varias afirmaciones que pudiesen implicar a estructuras y a funcionarios del Estado venezolano. Si es así esto tiene que ser investigado, eso tiene que ser establecido y eso tiene que ser castigado». El gobernador de Miranda, Henrique Capriles coincide con Torrealba en cuanto a la necesidad de investigar por qué los sobrinos tenían pasaporte diplomático y utilizaban la rampa presidencial del aeropuerto internacional de Caracas para transportar la droga a Honduras y otros destinos.
La investigación se extenderá a los funcionarios que hayan sido mencionados por los sobrinos y al uso de las empresas públicas en el entramado del narcotráfico. La DEA afirma que la mitad de las drogas producidas en Colombia pasa por Venezuela bajo un clima de tolerancia, complicidad y complacencia.
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