[ad_1]
Jesús Alexis González.- La sociedad, definida como un grupo de individuos que interactúan entre sí teniendo perspectivas de vida comunes como un reflejo de un nivel cultural con alto grado de semejanza, facilita la estructuración de grupos de poder con la finalidad de cumplir una determinada función dentro de dicha sociedad; con especial relevancia en cuanto a la aspiración de ser consultados para la toma de decisiones que afectan el desenvolvimiento social como un todo. En tal contexto, los partidos políticos son un claro ejemplo de un grupo de poder quienes adelantan acciones (o deberían) para impulsar comportamientos colectivos (incluidos muy especialmente los electorales) en pro de alcanzar metas socioeconómicas que eleven el bienestar general, apuntaladas por el aporte de soluciones viables y oportunas; siendo de obviedad manifiesta que cuando las instituciones partidistas actúan sin la eficiencia debida en razón a condicionar su desenvolvimiento a intereses soterrados de corte individualista, se genera un ambiente de ¡apoliticismo! que hace referencia a una actitud de indiferencia o desinterés de los ciudadanos frente a la política partidista y al conjunto de ideas que confluyen sobre ella, equivalente a una disidencia pasiva hacia toda manifestación de política al punto de propiciar la aparición de un individuo apolítico que rechaza y le aburre cualquier debate, discusión o pensamiento relacionado con ese ámbito vital en la vida republicana al extremo de desprenderse de aquellas actividades vinculadas con el acontecer político. Así expresado, se perfila un disenso político como un derecho a estar en desacuerdo con las bases o con las personas que ejercen el poder como una manifestación democrática hacia el respeto y la tolerancia del pensamiento colectivo, en un ambiente donde un consenso (acuerdo sobre un tema de especial interés) no implica que todas las partes del grupo queden conformes con la decisión tomada.
A la luz de los puntos “acordados” (12/11/16) entre el Gobierno y la MUD en el denominado Dialogo Nacional (¿?), puede inferirse la presencia de un exceso de interlocutores oposicionistas que contribuyeron a desmovilizar a los ciudadanos en su clamor de calle para impulsar la realización del referendo revocatorio presidencial (ni en 2016 o 2017), con una subyacente renuncia al más idóneo instrumento de resolución de conflictos que permitiría interrumpir constitucionalmente el nefasto mandato de N. Maduro; todo ello en una aparente “complacencia compartida” que intenta “controlar” nuestra conducta al impedir sea escuchada la voz del pueblo en su rechazo al deterioro de la calidad de vida, principalmente caracterizado por una inflación anualizada superior al 800% que entre enero a octubre 2016 registró un ¡¡526%!! (el promedio mundial está cercano al 2%), por una recesión económica, por una escasez de medicinas y alimentos, por una caída de la capacidad de compra de la familia (ha disminuido en más de la mitad), por un crecimiento de la pobreza, y por el ¡hambre! que afecta a cerca del 80% de la población. Vale destacar, que los puntos “acordados” luego de “un análisis muy serio sobre el tema de la agenda electoral” (que simplemente y sin tanta estéril “dialogadera” basta con hacer cumplir la CRBV) consistieron apenas, sin negar su importancia, en (1) Haber logrado el reconocimiento gubernamental a la AN (¿?); (2) La elección de un CNE equilibrado a instancia de ambas partes (¿?); (3) Se repitan las elecciones parlamentarias en Amazonas (¿un reconocimiento a un fraude electoral?); (4) El reconocimiento oficialista que los presos políticos son “personas detenidas” (¿por delitos comunes?) y que algunos de ellos serán liberados sin indicar nombres (y mucho menos de Leopoldo López que tiene 1.000 días preso) ni fecha (¿?); y (5) Permitir el ingreso al país de alimentos y medicinas (¿era necesario dialogar para abrir un “canal humanitario”?, ¿crueldad o chantaje?). Poco faltó para “anunciar” que las elecciones presidenciales se celebrarán en diciembre 2018 (¿un hecho trascendente?), como en efecto posteriormente expresó N. Maduro (13/11/16) descartando un anticipo de elecciones o la reactivación de un referendo revocatorio de su mandato, “Que nadie se obsesione con procesos electorales que no están en la Constitución”, afirmó categóricamente; al tiempo de extender por quinta vez y por 60 días más el decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción a nivel nacional; anuncio que fue precedido por lo señalado en el “comunicado oficial” del ente “Dialogo Nacional” en el campo económico-social en cuanto a que el Gobierno Nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para “combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana”, dando por valido que ello existe al punto de ser la principal causa de la crisis; ¡¡se apolitiza uno!!
El equipo “negociador” por parte de la MUD, está implícitamente negando con su actuación (suponemos no intencionalmente) el perfil proactivo del venezolano acostumbrado a no permitir que las situaciones difíciles nos superen y a tomar la iniciativa sobre nuestra vida, al punto de estar dispuestos a trabajar (actuar/participar) en todo aquello que puede ayudarnos a estar mejor equivalente a referenciar la libertad que tenemos de escoger nuestra actitud frente a las diferentes situaciones que confrontamos; con el agravante que la alianza opositora “sentada” en la Mesa está conformada por 18 partidos (COPEI no es convocado por su situación interna y otros se encuentran “vetados”) donde todos (con excepción del partido MUD) están ilegales (el CNE dio plazo hasta junio 2017 para regularizar la situación); siendo que 4 de ellos (G-4) inclinan las decisiones que afectan a todos los venezolanos a pesar de haber obtenido en la Elección Presidencial 2013 el 30,2% de los habitantes inscritos, donde el de “mayor” votación alcanzó el 11,7% en una cuantificación numérica que no deja duda alguna sobre la necesidad de la unidad para vencer. En caso contrario, se inducirá, más temprano que tarde, una explosión reactiva de la energía negativa reprimida (indignación) que puede gestar acontecimientos sociales conflictivos hasta provocar un arranque de ira desenfrenada a través de actos de violencia, agresiones, ataques, etc, que puede encontrar su máxima expresión en un conflicto social.
Finalmente, deseamos enfatizar con espíritu democrático que la presión del pueblo observada en actividades de calle debe retomarse de inmediato a sabiendas que la energía acumulada (cargada de indignación) no requiere de una sofisticada planificación de eventos por parte de un “ente coordinador”; quien en todo caso ha de asimilar la posibilidad que una lava humana integrada por una población descontenta puede despertar y pasarle por encima tanto al Gobierno (y el “chavismo”) como a la MUD, abriendo espacio al apoliticismo impulsado por la voluntad ciudadana hacia la aspiración que se incorporen a la vida política (para bien o mal) “novatos” provenientes del mundo económico relacionados con grandes corporaciones exitosas (de probidad manifiesta en la responsabilidad social empresarial), dando inicio en Venezuela a un experimento socio-político vinculado con la “Corporatocracia”.
[ad_2]
Fuente