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Por su vinculación a partidos políticos, una cuarteta de aspirantes a sustituir a la rectora Socorro Hernández son cuestionados por organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, ninguna ONG presentó impugnaciones ante el Comité de Postulaciones. Daniel Santolo, Félix Arroyo, José Gregorio Contreras y Juan Carlos Delpino Boscán fueron notificados este miércoles de las objeciones. La junta directiva de la Asamblea otorgó una prórroga para que el Poder Ciudadano presente sus postulaciones
Por Oriana Vielma | El Pitazo – Caracas
Lo que hace unos días era una carta bajo la manga de la Asamblea Nacional para destrancar el juego entre poderes, ahora pasó a ser uno de los puntos incluidos en el diálogo entre Gobierno y oposición: la renovación de dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Una controversial negociación sin garantías absolutas, donde acordaron que cada grupo político seleccionará un sustituto.
Entretanto, cuatro de los 17 candidatos que aspiran a sustituir a la rectora Socorro Hernández fueron impugnados ante el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, conformado por 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil. Este miércoles, 16 de noviembre, la instancia notificó formalmente de la impugnación a Daniel Santolo, Félix Arroyo, José Gregorio Contreras y Juan Carlos Delpino Boscán; de acuerdo con la información obtenida por El Pitazo.
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Las objeciones serán procesadas por el comité la próxima semana, dando a cada candidato seis días hábiles para defenderse y presentar pruebas que refuten los alegatos en su contra, esta fase se conoce como “descargos”.
“Solo hubo impugnaciones a título personal. Algunas organizaciones de la sociedad civil hicieron recomendaciones y sugerencias ante el comité (…) Nos llegó una comunicación directa de parte de Ciudadanía Activa que procesaremos en la sesión del lunes 21 de noviembre en la tarde”, explicó Nancy Hernández de Martín, miembro de órgano de evaluación y ex funcionaria del CNE.
Daniel Santolo comentó a El Pitazo que rebatieron su candidatura bajo un falso supuesto: que había sido legislador por La Causa R (LCR) hasta enero de 2016. Considera será fácil demostrar que esto no es cierto. “Yo fui diputado de LCR en el año 93 (…) Yo no aparezco en el registro de ningún partido político”, aseguró.
Críticas de la sociedad civil
El proceso que realiza la comisión ha sido públicamente cuestionado por importantes organizaciones de la sociedad civil asociadas al área electoral. Primero, se pronunció el Observatorio Electoral Venezolano (OEV)exhortando a la Asamblea a “no caer en violaciones ya hechas en el pasado”, refiriéndose a la selección de la rectora Hernández, cuyas conexiones con el chavismo eran evidentes previo a su selección.
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Enseguida, otras cinco ONG repitieron la petición en carta abierta, encabezadas por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-Ucab). A este llamado se plegaron Control Ciudadano, la Comisión para los Derechos Humanos del Zulia, el Observatorio Venezolano para los Derechos Humanos de las Mujeres y Queremos Elegir, que pidieron al comité no incluir en la lista de elegibles a “personas cuya vinculación con fines políticos es pública y notoria”.
Sin embargo, ninguna de estas organizaciones presentó impugnaciones en el periodo de cinco días estipulado para tal fin –entre el 10 y 15 de noviembre–, tampoco consignaron recomendaciones por escrito. Este es el justificativo que utiliza el comité para explicar por qué no atendió a los llamados públicos y retiró de la lista los nombres con demostrable relación partidista.
“Yo no creo que haya que presentar pruebas para demostrarlo. Todos sabes quiénes son los que tienen vinculaciones con partidos políticos, es público y notorio. No son uno, ni dos, son al menos cinco (…) No quisimos hacer un llamado con nombres concretos sino un llamado principista”, dijo a El Pitazo el politólogo y director del CEP-Ucab, Benigno Alarcón.
“El comité no toma en consideración estos comunicados”, señaló, por su parte, Carlos Luna, miembro del comité y director de la Escuela de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una de las universidades habilitadas para postular. “Todo lo escrito es lo que tiene validez. No tenemos capacidad de decisión a partir de suposiciones”, agregó.
Inicialmente, pasaron de 33 a 17 candidatos, todos filtrados por la naturaleza de las organizaciones que los propusieron como criterio que privó para el descarte. Solo cuatro universidades nacionales, que son las que cuentan con facultades de ciencias jurídicas y políticas, tienen competencia para postular.
Se estimaba que para mediados o finales de noviembre, el comité tuviese listo el informe con la lista de seleccionados para presentarla ante la plenaria del Poder Legislativo, pero en la sesión del martes 15 de noviembre los lapsos cambiaron. El presidente del comité, Juan Guaidó, solicitó a la junta directiva una prórroga para, en medio del clima de diálogo y negociación, esperar por la postulación del Poder Ciudadano, encargado de proponer hasta nueve candidatos para sustituir a la rectora Tania D’Amelio y sus suplentes, cuyo periodo culmina también el 3 de diciembre.
¿Qué puede ocurrir si el Poder Moral no postula?
Dos cosas podrían ocurrir en caso de que el Poder Ciudadano no presente sus candidatos. Primero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría declarar continuidad administrativa y mantener a ambas rectoras en su cargo; y segundo, que la Asamblea designe únicamente el reemplazo de Hernández. Fuentes adelantaron que el comité evalúa separar las dos postulaciones, por lo que luce probable el segundo escenario.
El temor de muchos es que los magistrados del TSJ asuman nuevamente la designación de las autoridades del Poder Electoral, como ya ocurrió en 2003 y 2014 por omisión parlamentaria, al no conseguir consenso para el nombramiento de rectores principales y suplentes. La última vez, con base en el trabajo adelantado por la Comisión de Postulaciones Electorales, la Sala Constitucional del máximo tribunal ratificó en sus cargos a Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, además de reemplazar a Vicente Díaz por Luis Emilio Rondón. La situación no cambió en demasía el panorama en el árbitro electoral, quedando cuatro a uno inclinado hacia el chavismo.
Hasta tanto no se resuelva el conflicto de Amazonas, el resultado de este proceso para designar a las rectores corre el riesgo de ser proclamado nulo; pues requiere obligatoriamente la mayoría legislativa de las dos terceras partes.
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