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Víctor Álvarez R.- Nadie invierte o produce para perder. La inversión productiva crece siempre y cuando tenga seguridad jurídica, se garanticen los derechos de propiedad y se puedan recuperar los costos y obtener una ganancia.
La mejor manera de derrotar la escasez y la inflación no es con controles, sino a través de la promoción de inversiones que compitan entre sí para ofrecer una abundante oferta de bienes y servicios de buena calidad y precios solidarios.
Los prolongados controles de cambio, la parafernalia de trámites y permisos, los abusos en las inspecciones, las multas, el cierre de empresas y el encarcelamiento de sus dueños y gerentes, espantan la inversión productiva y estimulan la fuga de capitales o la inversión especulativa.
Una política punitiva plagada de multas y sanciones atemoriza al inversionista y castiga la actividad productiva. A medida que las condiciones macroeconómicas e institucionales estimulen la inversión, aumentará la producción de bienes que hoy son escasos, hasta satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la sociedad. Esto implica:
Unificar el tipo de cambio
Mientras más rígidos son los controles de cambio más se ahorca a la producción, peor es la escasez y más grave la especulación. La asignación de divisas es cada vez más discrecional y el gobierno se resiste a unificar el régimen de cambios múltiple.
Si bien la tasa Simadi/Dicom mostró un alza significativa que habría servido para oxigenar las finanzas de Pdvsa y los ingresos fiscales, esto no se lograr ya que, según el BCV, el 90% de las divisas se asignan o a la “tasa protegida” (Dipro) de solo 10 Bs/$. Unificar la tasa de cambio a un nivel que exprese la verdadera productividad de la economía nacional permitirá la reactivación de la agricultura e industria para sustituir importaciones y diversificar las exportaciones no petroleras.
Levantar el control de precios
Las políticas de control de cambio y de precios generaron graves distorsiones en los precios relativos de los bienes que se venden en los mercados controlados e informales. La diferencia de precios estimula la especulación y el contrabando de extracción de los productos subsidiados.
La brecha entre los precios regulados y el mercado especulativo demuestra el fracaso del control de precios. La voracidad inflacionaria anula los aumentos de sueldos y mediatiza el impacto de los programas compensatorios como los CLAP, PAC y tarjetas de débito para depositar los subsidios directos, etc. Ninguna de estas medidas logra detener el empobrecimiento generalizado de la población.
Para aliviar la escasez causada por los rígidos y prolongados controles de precios, el gobierno ha permitido la importación a dólar libre, las cuales se venden a un precio mucho mayor que los regulados. Así, más que un desmontaje oficial del control de precios está en marcha una nueva dinámica que deja como letra muerta los precios fijados en gaceta oficial.
Promover inversiones y la sana competencia entre empresas
Desde que se aprobó la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), la inflación ha sido de 56% en 2013, 68% en 2014, 180% en 2015 y para 2016 se espera una inflación en torno al 500%.
Más eficaces son las leyes para promover la inversión productiva y estimular una sana competencia, que las leyes para controlar los precios o poner límites a las ganancias. De allí la importancia de crear un ambiente propicio a la inversión productiva de tal forma que un número creciente de empresas compita en calidad, precios y otros atributos para ganarse la preferencia del consumidor.
Es así como un aparato productivo en expansión generará nuevos y mejores empleos productivos que surtan a la sociedad de los bienes que necesita para satisfacer sus necesidades esenciales, lo cual se traducirá en una creciente calidad de vida y bienestar.
Erradicar financiamiento del déficit fiscal con dinero sin respaldo
Con precios del petróleo en 88 $/b en 2014, 98 $/b en 2013 y 102 $/b en 2012, el gobierno no fue capaz de ahorrar lo necesario para encarar los tiempos de bajos precios del petróleo. Con el colapso de los precios del petróleo, la renta petrolera se desplomó y ha castigado severamente la capacidad financiera del gobierno.
Aún está pendiente una actuación coherente y ordenada para racionalizar el presupuesto público, sustituir los ineficientes subsidios indirectos por subsidios directos a los hogares pobres, sincerar las tarifas de los servicios públicos y corregir el déficit fiscal.
Igualmente se requiere una reforma fiscal que permita combatir la evasión, eliminar exoneraciones y exenciones indebidas y aumentar los ingresos fiscales para erradicar el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero por el BCV.
Transparencia
La prolongación indefinida de los controles de cambio y de precios genera incentivos perversos a la especulación y la corrupción. Al amparo de los múltiples controles han proliferado poderosos intereses que impiden levantar esos perversos mecanismos de intrusión burocrática. Dentro de los nuevos ricos de la sociedad venezolana se multiplican los exponentes de la boliburguesía que no ha tenido escrúpulos a la hora de medrar y enriquecerse, sacando provecho a las desviaciones y errores de la política económica.
Resultados y perspectivas
En el primer semestre de 2016, el gobierno recortó el gasto público y priorizó el pago de la deuda externa. En comparación con 2015, el gasto cayó más de 40% en términos reales y las importaciones de bienes y servicios se contrajeron en casi 50 %. Incluso, en el primer semestre de 2016, la liquidez monetaria también cayó en términos reales y alivió las presiones sobre el mercado cambiario, cuestión que explica la desaceleración temporal del dólar paralelo y el cierre de la brecha con la tasa Simadi/Dicom.
Pero las señales de mejoría han sido insuficientes y momentáneas. Si bien en la primera mitad del año se ejecutó un importante recorte del gasto público, esta tendencia se revierte en el último trimestre del año para debilitar las presiones a favor del referendo revocatorio. Se ha reactivado la impresión de dinero si respaldo para financiar el incremento del gasto público y esto atiza las presiones inflacionarias y dispara nuevamente la cotización del dólar paralelo.
El gobierno no puso en marcha un programa de ajuste, con las medidas correctas, aplicadas en el orden y a la velocidad adecuada, sino que improvisó medidas aisladas e ineficientes, con peores resultados que un ajuste neoliberal contractivo, pues no se corrigieron las causas estructurales de los desequilibrios. A pesar de la imposibilidad de tener acceso al mercado financiero internacional debido al elevado riesgo-país, el gobierno no termina de gestionar el financiamiento externo que se necesita debido al prejuicio que tiene de acudir a los organismos multilaterales.
La severa reducción de las importaciones de materias primas e insumos intermedios contrajo la actividad económica y agravó la escasez que sufren los hogares, los cuales quedan a merced de los revendedores y especuladores. Todo indica que Venezuela va a cerrar 2016 con una caída de las importaciones cercana al 50%, un aparato productivo operando a menos de 40% de capacidad, una contracción del PIB superior al 10% y una inflación en torno al 500%. Y así, el empobrecimiento se extiende y generaliza cada vez más.
Antes del descenso de los precios del petróleo en 2014, los avances en la reducción de la pobreza se habían estancado. Aunque no se dispone de datos para el 2016, el INE informó que para el primer semestre de 2014 la cifra de hogares en situación de pobreza por ingreso alcanzó 29,5%, en el segundo semestre subió a 32,6% y en el primer semestre de 2015 ascendió 33,1%. Los datos más recientes derivan de los estudios realizados por varias universidades del país que dan cuenta de la evolución de la pobreza. Según ENCOVI 2014 y 2015, la pobreza de ingresos habría llegado hasta un 55% en 2014 y 76% en 2015. Este retroceso impone medidas urgentes para detener el empobrecimiento generalizado de la población.
Muchas de las medidas que el gobierno pudiera tomar para superar los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación las descarta por atribuirles un impacto antipopular que puede generar un alto costo político. Entre las creencias limitantes que impiden al gobierno romper la inercia para aplicar un ajuste expansivo con bienestar social podemos subrayar los siguientes:
- Atribuir a las medidas de ajuste económico un impacto antipopular
- Temor a pagar un alto costo político y electoral
- Confundir mercado con capitalismo
- Creer que estatizar es socializar
- Pensar que al distribuir la renta está erradicando la pobreza
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