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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para conocer la acción ejercida por el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, donde solicita al máximo tribunal previsiones para evitar actuaciones futuras de la Asamblea Nacional que sean consideradas como fuera de la Constitución.
La decisión fue tomada luego de que la Asamblea aprobara el llamado Acuerdo para iniciar el Procedimiento de Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República ante la Grave Ruptura del Orden Constitucional y Democrático y la Devastación de las Bases Económicas y Sociales de la Nación el pasado 25 de octubre de 2016.
Según Muñoz el acuerdo es inconstitucional ya que establece el juicio político del presidente, una figura que no está contemplada en la Constitución venezolana. Sin embargo, la oposición argumenta que la atribución de responsabilidad política es una de las funciones de la Asamblea Nacional, tal y como lo contempla el artículo 222 de la Constitución.
Por su parte la sala constitucional “ordenó a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional (AN) abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente “juicio político” en contra del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, así como evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución”.
Por último la Sala reiteró la sentencia 808 del 02 de septiembre de 2016, en la que se declararon manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional.
Fuente: Nota de prensa
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