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Que la violencia se produce en las urbes; que a menor PIB, mayor será la violencia; que los policías suelen ser asesinados solo por ser funcionarios de cuerpos de seguridad; que los venezolanos sienten empatía por el otro… Estos son algunos de los mitos que se “desenmarañaron” en la III Conferencia de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
El evento en el que participaron sociólogos, criminólogos, psicólogos y abogados se llamó precisamente “Desenmarañando la violencia” y buscaba mostrar diversas aristas de la violencia en Venezuela.
La ponencia inicial estuvo a cargo del psicólogo social Andrés Antillano, quien explicó cómo la violencia en el país mantiene la lógica de la rentabilidad. “Aunque hay crecimiento del PIB, sigue la violencia; esto es porque en Venezuela la violencia se ejerce para conseguir una renta; por ejemplo, en la cárcel hay que ejercer más violencia para extraer más renta. Es igual a un empresario que ejerce métodos poco ortodoxos para mejorar su empresa”, señaló.
Mostró cifras de la evolución de la extracción petrolera, las cuales comparó con el crecimiento de la tasa de homicidios del país. Ambas se dibujan muy cercanas.
El especialista reveló que a través de un trabajo de campo realizado en un barrio del suroeste de la capital, esta conducta de la sociedad venezolana podría ser explicada con el sentimiento de exclusión que tienen los jóvenes, a pesar del incremento de la presencia del Estado con ofertas de trabajo, misiones sociales y mejoras en la infraestructura.
“La violencia se convierte en una forma de distribuir capitales sociales escasos”, sentenció y mencionó que ante la ausencia del Estado como una forma disuasiva de la delincuencia y más bien juega un rol delictivo desde la extorsión y abuso policial; entonces, se forma lo que él denominó soberanía delictiva.
Antillano habló de la militarización de la seguridad, fenómeno que fue retomado por la socióloga Verónica Zubillaga en sus 20 minutos de exposición. Recordó que este tipo de políticas públicas represivas incrementa la conflictividad, además de aumentar los crímenes violentos y proliferación de armas. En este ambiente se desarrollan las mujeres, madres, hijas o hermanas de 90,5% de los hombres que son parte de la tasa de homicidios de Venezuela.
Con un trabajo de campo en un barrio caraqueño, la también profesora de la Universidad Simón Bolívar logró determinar que las mujeres tienen estrategias políticas de sobrevivencia, como por ejemplo, la búsqueda de refugio en tiroteos; el desplazamiento de sus hijos para que no sean víctimas de la violencia y la resignación.
Estas son estrategias de repliegue, pero Zubillaga también señaló que existen medidas reaccionarias, de resistencia. Una de ellas es el poder de la mujer de denunciar ante la autoridad local, ya sea un funcionario de seguridad o un delincuente líder. Otra de las conductas de las mujeres es la colaboración con sus familiares hamponiles, con la compra de municiones y comida; así como el privilegio que les da ser la madre de un “pran“.
Por último mencionó que también pueden generar treguas entre bandos en escenarios donde instituciones educativas y sociales tienen presencia.
Manuel Llorens, psicólogo y profesor de Parque Social Ucab, dijo que ante la creciente violencia del país es necesario evaluar el trauma que ésta produce en la sociedad. Desde su estudio, mientras más está expuesta una persona a la violencia más puede ésta influenciar a la próxima generación con conductas violentas.
“Cuando hay un trauma sostenido, genera deshumanización, no se ve al otro como un humano y por lo tanto no hay empatía. La ruptura de la convivencia, la normalización de la violencia y la militarización de la cotidianidad son otras consecuencias del trauma sostenido”, señaló.
El sociólogo José Luis Fernández mostró un estudio sobre la tasa de muertes por armas de fuego que evidencia la expansión del fenómeno. Éste no se presenta solo en las principales ciudades de los estados, sino también en el otros centros menos poblados y cada vez, la incidencia es mayor.
Reafirma el carácter multifactorial de la violencia, por lo que puede estar asociada a las actividades económicas como turismo, extracción petrolera y minería; más allá del clásico “la pobreza genera violencia”.
Sobre este punto, detalló que en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) son los municipios Petare y Libertador los que tienen tasas más altas, por lo que se desmonta la hipótesis de que los jóvenes del barrio bajan a municipios “pudientes” a matar.
Keymer Ávila, criminólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), también desmintió varios mitos relacionados con homicidios de funcionarios de seguridad. Uno de ellos es que estos son buscados por solo ser policías.
“58,5% de los funcionarios asesinados que no se encontraban en ejercicio de sus funciones, estaban armados. No les sirvió de mucho; por el contrario, posiblemente esa situación haya promovido su muerte”, señaló.
También aseveró que según su investigación realizada en 2013, año en el que hubo 56 homicidios de policías en el AMC, solo 5,7% de los casos los victimarios tenían armas largas; mientras que 4,9% de las víctimas las portaban. “En estos escasos episodios, se trataban de víctimas y victimarios militares“, apuntó.
El criminólogo e investigador de Centros de Estudios Jurídicos Ucab, Luis Gabaldón, mostró los resultados de su tercera encuesta de Victimización que alcanzó a 23.761 hogares y recogió 9.440 ocurrencias de víctimización.
Uno de los resultados que resaltó el especialista fue que 81% de los encuestados aseguraron que no hubo una discusión previa al homicidio; por lo que pareciera que esa idea de que la violencia es causada por disputas, no es cierta.
Dijo que hay una alta incidencia de ensañamiento, pues 24% de los encuestados dijeron que sus parientes asesinados tuvieron más de tres heridas con desfiguración; mientras que 43% aseveró que dos o tres heridas o fracturas.
El sociólogo Roberto Briceño León cerró la conferencia con un llamado a la búsqueda de una manera de mecanismos democráticos para resolver la conflictividad social y violencia, pues no se trata de excluir a los desviados (término que se usa para aquellos que no cumplen las leyes) ni tampoco de ser permisivos.
“La respuesta pasa por la democracia como la aceptación voluntaria del orden, una aceptación adulta y libre, no impuesta. También amerita la internalización del orden social como contención personal y autorregulación“, explicó.
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