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Maibort Petit
Hoy testificaron ante el jurado un oficial de la policía de Haití, que arrestó a los dos imputados y el agente especial de la DEA, Sandalio González.
Hoy se celebró la primera audiencia del juicio de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas acusados de traficar para 800 kilos de cocaína desde Caracas, vía Honduras, a los Estados Unidos. Ambos fueron arrestados el 10 de noviembre de 2015 en Haití.
En la apertura de la sesión, la fiscalía hizo la presentación de los cargos contra los dos acusados frente al jurado, destacando las conexiones políticas que tenían ambos, antes de ser arrestados. Aseguró la fiscalía que los acusados presumían tener el control completo del aeropuerto venezolano y de no requerir ayuda de los militares para hacer los envíos.
El fiscal Preet Bharara estuvo presente en la sala para dar las instrucciones del caso a los fiscales asistentes. El fiscal adjunto, Emil Bove prometió al jurado que escucharían a los acusados hablando claramente de enviar cocaína a Honduras y que ambos sabían que la droga estaba destinada a los Estados Unidos.
Bove mostró al jurado la foto de Campo Flores manipulando un ladrillo de cocaína, al igual que reveló que la droga objeto de la conspiración provenía de la Farc, según lo confesó el mismo Campo Flores.
En la declaración de apertura, Bove dijo que los acusados sabían lo que estaban haciendo, se sentían poderosos y apoyados por el gobierno de Venezuela. Comentó que los acusados confesaron que una parte del dinero de la negociación de droga sería para pagar la campaña de la primera dama, Cilia Flores a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
Por su parte, la defensa aseguró que la operación falló y que estaba llena de errores de toda naturaleza. En este caso no hay droga, “cero cocaína” dijo uno de los abogados.
La defensa de Campo y Flores acusaron a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de apuntar a sus clientes debido a su estrecha relación familiar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores, a la vez que advirtió que no es ningún secreto que el gobierno venezolano no es aliado con el de los Estados Unidos”
El abogado John Zach descalificó la investigación, a los informantes y a los agentes de la DEA que participaron en la operación, y advirtió que el hecho de que el gobierno nunca obtuvo cocaína era razón suficiente para que el jurado tuviera ” una duda razonable”.
La defensa insistió en que los dos hombres eran inexpertos, y estúpidos para tomar decisiones estúpidas, y que los tres informantes confidenciales se encargaron de explotar la inexperiencia de los sobrinos de Nicolás Maduro para lograr su cometido.
La defensa dijo que los informantes apuntaron a sus clientes porque vieron una gran recompensa y explotaron su ingenuidad, y su absoluto desconocimiento del mundo del narcotráfico.
Según los abogados de los dos acusados, el caso por el cual son procesados, es el resultado de una conspiración elaborada por el gobierno de los EEUU con objetivos de política internacional, que incluyó un plan de entrampamiento, en el cual informantes y testigos confidenciales cumplieron órdenes de la DEA para incitarlos a cometer un delito por el que pudiesen ser juzgados en los EEUU.
En ese sentido, los seis defensores de los dos venezolanos acusados de narcotráfico: Randall W. Jackson, John T. Zach, Joanna C. Wright, David M. Rody, Michael D. Mann y Elizabeth A. Espinosa han establecido los siguientes elementos para probar ante los miembros del jurado la no culpabilidad de sus clientes.
1) Campo Flores y Flores de Freitas fueron víctimas de una trampa por parte de agentes del Gobierno estadounidense. Los acusados no pueden ser condenados por los delitos imputados en la acusación porque fue el mismo Gobierno quien les dio a los imputados la idea de cometer el crimen, y fue también quien les convenció para cometer la conspiración en la forma necesaria para que dicho evento calificara como un delito federal, inclusive antes de que los agentes del Estado se comunicaran por primera vez con los demandados.
2) Los sujetos vinculados al gobierno norteamericano (Informantes confidenciales, testigos confidenciales y agentes de la DEA) trabajaron de manera coordinada para incitar a los acusados a cometer el delito, y a dejar las huellas necesarias para que fueran juzgados en los términos que ellos mismos plantearon al inicio del complot.
Para que los acusados puedan demostrar que fueron inducidos a cometer el delito, deben demostrar que existe alguna evidencia de que el Gobierno puso en marcha el crimen. En ese caso, el jurado debe decidir si la fiscalía estaría en capacidad de probar- más allá de toda duda razonable- que antes de que los agentes del gobierno se acercaran por primera vez a los acusados, Campo Flores y Flores de Freitas estaban predispuestos, listos y dispuestos a cometer la conspiración en la forma necesaria para que se constituyera un crimen bajo la ley federal.
Por su parte, el Gobierno tiene que probar que los acusados tenían una predisposición a cometer el delito de importar narcóticos a los Estados Unidos.
Otro aspecto que han alegado los abogados de los sobrinos del Nicolás Maduro es que el gobierno de los Estados Unidos no puede demostrar -más allá de toda duda razonable- que los acusados entraron en la conspiración que supuestamente se discutió en octubre de 2015, y que implicaba transportar un cargamento de 800 kilos de cocaína de Venezuela a Honduras, con la intención de que una parte de esa cocaína fuera importada a los Estados Unidos.
Los abogados intentan demostrar que “el gobierno inyectó unilateralmente el elemento de que el supuesto envío de droga iba a los Estados Unidos”. Es decir, que los acusados no tenían conocimiento de ese asunto, ni manifestaron su intención a los informantes de querer participar en la acción específica, voluntaria, afirmativa de dirigir las actividades de una conspiración hacia los Estados Unidos.
Para probar este aspecto en particular, los defensores planean instar al jurado a realizar un juicio sobre el testimonio de los testigos, aliados al gobierno, que participaron en la operación con la intención que los mismos sean descalificados, a saber:
3) CW-1 actuó como testigo cooperante en la operación y fue el primer contacto con los acusados. Su testimonio no se puede escuchar en vivo porque éste sujeto fue asesinado Honduras el 4 de diciembre de 2015. Su identidad fue confirmada por la DEA, este hombre se llamaba Carlos Amilcar Leva Cabrera.
La defensa sostuvo que los informes presentados por CW-1 no pueden ser sometidos como evidencias porque carecen de valor probatorio. De hecho, los acusados habían pedido al juez de la causa, Paul Crotty bloquear cualquier testimonio relativo a una reunión 1ue sostuvieron los acusados con ese testigo cooperante en Honduras el 4 de October de 2015. El juez lo negó.
Igualmente, ambos acusados intentaron que la corte no aceptara como evidencia la fotografía tomada a las afueras del restaurant en Honduras donde se hizo el primer encuentro. En relación a esa imagen, que fue la única que CW-1 envió al agente especial de la DEA, Sandalio González, luego de tres solicitudes, los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas dice que fue alterada. El juez negó la petición y la foto fue mostrada en la audiencia.
La fotografía en discusión es una de las pruebas que reseñó el informante (CW-1) del encuentro en San Pedro Sula, Honduras. El encuentro no fue grabado ya que -según el reporte del testigo confidencial- no se sentía seguro de llevar los aparatos a ese primer encuentro con los acusados. La foto fue tomada a las afueras del restaurante rústico por una mujer que acompañó a CW-1 cuyo nombre no se conoce.
En la búsqueda del objetivo de desacreditar a los informantes de la DEA, los abogados de Campos Flores hicieron algunos señalamientos sobre este tema, entre los que destacan:
1- Si el jurado escucha el testimonio de uno de los testigos propuestos por el gobierno, que fue condenado previamente de un crimen, castigado con más de un año en la cárcel. Esta condena anterior pone en evidencia que se debe considerar una la evaluación sobre la credibilidad de dicho testigo. Se debe tener en cuenta el hecho de que los testigos que declararon son delincuentes convictos para decidir qué parte de su testimonio se debe aceptar y qué peso se le debe dar.
2- Si un testigo ha declarado falsamente con respecto a cualquier hecho material, o si encuentra que un testigo previamente ha testificado falsamente bajo juramento, el jurado podría rechazar el testimonio del testigo en su totalidad, o puede aceptar solamente las partes del mismo que crea que son veraces y que puedan ser corroboradas por otras pruebas independientes.
3.-Si se ha oído el testimonio de testigos, que previamente se han declarado culpables del delito de hacer declaraciones falsas a las autoridades, se debe advertir al jurado que el testimonio de estos testigos debe ser visto con cautela y se pesar con gran cuidado. El jurado puede decidir qué parte de este testimonio desea creer. Si se cree que un testigo que ha dado falso testimonio en relación con cualquier asunto importante, entonces se puede desconfiar del testimonio del testigo respecto a otras cuestiones. El jurado puede rechazar todos los testimonios o puede aceptar partes del testimonio que se crean puedan ser verdaderas y darle tanto peso como piensa que merece, dice el documento.
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