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Transcurrían los años 1932 y 1933, la política impetrada por el régimen del criminal jerarca soviético Stalin, generó uno de los genocidios silenciados por cuestión de “realpolitik” más impactantes del siglo XX, lógicamente sin comparar con la Shoá, el Holodomor (gran hambruna) en Ucrania.
Y esto sucedió por varios motivos. Ideología acérrima impregnada por un nivel de corrupción tremendo, desmantelamiento de la libertad de prensa, persecución de opositores, aún dentro de la misma línea política, la justicia cooptada por el aparato gubernamental, desabastecimiento general de alimentos y medicina por decisión política, sumado a la inoperancia y corrupción generalizada de los funcionarios públicos del partido, y por sobre todos estos motivos, por un odio visceral hacia otras clases políticas, sociales o minorías étnicas, religiosas o nacionales.
Y entre los nacionales ubica, Bernard Bruneteau en su obra “El siglo de los genocidios” – 2006, el genocidio del grupo nacional ucraniano cuando explica que la orden emanada de las autoridades centrales (Stalin) para la colectivización de la tierra que fue arrebatada a los granjeros que poseían sus parcelas (kulaks), más el saqueo de los granos en los silos, ocasionaron la gran hambruna que produjo millones de muertos, impidiendo las autoridades soviéticas toda clase de ayuda extranjera. Por este motivo manifiesta que la política de “deskulakización” no fue dirigida contra la “clase social” de granjeros, lo cual no estaría tipificada como genocidio, sino que fue llevada contra el grupo nacional ucraniano lo cual sí lo convierte automáticamente en genocidio. En la actualidad esta postura jurídica e historiográfica es la más aceptada.
Según Laurence Woisard, que ha hecho una minuciosa interpretación jurídica de los hechos, esta hambruna planificada por el poder central del estalinismo, no puede ser otra cosa que el reconocimiento de un crimen, pasando el régimen de la violencia totalitaria a la violencia genocida.
Esta política criminal trajo aparejada la eliminación entre los años mencionados de víctimas cuyas cifras van de cuatro millones según historiadores rusos como A.L. Perkovskii y S.I. Pirojkov a los siete millones y medio del historiador norteamericano J.E. Mace, o sea, en torno a un cuarto de la población rural ucraniana. En esta hambruna fueron víctimas todos los grupos religiosos existentes en territorio ucraniano, entre ellos ortodoxos, judíos y católicos.
Los embajadores, cónsules y medios de prensa internacionales, advirtieron sobre esta situación, y como parece ser costumbre en los organismos internacionales no se produjo ninguna reacción utilizándose el slogan “es problema interno de los soviéticos. Frases similares se oyen en relación a la crisis humanitaria generada por ISIS con millones de refugiados o en relación a la crisis humanitaria y política en Venezuela.
Ahora bien, las comparaciones sirven jurídicamente para poder prevenir, y la misma anomia internacional queda demostrada periódicamente en Venezuela cuyo gobierno de Maduro viola sistemáticamente los Derechos Humanos Universales y los Tratados Internacionales. Varias voces se alzaron en contra de esta dictadura con máscara de democracia, destacándose la del Secretario General de OEA, Luis Almagro, cuya dignidad honra su decisión política.
La hambruna que está provocando el régimen dictatorial de Maduro contra el grupo nacional venezolano puede generar una escalada de violencia y muertes sin precedentes en América Latina. Es hora que los Organismos Internacionales dejen de lado el doble estatus y la ambigüedad (¿complicidad criminal?) que los caracteriza, e intervengan inmediatamente para ayudar a las verdaderas víctimas de esta aún evitable tragedia para que se vuelva un mensaje de prevención para la humanidad.
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