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«Es deber de todo ciudadano vigilar la legítima inserción de las rentas públicas, en beneficio de la sociedad», Simón Bolívar, 15/02/1.819
La prédica anti-corrupción debe ser una constante, así como permanentes tienen que ser los esfuerzos que se hagan en favor de la instrumentación de rigurosos mecanismos de control interno, tal y como se impone que sean establecidos en cualquier institución que maneja fondos y bienes públicos, complementados, a su vez, con supervisiones y el monitoreo permanente bajo la responsabilidad de lo que pudiéramos llamar Juntas de Veedores, integradas por funcionarios de las propias instituciones y de ciudadanos de las comunidades vecinas, quienes serían reemplazados de forma periódica para garantizar su transparencia y efectividad.
En la praxis de la corrupción no sólo está el funcionario habilidoso presto a delinquir que siempre tratará de encontrar resquicios para burlar cualquier control que exista, sino aquél otro que se deja sobornar por él pasivamente y que hará lo propio, o aquellos que, por temor a perder sus cargos, hacen todo lo que se les indique, como tontos útiles, en la dirección de que quienes están dispuestos a sacar provecho «sotto boche» del acto administrativo acordado para la contratación de una obra pública o la adquisición de bienes o servicios, logren sus objetivos. Eso lo tenemos muy claro, y es así como se instrumentan los actos ilícitos; por esa razón, consideramos como una buena estrategia que en la lucha contra la corrupción se haga posible la participación del colectivo a través de esas Juntas que proponemos, con lo cual estaríamos haciendo una realidad el mandato constitucional de la participación y el protagonismo del pueblo en asuntos de tan alta relevancia.
De manera que, si bien es cierto que el discurso anti-corrupción persistente coadyuva en favor de un propósito orientado a ir creando en el pueblo una auténtica conciencia acerca del daño moral que le hace al país ese terrible flagelo, ello no es suficiente. Es imprescindible entender que se hace necesario incorporar en una estrategia de lucha frontal contra los corruptos, sean quienes sean sus apellidos, así como el de sus «padrinazgos» si los tienen y estén donde estén, no solamente el control preventivo al gasto y al pago, el cual fue eliminado de cuajo de nuestra legislación contralora en el último gobierno de Rafael Caldera (1996) y, por supuesto, sobre la marcha montar un poderoso y eficiente equipo revisor que ejerza el control posterior sin previos anuncios, de manera que la sorpresa sea la característica de una estrategia que en la praxis garantiza óptimos resultados, pues se hace más que obvio que aquel funcionario que haya incurrido en un acto irregular para su propio beneficio, le será imposible taparearlo o encubrirlo si a sus reparticiones burocráticas se le aparecen, sin aviso y sin protesto, equipos de auditoría de la Contraloría General para el ejercicio del control posterior.
A la par de adoptar ese tipo de estrategias elementales en el campo de la contraloría, es preciso estimular y propiciar hasta el cansancio la denuncia de hechos ilícitos, a través de apropiados mecanismos que ofrezcan garantías de protección al denunciante, de manera que éste no sea víctima de algún tipo de venganza, a cuyo efecto se impone la apertura de estafetas por todos los rincones del país habilitadas para ese propósito. Que la legislación sancionatoria contemple los juicios rápidos para los delitos contra la cosa pública, con la menor cantidad posible de audiencias, por supuesto, sin que se vayan a afectar los derechos a la defensa, porque de lo contrario habremos perdido el tiempo y, finalmente, que la Inspectoría de Tribunales revise con regularidad y la mayor rigurosidad y eficiencia las actuaciones de los jueces. Lo propio se impone que lo haga la Fiscalía General de la República con sus equipos de fiscales…
Ejercimos funciones fiscales como brazos ejecutores de la actividad cotidiana en el ejercicio del control público, así como responsabilidades de gerencia por muchos años hacia el mismo objetivo en la Contraloría General de la República durante casi toda la era del «puntofijismo» (1.961/85) y por ello conocimos al monstruo de la corrupción por dentro, así como su inmenso poder y complicidad para destruir a quienes se le atravesaban.
Fuimos una de sus víctimas cuando impedimos que se perfeccionara una estafa cuantiosa con la adquisición de los terrenos del Criogénico de Oriente en 1.985 para PDVSA, durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Fuimos sometidos a una terrible y descarada presión, sin que faltaran las estratagemas tramposas, a lo interno del órgano contralor para que diéramos nuestro asentimiento (1) y es por ello por lo que nos sentimos obligados a no callar ante este tipo de cosas, además de que estamos convencidos de que en un proceso de cambios y transformaciones para el desarrollo de…
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