Un nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado este jueves ha señalado que el régimen venezolano de Nicolás Maduro sigue aplicando abusos y torturas sistemáticas, especialmente a los opositores políticos.
La ex presidenta de Chile en dos ocasiones y la actual Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, han firmado el documento en el que se señala que «la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siguió recibiendo informes creíbles de torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.»
El informe también menciona «golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación» y el desconocimiento de «cualquier acción fue tomada por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021,″ para revertir esa situación.
La oficina de Bachelet también ha mencionado nuevos casos de personas sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales fueron incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensores o sus familias. «Estas prácticas exponen a los detenidos a un mayor riesgo de sufrir malos tratos», afirma el organismo.
También se ha denunciado la violencia sexual contra las mujeres en prisión preventiva, además de que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas suelen estar vigiladas por hombres.
«El 13 de marzo, un funcionario de la Policía del Estado de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ésta se negara supuestamente a participar en actos sexuales», señala el documento de la ONU. El organismo de Bachelet ha pedido que se procese al agente supuestamente implicado en el incidente y que se investiguen otras denuncias de violencia sexual y que se procese a los responsables.
El informe también advierte que se desconoce el paradero de varias personas, entre ellas el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, detenido desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salas, bajo arresto desde abril de 2019.
Bachelet también denunció la violación sistemática de los derechos a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio justo y a la asistencia letrada, citando al menos 12 casos en los que se detuvo a personas sin orden de captura y no en circunstancias de flagrancia, así como el recurso rutinario a las detenciones preventivas, especialmente en un contexto de pandemia de covida-19.
«Las dinámicas y prácticas observadas (…) en los informes anteriores siguen siendo preocupantes», dijo Bachelet. «Después de haber denunciado ante los tribunales casos de tortura o malos tratos, los detenidos fueron devueltos a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados. En algunos casos, los presuntos responsables han sido llamados a declarar en contra de las víctimas en los procesos penales que se siguen contra ellos».
Los jueces o los fiscales no han tomado sistemáticamente medidas para proteger a las presuntas víctimas ni han abordado los problemas relacionados con el debido proceso, detalla el documento de la ONU.
El informe también destaca la precaria situación en los centros de detención, donde los reclusos están mal alimentados y tienen restricciones para recibir visitas de sus familiares, así como la recurrencia de muertes durante la detención, especialmente por la alta incidencia de tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades.
En cuanto a las próximas elecciones regionales que se celebrarán en Venezuela en noviembre, la oficina de Bachelet ha dicho que el régimen de Maduro induce a la gente a votar tanto antes como durante el proceso electoral. Según la denuncia, «los poderes públicos a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso de los votantes a la asistencia social, entre otras cosas a canastas de alimentos y subsidios monetarios». Se denunció que también se amenazó a empleados de empresas e instituciones estatales con despedirlos si no votaban.
Fuente: MercoPress