El presidente nicaragüense Ortega mira hacia la dictadura

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Era de noche cuando Miguel Mora escuchó un fuerte golpe en su puerta. Su mujer, que estaba acostando a su hijo, recuerda bien el momento. Los agentes de policía irrumpieron en el interior, cogieron a Miguel Mora y lo encerraron.

Dirige la plataforma informativa opositora nicaragüense 100% Noticias. Su trabajo le llevó a la cárcel en 2018. Ahora, se presenta a las elecciones presidenciales de noviembre. Pero el régimen del presidente Daniel Ortega tiene poca tolerancia con los disidentes.

En vísperas de las elecciones de este año, Ortega ha perseguido sin piedad a los opositores. En junio, una veintena de disidentes fueron encarcelados o sometidos a arresto domiciliario, entre ellos cinco candidatos presidenciales. La abogada nicaragüense Asunción Moreno afirma que no se trata de detenciones convencionales. «Fueron secuestrados y encarcelados, sin seguir ninguna de las formalidades constitucionales».

Dice que Ortega aprobó una serie de nuevas leyes en los últimos meses destinadas a socavar a la oposición: «Todas están diseñadas para recortar los derechos civiles y políticos».

En 2019, Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora ganaron el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ

La mayoría de los expertos coinciden en que la política de Ortega tiene como objetivo maximizar sus posibilidades de reelección en noviembre. De hecho, el analista de América Latina Günther Maihold, del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), afirmó recientemente que los nicaragüenses no pueden esperar unas elecciones libres ni justas.

Nicaragua ha estado bajo el control del autocrático clan Somoza desde la década de 1930. Daniel Ortega, al frente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), consiguió derrocar a la familia Somoza en 1979. Ortega dirigió entonces la Nicaragua posrevolucionaria como parte de un consejo de cinco miembros. Fue presidente elegido democráticamente del país de 1985 a 1990.

Tras varios años en la oposición, y después de que miembros moderados del FSLN formaran el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ortega fue reelegido en 2006, aunque los observadores internacionales cuestionan la integridad de las elecciones. Ortega, de nuevo en el poder, comenzó a reestructurar el sistema político del país en su beneficio.

Dos años después, el entonces vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, escribió un artículo de opinión en el que advertía: «No dejemos que el Ortega de Nicaragua se convierta en un [segundo dictador de Zimbabue] Mugabe». Las palabras de Casas-Zamora resultaron premonitorias. En 2011, Ortega violó la Constitución al presentarse a un tercer mandato y acabar ganándolo. Está a punto de conseguir su quinto mandato.

Los observadores internacionales informan de que todas las victorias electorales de Ortega se han visto empañadas por irregularidades. Amordazar a los disidentes con dudosas órdenes judiciales es también una triste tradición en Nicaragua. Sin embargo, últimamente el autócrata está persiguiendo a los políticos de la oposición, a los periodistas y a los actores de la sociedad civil con nuevos bríos.

En un artículo publicado a finales de junio, Casas-Zamora no se anduvo con rodeos al afirmar: «Ortega ha desatado un huracán de medidas represivas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre que no tiene precedentes en la América Latina democrática». Ni siquiera Venezuela ha encerrado a tantos disidentes, escribe Casas-Zamora.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) sitúa a Nicaragua y Venezuela entre los dos únicos países del mundo que pasaron de ser democracias plenas a autocracias en las últimas dos décadas. Casas-Zamora es secretario general de IDEA Internacional desde agosto de 2019.

En la actualidad, la familia Ortega ha cimentado su dominio en Nicaragua. La esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, ejerce de vicepresidenta, y varios de sus hijos ocupan puestos influyentes en la política, los negocios y los medios de comunicación. En 2010, el hijo de Ortega, Facundo, se casó con la hija del director de la policía nacional de Nicaragua, Francisco Díaz.

Ortega desplegó a las fuerzas de seguridad nicaragüenses y a los paramilitares para sofocar el movimiento de protesta e impedir que los periodistas cubrieran los acontecimientos. El reportero nicaragüense Ángel Gahona, muerto a tiros mientras cubría una protesta contra Ortega, se convirtió en un símbolo de la represión. Un año después del estallido de las protestas, 325 personas habían muerto, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Se necesita presión externa?
Unos 90.000 nicaragüenses han huido desde entonces a la vecina Costa Rica. Entre ellos se encuentra el ex legislador nicaragüense y ex presidente del MRS, Enrique Sáenz. Dice que la situación actual de Nicaragua es similar a la de Perú bajo el liderazgo del entonces presidente Alberto Fujimori. Sáenz dice que, al igual que Perú, el gobierno de Nicaragua está reaccionando a la presión interna y externa. Sin embargo, en Perú se celebraron elecciones anticipadas y se destituyó a Fujimori; hoy, el país se encuentra entre las democracias más estables de América Latina.

Sin embargo, Sáenz confía poco en el proceso político en este momento: «Los nicaragüenses no quieren perder su derecho al voto, pero tampoco quieren ejercerlo con las condiciones de Ortega».

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los «presos políticos». Pero hasta ahora no ha hecho nada para respaldar su demanda, ni siquiera ha suspendido la pertenencia de Nicaragua a la OEA.

La Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones a Ortega y a su círculo íntimo cuando aumentó la inestabilidad política del país. Desde entonces han incluido a más personas en su lista de sanciones.

Pero Maihold, experto del SWP, duda de que Washington vaya a aumentar la presión. Cree que Estados Unidos está interesado en evitar que emigren más nicaragüenses. En su lugar, Maihold sostiene que el responsable de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, y los Estados miembros de la UE deben impulsar el cambio en el país latinoamericano.

Fuente: Seutsche Welle
Adaptado del alemán por Benjamin Restle.