Las últimas acciones de Maduro, que insinúan su deseo de una distensión con Washington, han dejado a muchos analistas geopolíticos y observadores de Venezuela confundidos en cuanto a lo que está ocurriendo en el estado paria latinoamericano. Caracas ha adoptado recientemente medidas unilaterales que se desvían considerablemente de las políticas de línea dura del pasado, destinadas a proteger al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, mantener el control estatal de la industria petrolera y censurar a la oposición política. A finales de marzo de 2021, las fuerzas armadas de Venezuela iniciaron operaciones contra guerrilleros colombianos disidentes del Frente 10 de las FARC en el estado occidental de Apure. Muchos observadores, incluido el ministro de Defensa de Colombia, afirman que esto es el resultado de una disputa por el control de las lucrativas rutas de tráfico y los beneficios, pero las motivaciones de Caracas podrían ser mucho más complejas. Aunque Maduro ha conseguido afianzar su control del poder y socavar la legitimidad de sus oponentes, incluido el presidente interino reconocido internacionalmente Juan Guaido, Venezuela es un Estado casi fallido al borde del colapso. Una prolongada caída de los precios del petróleo, junto con las estrictas sanciones de Estados Unidos, que se incrementaron constantemente desde 2015, han afectado fuertemente a la economía de Venezuela, provocando su rápida contracción en los últimos seis años. Durante 2013, cuando Maduro asumió el poder, el producto interior bruto de Venezuela, según datos del FMI, se expandió un 1,3% anual, y luego la economía entró en un declive terminal. En 2014, el PIB cayó casi un 4% anual y continuó cayendo a tasas cada vez mayores, desplomándose en un devastador 35% en 2019, a medida que las sanciones más duras de Estados Unidos se hacían cada vez más profundas. Estos acontecimientos han precipitado la peor crisis económica y humanitaria moderna que se ha producido fuera de la guerra. Estos acontecimientos han acelerado la desintegración de la industria petrolera de Venezuela, económicamente crucial, causando el colapso de los ingresos fiscales, esencialmente llevando a Caracas a la bancarrota. La corrupción crónica, la prevaricación, la mala gestión de los limitados recursos y la participación abierta de varios elementos del aparato gubernamental en actividades ilícitas han socavado aún más la legitimidad del régimen de Maduro. El desmantelamiento del Estado venezolano ha acelerado un fuerte aumento de la anarquía en muchas partes del petroestado, ya que un gobierno nacional cada vez más débil y unas fuerzas de seguridad sobrecargadas no consiguen suministrar los bienes públicos básicos, como la policía, los servicios públicos y las infraestructuras de transporte.
En consecuencia, Caracas es incapaz de controlar grandes extensiones del territorio geográfico de Venezuela o de mantener el monopolio de la violencia dentro de sus fronteras, lo que permite el florecimiento de actores armados no estatales. Esto ha favorecido el auge de los grupos criminales en muchas partes de Venezuela, que han surgido para luchar por unos recursos cada vez más escasos e intimidar a las comunidades locales que buscan beneficiarse de la rápida desintegración del país. Los grupos armados no estatales de Colombia, un país sudamericano con un largo historial de conflictos internos, vieron la oportunidad de hacerse con sus propios dominios. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las FARC son los que han demostrado ser más hábiles a la hora de explotar el estado venezolano en proceso de desintegración. Ahora controlan grandes extensiones de territorio venezolano, actuando como gobiernos de facto en sus respectivas zonas, y algunos analistas afirman que las guerrillas colombianas operan en la mitad del territorio venezolano. Las FARC y el ELN son grupos terroristas designados por Estados Unidos que durante décadas participaron en secuestros, emboscadas a las fuerzas de seguridad y atentados con bomba en Colombia, mientras libraban una cruenta guerra asimétrica de baja intensidad contra el gobierno del país, asolado por los conflictos. La fuerza de las guerrillas colombianas en Venezuela se pone de manifiesto en la considerable resistencia mostrada por el disidente Frente 10 de las FARC cuando fue atacado por las fuerzas de seguridad venezolanas en el estado occidental de Apure en marzo de 2021. Los guerrilleros colombianos disidentes mataron al menos a ocho soldados venezolanos y secuestraron a otros ocho soldados que finalmente fueron liberados a finales del mes pasado. Mientras tanto, el ELN se ha hecho con el control de un territorio en el oeste de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, e incluso proporciona servicios básicos, vigilancia y otros bienes sociales a las comunidades, abandonadas por las autoridades venezolanas, en su territorio.
La gravedad de la crisis a la que se enfrenta el régimen de Maduro es cada vez mayor. La falta de presencia del Estado, la anarquía y la existencia de grupos armados ilegales no se limitan únicamente a zonas remotas de Venezuela. Las bandas criminales y otros actores armados no estatales están invadiendo Caracas, amenazando el control de Maduro sobre la capital venezolana. Según el New York Times, grandes bandas bien armadas controlan ahora varias barriadas y barrios obreros de la capital, proporcionando incluso servicios básicos, como el envío de alimentos y agua, así como la seguridad y la justicia. La policía local no puede entrar en las zonas controladas por los pandilleros mejor armados y financiados, sino que se ve obligada a negociar una tregua incómoda. Esto indica que el desmoronamiento de Venezuela se está acelerando y que el gobierno nacional carece incluso de recursos para mantener el control de la capital.
Los últimos acontecimientos en Venezuela demuestran que, a pesar de que Maduro ha derrotado a sus oponentes, ha conseguido el control de la Asamblea Nacional y ha consolidado su control del poder, está luchando por controlar una Venezuela cada vez más fragmentada. Esta es otra razón para que el régimen socialista autocrático intente abrir un discurso con la administración Biden y buscar una distensión con Washington. Caracas necesita urgentemente reforzar de forma significativa el gasto en infraestructuras básicas, servicios públicos, sanidad, educación, policía y seguridad si quiere aplacar la amenaza que suponen los grupos armados ilegales y evitar el colapso del Estado venezolano. Eso sólo puede ocurrir si se reconstruye la destrozada industria petrolera del miembro de la OPEP y la compañía petrolera estatal PDVSA, permitiendo a Caracas aumentar sustancialmente los ingresos fiscales. Aunque Maduro ha proclamado que Venezuela está abierta a los negocios y que es posible el control privado de los proyectos energéticos, eso ha resultado insuficiente para atraer el considerable capital necesario. La única forma de atraer a las principales empresas energéticas, como Chevron, que son capaces de financiar el enorme capital necesario, para que inviertan en Venezuela es que Washington suavice las sanciones y les permita operar de forma rentable en el asediado miembro de la OPEP.
Hasta ahora, a pesar de las ramas de olivo de Maduro, el gobierno de Biden ha declarado que seguirá apoyando al presidente interino reconocido internacionalmente, Juan Guaido, y que no considerará la posibilidad de reducir las sanciones hasta que se celebren elecciones democráticas. Esto significa que ahora existe la posibilidad muy real de que Venezuela se derrumbe por completo y se convierta en un Estado fallido. Este cataclismo desencadenará una enorme catástrofe con importantes implicaciones medioambientales y humanitarias, además de la posibilidad de desestabilizar aún más una región ya plagada de conflictos, pobreza y anarquía. Por estas razones, el presidente Biden debe actuar ahora y aplicar una estrategia sostenible que evite la implosión final de Venezuela.
Fuente: Oilprice.com
Matthew Smith