Aunque los ciudadanos venezolanos comenzaron a llegar a territorio colombiano desde comienzos de la década del 2000, fue en 2017 cuando la quinta ola de migración venezolana sorprendió al país cafetero, que nunca antes había sido un receptor masivo de migrantes.
Se comenzaron a ver decenas de personas caminando en las carreteras colombianas, huyendo de la crisis económica del país vecino para buscar mejores oportunidades, bien fuera Colombia su destino final o apenas un lugar de tránsito para llegar a países más al sur del continente.
Pero cuando estos últimos migrantes empezaron a establecerse en Colombia, su llegada estuvo acompañada de un fenómeno histórico que aparece con los migrantes: la xenofobia. “El concepto de xenofobia se refiere primordialmente al miedo al extranjero. Este supuesto miedo termina produciendo actos de discriminación basados en prejuicios (históricos, religiosos, culturales y nacionales) que llevan al xenófobo a justificar la segregación practicada”, explica Marta Rangel en el libro «Protección social y migración: El desafío de la inclusión sin desafío ni xenofobia», publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
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“Varios estudios recientes muestran que la xenofobia en Colombia creció en el último año impulsada en parte por el paro nacional de noviembre de 2019 y la cuarentena por la pandemia de la covid-19”, explica el artículo «Xenofobia panorama nacional», del Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) de USAID y ACDI/VOCA en Colombia.
De acuerdo con el informe, “la reciente encuesta del Observatorio para las Migraciones de la revista Semana, realizada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, durante el periodo de la cuarentena evidenció lo siguiente: el 71% de los encuestados considera que la migración aumenta la pobreza; el 64%, que impone una carga para los servicios sociales del Estado; y apenas el 28% la ve como una oportunidad para el desarrollo del país”.
Cambio de narrativas sobre los migrantes
Los resultados de dicha encuesta muestran que la percepción negativa de los migrantes en Colombia está relacionada con conceptos económicos, por lo que varios académicos han asegurado durante los últimos años que en el país no hay xenofobia, sino aporofobia: miedo y rechazo a las personas pobres o desfavorecidas, un término acuñado por la filósofa española Adela Cortina.
Por eso no se puede hablar de xenofobia contra grandes empresarios venezolanos que instalaron sus compañías en Colombia y les han dado empleo a cientos de nacionales, sino que se habla de rechazo hacia los migrantes con pocos recursos económicos (quienes llegaron en la ola de 2017), que supuestamente son quienes “traen crímenes, enfermedades y nos quitan nuestro trabajo”. Así definió la xenofobia Loren Landau, jefe de Investigación de movilidad humana y política de la diferencia en Sudáfrica de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, en una entrevista con la Agencia Anadolu.
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Esta es la razón por la que desde el Gobierno y Migración Colombia se está buscando un cambio de narrativa e imaginario que enseñe a los colombianos que “las personas migrantes contribuyen al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible” del país al que llegan, como lo afirma Rangel.
“Es importante resaltar que una buena parte del crecimiento del gasto de los hogares colombianos en 2019 tiene que ver con la llegada de la migración venezolana, lo que significa que hoy la economía y el gasto colombiano decrecen menos debido a esta migración que llegó en los últimos años”, evidencia un estudio publicado el pasado agosto por la firma Raddar, con el apoyo de USAID y ACDI/VOCA.
Este estudio fue citado en un foro virtual realizado por Forbes, según el cual “entre enero y junio de este año, el gasto de hogares, sin contar los migrantes venezolanos, ascendió a $414,2 billones, mientras que, si se le suma lo que han gastado estos extranjeros en ese periodo, esta cifra llega a los $430,8 billones”.
El aporte económico no es el único aspecto de los migrantes sobre el que se busca enseñar a los colombianos. A esto se le suma que solo una mínima parte de esta población está involucrada en actos delictivos, contrario a lo que está instaurado en el imaginario de algunos colombianos.
“Después del paro del 21 de noviembre (de 2019) en toda Colombia, comenzaron a surgir en diversas plataformas como Twitter, Instagram y Whatsapp videos que mostraban intentos de saqueos a diversos conjuntos residenciales. La información que proporcionaban los videos sugería que entre los involucrados habría migrantes venezolanos. En particular en Whatsapp, los clips de audio y mensajes de texto xenófobos alentaron a los colombianos a defender sus hogares del saqueo y el vandalismo”, escribió Esteban Ponce de León, asistente de investigación del Digital Forensic Research Lab (DFRLab) en un artículo para Cuestión Pública.
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Ante el sentimiento de inseguridad que muchos colombianos todavía tienen frente a los venezolanos, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aseguró a la Agencia Anadolu en una rueda de prensa el 17 de diciembre que “la infinita mayoría de venezolanos que están en territorio nacional tienen un buen comportamiento; pese a la adversidad, le han puesto el pecho a la situación, han buscado oportunidades de trabajo; un excelente comportamiento pese a la difícil situación que viven. No generalicemos (en términos de criminalidad). Entendamos que al pueblo venezolano se le ha presentado una gran tragedia y en ese sentido nosotros no podemos hacer nada distinto a darles la mano”.
Inclusión y nueva ola migratoria
Colombia tuvo la mayor cantidad de venezolanos en su territorio en febrero de 2020, cuando la cifra alcanzó a estar en 1.825.000 migrantes. Luego, a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, el cierre de la economía y la cuarentena, más de 134.000 migrantes decidieron regresar a Venezuela, según cifras de Migración Colombia.
El organismo aseguró que al 31 de octubre de 2020, hay 1.717.352 venezolanos radicados en Colombia, de los cuales el 55% se encuentra de manera irregular en el país y el 45% cuenta con todos los permisos requeridos para permanecer en el territorio nacional.
El reto es regularizarlos e incluirlos en la vida económica del país porque “la regularización de todos implica que coticen salud, pensión, aporten impuestos, estudien. Es necesario integrarlos a la economía para que con su trabajo el país crezca, aporten al país y al Estado. Sin regularización, primero, los migrantes no aportarán impuestos y, segundo, están más vulnerables a las economías ilegales y criminales”, dijo a la Agencia Anadolu una persona que trabaja con cooperación internacional enfocada a los migrantes en Colombia que pidió mantener su nombre en reserva.
Para el funcionario, es ingenuo pensar que la gran mayoría de los venezolanos estén pensando en regresar dentro de poco tiempo a su país, incluso si hay una transición política, ya que la recuperación económica puede tardar más de una década. Eso implica que los venezolanos residentes en Colombia empiecen a generar raíces, arraigo, amistades y familia.
“Desde el mes de abril de este año advertimos que si bien había venezolanos saliendo hacia Venezuela por el estado de la pandemia, era totalmente previsible que ellos iban a regresar (a Colombia). La estimación de Migración Colombia es que el 80% de los venezolanos que han salido van a regresar. Quiere decir que más de 107.000 regresarían al país, pero no lo harán solos; lo harán en compañía de por lo menos una o dos personas, porque es natural que busquen traer a parte de su familia cuando empezaron a generar condiciones económicas que les permitan salir adelante”, aclaró Espinosa, quien agregó que esa nueva ola migratoria empezaría apenas se abran las fronteras terrestres colombianas, que estarán cerradas hasta el 16 de enero de 2021, aunque el Gobierno colombiano puede decidir mantener el cierre de fronteras durante más tiempo debido a la coyuntura sanitaria de la pandemia.
De acuerdo con la investigación que Raddar hizo en conjunto con USAID y ACDI/VOCA, no integrar a los migrantes “desaprovecharía el ingreso de mano de obra a sectores en donde es insuficiente, al mismo tiempo no se sacaría provecho del aumento en el consumo agregado, del potencial de emprendimiento de los migrantes y del aumento en la tributación. La no integración de la población venezolana afectaría el gasto del Gobierno en la medida en que se reducen sus aportes a los ingresos de la nación y aumentan los costos de atención. Bajo un contexto de crisis sanitaria estos costos de la no integración se intensifican”.
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Por este motivo, el Gobierno Nacional, con el liderazgo de Migración Colombia, flexibilizó las fechas para que los venezolanos puedan pedir o renovar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y cada vez más personas regularicen su situación en el país antes de que la nueva ola migratoria llegue en 2021.
Fuente: Semana
Anadolu.