Muchos hemos sospechado durante mucho tiempo que varios gobiernos latinoamericanos han creado ejércitos de twiteros -literalmente, ejércitos de Twitter- para desprestigiar a los opositores políticos. Pero los recientes escándalos en Venezuela y México han arrojado nueva luz sobre la extensión de esta práctica.
En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro no sólo está pagando a la gente una cuota por escribir o retuitear mensajes a favor del gobierno, sino que también lo está haciendo abiertamente, según un nuevo informe que se publicará el jueves.
El informe, «Autocracia digital: El control de Maduro del entorno informativo venezolano», realizado por el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, con sede en Washington D.C., dice que el régimen paga el equivalente a un salario mínimo a las personas que amplifican los mensajes progubernamentales al menos 400 veces al día.
«El régimen de Maduro ha implementado un aparato de manipulación de espectro completo que va desde medidas represivas como la censura, el cierre de Internet y el silenciamiento de los críticos, hasta la propaganda ‘positiva'» como las publicaciones en Twitter realizadas por ciudadanos pagados», dice el informe.
Daniel Suárez Pérez, coautor del informe, me dijo en una entrevista telefónica desde Bogotá, Colombia, que «hay muchos gobiernos que tratan de influir en los medios sociales, pero Venezuela es el que lo hace más abiertamente». Y añadió: «Puedes encontrar instrucciones en las propias redes sociales del gobierno sobre cómo ganar dinero por tuitear propaganda oficial».
El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela anuncia casi a diario en su página de Twitter un «hashtag del día» a su ejército de guerreros pagados y tuiteros, dice el informe. El hashtag es una palabra o frase corta utilizada para identificar un tema en Twitter.
Los activistas pagados de Twitter escriben o retuitean mensajes utilizando el hashtag recomendado. Para cobrar, primero deben registrar sus cuentas de Twitter en una aplicación del gobierno vinculada al Carnet de la Patria, la aplicación del gobierno que se utiliza para realizar los pagos a los beneficiarios de las ayudas sociales.
A menudo, los principales productores publican con orgullo sus recibos del gobierno en Twitter, mostrando cuánto dinero han ganado con sus tweets a favor de Maduro.
Uno de esos ejemplos, publicado en una cuenta progubernamental de Telegram el 19 de enero, muestra un «pago semanal por desempeño» de 384.000 bolívares -el equivalente a 22 centavos de dólar-, muestra el informe. Aunque parezca poco, se trata del salario mínimo semanal en la económicamente devastada Venezuela.
Al inundar las redes sociales con mensajes progubernamentales, el régimen de Maduro puede manipular fácilmente los trending topics. Puede hacer creer a los lectores que algo que está promoviendo es el tema más comentado en Venezuela, dice el informe.
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Es un modelo que están siguiendo otros gobiernos latinoamericanos.
En México, la agencia de noticias gubernamental Notimex ha sido acusada de crear cuentas en las redes sociales para atacar a los críticos del gobierno. La operación fue orquestada directamente por la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, según un estudio realizado en 2020 por el grupo de defensa de la libertad de prensa Artículo 19 y la Universidad ITESO de Guadalajara.
Diez testigos dijeron a Artículo 19 que los ejecutivos de Notimex utilizaron un grupo de chat de WhatsApp para ordenar a los periodistas de la agencia que crearan cuentas falsas de Twitter y publicaran mensajes contra los críticos del gobierno.
Un informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos del 30 de marzo dice que «los periodistas que hicieron preguntas difíciles al presidente durante la conferencia de prensa diaria recibieron ataques a través de Twitter. Los tweets difundieron sus identidades y sus medios de comunicación y también hicieron amenazas veladas».
En lugar de despedir inmediatamente a Martínez, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la ha apoyado.
Un día después de la publicación del informe del Departamento de Estado, López Obrador dijo que Martínez «merece nuestro respeto y es una buena periodista». Luego arremetió contra sus acusadores.
En los últimos años, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, y la ex presidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también han sido denunciados por dirigir redes de activistas progubernamentales en Twitter para acosar a opositores políticos.
Poco podemos hacer con respecto a Venezuela, porque es una dictadura que está siguiendo los pasos de Cuba en la supresión total de la libertad de expresión.
Pero en el caso de México y otros países que dicen respetar las libertades fundamentales, los esfuerzos de sus gobiernos por intimidar a los opositores en Twitter deben ser denunciados como lo que son: ataques contundentes a la libertad de expresión.
Fuente: Miami Herald