Resumen
El deterioro de las instituciones psiquiátricas públicas en Venezuela ha reinstaurado prácticas atroces, reminiscencia de una época menos ilustrada.
Los servicios de salud mental se enfrentan a un grave deterioro, con casos de salas psiquiátricas convertidas en pocilgas como cruda ilustración de esta sombría realidad.
El fallo crítico del sistema acentúa una grave violación de los derechos humanos, poniendo de relieve la urgente necesidad de cambio y visibilidad para los afectados.
Esta crisis subraya la extrema necesidad de denunciar la situación y sensibilizar a la opinión pública, frente al temor a la persecución política que obstaculiza a la comunidad de salud mental.
Una situación deplorable
En vísperas de impartir un curso de psicología clínica comunitaria en mi universidad de base en Caracas, Venezuela, me encontré con una angustiosa revelación. Un tweet de mayo de 2022, publicado por un estudiante que deseaba permanecer en el anonimato, se quejaba de la presencia de una familia de cerdos en un pabellón psiquiátrico destinado a la formación clínica. Estas afirmaciones, aunque en un principio inverosímiles, estaban corroboradas por fotos y vídeos de cerdos deambulando por el hospital.
Al comentarlo con mi clase, me enteré de que un compañero había compartido el tuit y posteriormente lo había borrado debido a las amenazas recibidas por revelar la situación. Mi petición de hablar directamente con el estudiante fue aceptada.
Graves consecuencias de la mala gestión
Según la explicación del estudiante, los directores del hospital, aprovechando la falta de servicios, permitieron que una familia de milicianos sin hogar se instalara allí y criara cerdos para consumo personal. La universidad, que ya comparte una tensa relación con el gobierno, temía una reacción hostil por parte del personal militar que gestionaba el hospital, lo que llevó a acusar al estudiante de violar el secreto profesional.
La degradación del sistema de salud mental en Venezuela es motivo de grave preocupación desde hace varios años. Se han hecho esfuerzos para desarrollar redes alternativas y opciones de tratamiento para mitigar las repercusiones de esta caída. He sido especialmente cauto a la hora de criticar públicamente el deterioro de las condiciones del hospital psiquiátrico El Peñón de Caracas por temor a empeorar la persecución del gobierno contra los profesionales de la medicina.
Un fracaso sistémico
El acceso a una atención sanitaria de calidad en Venezuela es una crisis nacional desde hace una década, y los servicios de salud mental son los que peor lo están pasando. Las condiciones de los pabellones psiquiátricos públicos, como los del Hospital Psiquiátrico de Caracas en Lídice y El Peñón, han sido alarmantes, con corrupción rampante, falta de alimentos para los pacientes y problemas de infraestructura como ventanas cerradas con cemento para evitar fugas.
El sistema psiquiátrico del país es deplorablemente inadecuado, con un escaso número de centros psiquiátricos y ambulatorios que luchan por satisfacer las demandas de la población. Los profesionales de la salud son reacios a interactuar con los periodistas, por temor a ser perseguidos.
Un clamor internacional
En 2016, la prensa internacional comenzó a informar sobre el deterioro de las instituciones de salud mental en Venezuela, destacando el sufrimiento de los pacientes y la falta de recursos. Para 2022, una encuesta nacional sobre el impacto de Covid-19 en la salud mental en Venezuela reveló que de 264 centros públicos, un escaso 4% respondía a las llamadas, y solo la mitad de ellos contaba con servicios psicológicos operativos.
Colegas que persisten en el sector de la sanidad pública informaron de órdenes no oficiales de evitar toda hospitalización, lo que deja sin lugares públicos donde tratar a las personas en crisis. El Hospital Universitario de Caracas, que en su día fue un servicio progresista, sólo tuvo una paciente hospitalizada recientemente, ya que no tenía familia ni hogar al que regresar.
Un llamamiento a la acción
El colapso del sistema tradicional representa una flagrante violación de los derechos humanos y una regresión a las condiciones deshumanizadoras de los pabellones psiquiátricos del siglo XIX. Aunque este fracaso sistémico podría verse con optimismo como una oportunidad para desarrollar enfoques de la salud mental dirigidos por los pacientes, es primordial reconocer primero la difícil situación de muchos que tienen poca voz en medio de esta crisis económica, social y política. Debemos centrarnos en concienciar y superar el miedo a la persecución política que ha consumido a la comunidad de la salud mental.