El gobierno de Venezuela ha firmado recientemente un acuerdo con los gigantes energéticos europeos Eni y Repsol, que permite la exportación de líquidos de gas natural (LGN), también conocidos como condensados, a los mercados internacionales. Este acuerdo llega tras años de conversaciones entre la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), la italiana Eni y la española Repsol para obtener un permiso de exportación de condensados. Los condensados son un subproducto de la operación de producción de gas natural en Cardón IV, una empresa conjunta de Eni y Repsol.
El proyecto Cardon IV ha experimentado un aumento significativo en la producción de gas natural, alcanzando los 500 millones de pies cúbicos por día en 2023, un 31% más que en 2019. Al mismo tiempo, la producción media de condensados ha aumentado hasta los 16.000 barriles diarios en mayo. Este acuerdo se produce en medio de las negociaciones en curso entre el Gobierno de Nicolás Maduro y las empresas energéticas para obtener un mayor control operativo sobre las empresas petroleras que posee conjuntamente con la empresa energética estatal PDVSA.
Bajo contratos anteriores, la empresa de gas natural Cardón IV, operada conjuntamente por Repsol y Eni, producía condensados que se enviaban a las refinerías de PDVSA. El nuevo acuerdo permite que una planta de recuperación de condensado propiedad de Eni y Repsol exporte el producto a Europa, aunque no está claro cuánto se exportará.
Según Antero Alvarado, socio director en Venezuela de la consultora Gas Energy Latin America, el acuerdo es un «paso previo necesario» antes de que Eni y Repsol emprendan proyectos de exportación de gas más amplios a Colombia, Trinidad o Aruba. También señaló que es una señal interesante que las empresas y PDVSA estén trabajando juntas para aclarar financieramente los procedimientos de ingresos.
La perspectiva de suavizar las sanciones impuestas al productor estatal de petróleo de Venezuela para compensar el corte de Rusia de los mercados mundiales debido a la guerra en Ucrania ha llevado a los observadores a preguntarse cuánto crudo puede añadir la nación sudamericana a un mercado ya de por sí convulso. Este nuevo acuerdo entre Venezuela, Eni y Repsol podría ser un paso crucial en la expansión del sector petrolero y gasístico del país.
Este nuevo acuerdo entre Venezuela, Eni y Repsol podría ser un paso crucial en la expansión del sector del petróleo y el gas del país, ayudando en última instancia a estabilizar la economía venezolana y aliviar los efectos de las sanciones internacionales. El desarrollo de los recursos de gas natural en la región también podría tener un impacto positivo en las comunidades locales y el medio ambiente, ya que el gas natural es una fuente de energía más limpia que el petróleo.
Además, la colaboración entre PDVSA y empresas energéticas internacionales como Eni y Repsol puede conducir a un aumento de la inversión y a la implantación de tecnologías avanzadas en la industria petrolera y gasística de Venezuela. Esto podría contribuir a un sector energético más sostenible y eficiente, reduciendo potencialmente la dependencia del país de las exportaciones de petróleo y diversificando su economía.
Sin embargo, es esencial tener en cuenta las posibles implicaciones de estos acuerdos para los derechos humanos. El actual gobierno venezolano, dirigido por Nicolás Maduro, ha sido acusado de numerosas violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción. Al hacer negocios con el gobierno de Maduro, empresas como Eni y Repsol podrían contribuir indirectamente a la continuación de estas violaciones. Como periodista comprometida con la lucha contra los abusos de los derechos humanos y la oposición a las dictaduras, es crucial hacer hincapié en la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y prácticas empresariales responsables en el sector energético.
Es esencial que las empresas internacionales lleven a cabo una diligencia debida exhaustiva y evalúen los riesgos potenciales de hacer negocios con gobiernos acusados de abusos contra los derechos humanos y corrupción. Empresas como Eni y Repsol deben considerar la aplicación de estrategias sólidas de gestión de riesgos y garantizar que sus operaciones no contribuyen a las violaciones de derechos humanos existentes en los países en los que operan ni las agravan.
Además, la comunidad internacional debe seguir presionando a los gobiernos, como el de Venezuela, para que mejoren su historial en materia de derechos humanos y adopten medidas concretas para abordar la corrupción y otros problemas sistémicos. Las empresas, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar juntos para crear un sector energético mundial más transparente, responsable y que rinda cuentas.
Para garantizar que el acuerdo entre Venezuela, Eni y Repsol no apoye inadvertidamente los abusos de los derechos humanos o la corrupción, es crucial que todas las partes implicadas mantengan un diálogo abierto y transparente, y que la comunidad internacional supervise de cerca la situación. La promoción de los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo económico deben estar en el primer plano de todas las negociaciones y acuerdos en el sector energético.
En conclusión, si bien el acuerdo entre Venezuela, Eni y Repsol para la exportación de líquidos de gas natural tiene beneficios potenciales para la industria del petróleo y el gas del país, es crucial permanecer vigilantes sobre las posibles implicaciones para los derechos humanos y el papel de las empresas internacionales en el trato con gobiernos controvertidos. El compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y las prácticas empresariales responsables es esencial para garantizar que el sector energético mundial no contribuya a la vulneración de los derechos humanos ni a la degradación del medio ambiente.