La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció la cancelación del contrato con la empresa de seguridad privada encargada de la estación de migrantes del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este anuncio se produce después de que 39 personas fallecieran en el incendio de la estación migratoria. La estación migratoria cerrará sus operaciones de forma indefinida y las personas serán trasladadas al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, que está administrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y no por el INM.
La empresa en cuestión, Grupo de Seguridad Privada CAMSA, también estaba encargada del cuidado de migrantes en otras instalaciones del INM en 23 estados de la República. El contrato, que tenía una vigencia de marzo al 31 de diciembre de 2023 y un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones de pesos, será rescindido «desde ya».
Se inició un proceso sancionador administrativo contra la empresa debido a al menos nueve omisiones, como ofrecer servicios diferentes a los autorizados y no tener permiso de portación de armas. También se omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales y no evitar o permitir actos de tortura, crueles, inhumanos o degradantes, entre otras cosas.
La fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, dijo que la audiencia de prisión y de vinculación contra los posibles responsables del incendio continuará el martes 4 de abril. La orden de aprehensión pendiente de ejecutar es contra un empleado de la empresa de seguridad privada. Los cinco presuntos involucrados en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez fueron recluidos en los Centros de Readaptación Social estatal 2 y 3 del estado de Chihuahua, después de que el juez federal les impuso la medida de prisión preventiva.
La defensa de los acusados se acogió a la duplicidad del término constitucional que vence el próximo 4 de abril, día en que se reanudará la audiencia para decidir si son o no vinculados a proceso. Los agentes del Ministerio Público de la FGR se presentaron el día de ayer a la celebración de dicha audiencia para la formulación de imputación y vinculación a proceso en contra de los acusados, quienes se acogieron a la ampliación del plazo constitucional. El agente del Ministerio Público formuló la imputación por los delitos de homicidio y lesiones, acreditándolo con los datos de prueba existentes.