El proyecto de derechos humanos Lupa por la Vida es una iniciativa conjunta de la ONG Provea y el Centro Gumilla, que monitorea las violaciones del derecho a la vida en Venezuela. En un informe de 27 páginas, Lupa por la Vida denunció que en el año 2022, los policías y militares del régimen de Nicolás Maduro asesinaron a 824 personas en Venezuela. La organización también enfatizó que la impunidad estructural de estos homicidios es una política de Estado, y que la casi totalidad de ellos no se investigan. Además, el informe destacó que la policía nacional bolivariana (PNB) es el cuerpo más letal del país, y que la mayoría de las víctimas son jóvenes que viven en zonas populares. El activista Marino Alvarado, de Provea, subrayó que la eliminación de las FAES no significó la reducción de la letalidad policial y que la policía del estado de Carabobo es la que tiene mayores índices de letalidad. El informe también destacó que la mayoría de los homicidios ocurrieron durante operativos policiales y militares en comunidades de bajos recursos. El régimen de Maduro sigue sin dar información oficial sobre el número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en Venezuela, lo que refleja la magnitud del problema.
De acuerdo con el informe de Lupa por la Vida, el elevado número de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en Venezuela evidencia una política de violaciones masivas y sistemáticas al derecho a la vida, que cuenta con la impunidad y el respaldo institucional de las altas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.
La ONG Provea y el Centro Gumilla, a través del proyecto Lupa por la Vida, buscan visibilizar y denunciar estas graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Según el informe, durante el año 2022 fueron asesinadas 824 personas por funcionarios policiales y militares, de las cuales solo se pudo identificar a 501 víctimas.
Es alarmante que el cuerpo policial más letal en el país sea la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a pesar de que desde junio de 2021 se anunció un proceso de reestructuración para garantizar una actuación de esta policía con prácticas respetuosas de los derechos humanos. Además, la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) no ha significado una reducción de la letalidad policial en el país.
El informe también resalta que el régimen chavista sigue sin dar información oficial sobre el número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, lo que evidencia su falta de transparencia y su negativa a rendir cuentas sobre sus acciones. La magnitud de estas violaciones a los derechos humanos en Venezuela es tal que las autoridades prefieren no informar sobre ellas.
Es importante destacar que la mayoría de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela son jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que viven en zonas populares. Estos operativos policiales y militares se llevan a cabo en comunidades de escasos recursos, lo que evidencia una política de violencia y exclusión social por parte del régimen chavista.
En resumen, el informe de Lupa por la Vida pone en evidencia la grave situación de violaciones a los derechos humanos que se vive en Venezuela, en particular en lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Es necesario que las autoridades venezolanas tomen medidas efectivas para poner fin a esta situación y para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país.