Recientemente, se ha generado controversia por la posible importación de gas venezolano por parte de empresas colombianas. Sin embargo, la purga interna en PDVSA debido al entramado de corrupción chavista ha frenado la iniciativa.
El fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, ha confirmado la detención de 25 personas, incluyendo 14 funcionarios del Estado y 11 empresarios. Uno de los implicados es Bernardo Arosio, accionista de la sociedad Prodata Energy C.A., que iba a exportar gas a Colombia.
Debido a esto, la compañía colombiana Integral Energy Plus S.A.S. ha decidido disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad en una reunión de urgencia, suspendiendo así el acuerdo de importación de gas. Aunque Arosio no tiene participación en Integral Energy Plus S.A.S., su calidad de socio en Prodata Energy C.A. hace inviable continuar con el proyecto.
La empresa también ha aclarado que aún no se ha llevado a cabo ningún contrato de importación de gas, ya que estaba sujeto al visto bueno de la Office of Sanctions Coordination del US. Department of State del gobierno de los Estados Unidos, conforme a la solicitud presentada en noviembre de 2022.
En una rueda de prensa, el fiscal chavista ha explicado que la mayoría de los implicados guardan relación con irregularidades cometidas dentro de la Superintendencia de Criptoactivos y la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA. La Policía busca a otras 11 personas vinculadas con estos hechos, incluyendo al diputado oficialista Hugbel Roa, bajo arresto, y al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, que renunció para colaborar con las investigaciones.
En la declaración, el funcionario ha mostrado un video del material incautado, en el que se observan decenas de vehículos nuevos de alta gama y avionetas. Aún no se ha especificado la cantidad de unidades encontradas ni el monto del desfalco, una cifra que se espera presentar en los próximos días. Entre los funcionarios detenidos destaca Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministros de PDVSA, quien aparece como jefe principal de la estructura de corrupción, y Joselit Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos.