El martes, la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal declaró que hay 270 detenidos en Venezuela considerados presos políticos, cuatro menos que el último recuento publicado en enero. Según el informe de la organización, 257 de los detenidos son hombres y 13 mujeres, mientras que 120 son civiles y 150 son militares. De estos detenidos, 116 han sido condenados y 154 esperan aún una sentencia de un tribunal.
Desde 2014, el Foro Penal ha registrado 15,777 «detenciones políticas» y, además de los presos políticos, más de 9,000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad. En enero, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones y familiares de los presos políticos pidieron al alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, un mayor apoyo a sus casos, debido a las violaciones a los derechos humanos.
Türk anunció al final de su visita que su oficina continuará trabajando en Venezuela por otros dos años para promover la agenda de derechos humanos. La sociedad civil y las ONG esperan que esto resulte en mayores denuncias contra los abusos, que han faltado hasta ahora.
Por otro lado, la Alianza por la Libertad de Expresión de Venezuela, que agrupa a 10 organizaciones, afirmó que el proyecto de ley impulsado por el gobierno venezolano para fiscalizar las ONG pondrá en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a los venezolanos. El grupo afirmó que esta norma busca criminalizar y restringir todas las iniciativas que reciban recursos internacionales para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional.
Además, señalaron que las ONG venezolanas están sometidas a una serie de registros necesarios para cumplir con compromisos fiscales, pero estos están paralizados desde 2019 cuando el Servicio Autónomo de Registros y Notarías prohibió registrar actos de organizaciones de este tipo, decisión que sigue vigente. En conclusión, la situación de los presos políticos y las ONG en Venezuela sigue siendo preocupante y requiere la atención de la comunidad internacional.