Representantes de organizaciones pro inmigrantes en Miami rechazan que el programa migratorio que otorga visas humanitarias a 30.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses por mes constituya una carga económica para los estados receptores. En cambio, argumentan que en realidad será una contribución a las finanzas públicas. El director de la American Business Immigration Coalition en Florida, el venezolano Samuel Vilchez Santiago, calificó el programa humanitario de «libertad condicional» como una «solución de sentido común» para los nacionales de estos cuatro países, iniciado por el presidente Biden en enero. Vilchez afirmó que este programa ofrece una vía para que los inmigrantes ingresen a la fuerza laboral, lo cual es importante en el contexto económico actual y en un momento en que Estados Unidos enfrenta una escasez de mano de obra en varios sectores. La directora ejecutiva de la organización, Adelys Ferro, se refirió a estudios que muestran que una gran cantidad de inmigrantes que logran un estatus legal ocupan puestos de trabajo que han estado vacantes durante meses. Esto significa que desde la perspectiva de los estados receptores, el beneficio económico va más allá del pago de impuestos. Vilchez agregó que sus empresas necesitan con urgencia estos nuevos trabajadores y económicamente, tiene más sentido. EE.UU. anunció el 5 de enero que aceptará 30.000 migrantes por mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ampliando el programa que otorga permisos humanitarios a venezolanos desde octubre. Para participar en el programa de patrocinio de inmigrantes, que ha sido objeto de un desafío legal por parte de 20 fiscales estatales republicanos, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos, como llegar en avión y tener un patrocinador en los EE. UU. que pueda brindar apoyo y asistencia financiera. María Antonieta Díaz, presidenta de la Alianza Venezolana Americana, quien ha patrocinado a unas 20 personas a través de este programa con su esposo, expresó su tristeza por cómo los líderes republicanos están utilizando el programa como arma política. Dijo que desde su experiencia ha visto cómo darle una oportunidad a una persona tiene un impacto positivo e inmenso en los familiares que se quedan en Venezuela y se benefician de las remesas. En el caso de Venezuela, donde una profunda crisis humanitaria ha provocado la migración de 7,1 millones de personas, una de las mayores migraciones de nacionales de un país, Díaz destacó que el programa ha logrado reunir familias y brindarles oportunidades para una vida mejor.
La cubanoamericana Ana Sofía Peláez, cofundadora de Miami Freedom Project, afirmó que la demanda de los republicanos solo va a contribuir a más caos y confusión en un proceso ya complejo. Vilchez y la concejala de Doral Maureen Porras, quien alberga una de las mayores diásporas venezolanas en EE.UU., se refirieron a la reducción en el número de inmigrantes irregulares que llegan de estos cuatro países, que ha disminuido desde que se lanzó el programa. En conclusión, representantes de organizaciones pro-inmigrantes argumentan que el programa de visas humanitarias será un aporte económico a los estados receptores y ofrecerá una solución a la actual escasez de mano de obra y la reunificación de familias.