La Policía de Colombia exigió que los regímenes de Cuba y Venezuela extraditen a los líderes del ELN que se esconden en sus territorios

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la Policía de Colombia

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia, exigió que los regímenes de Venezuela y Cuba extraditen a los líderes del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están escondiéndose en esos territorios.

“Tras la condena de 46 años contra uno de los autores materiales del atentado a nuestra Escuela de Cadetes, que cobró la vida de 22 jóvenes estudiantes en enero de 2019, intensificamos la búsqueda de 7 responsables más: los 4 máximos cabecillas del ELN y 3 de segundo nivel”, manifestó Vargas en Twitter.

“Estos señalados determinadores y articuladores del hecho terrorista son requeridos mediante circulares rojas y azules de INTERPOL en Colombia y otros países. No descansaremos hasta que respondan ante la justicia: siempre ha sido nuestro compromiso con las familias de las víctimas”, completó el texto que acompañó a un video.

En el video, Vargas denunció que “los líderes del ELN se encuentran entre Cuba y Venezuela. Les pedimos a las autoridades de esos países que extraditen a esas personas a Colombia para que sean condenadas, tal como fue condenado este autor material (Ricardo Carvajal)”, expresó.

Por el crimen hay otros nueve detenidos que están siendo procesados por su presunta participación en los hechos, que incluye la planificación, financiación y ejecución. Uno de ellos es Pablo Antonio Villamizar, alias “Oli”, supuesto cabecilla del frente “Efraín Pabón” del ELN.

Esta semana, la Fiscalía colombiana procesó a tres personas que fueron condenadas por un juez por usar empresas fachada para mover millonarios recursos, además, parte de los cuales se le giraron a Wilson Arévalo Hernández, alias “Chaco”, a quien se le vincula con el Ejército de Liberación Nacional, principalmente en el cometimiento del atentado a la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander, ubicada en el sur de Bogotá.

El director especializado contra el lavado de activos, Carlos Enrique Vieda Silva, explicó: “La contundencia del material probatorio, recaudado por un fiscal, permitió que un juez de la República condenara a 3 personas y las declarara responsables de lavar millonarios recursos, en favor de Wilson Arévalo Hernández, alias ‘Chaco’, presunto integrante del ELN investigado por la explosión de la camioneta bomba en la escuela de cadetes de la Policía Nacional general Francisco de Paula Santander el 17 de enero del 2019. Los condenados aceptaron que como representantes de empresas de quesos y otros derivados lácteos ocultaron y movieron altas sumas de dinero producto de las actividades ilícitas del frente de guerra Oriental del ELN”.

Los procesados son Anyi Daniela Martínez Buitrago, quien aceptó ser la administradora de una empresa de lácteos y creadora de una comercializadora que realizó unas 120 consignaciones a alias “Chaco”, donde se encontraron 1.084 millones de pesos detectados en operaciones de blanqueamiento y enriquecimiento ilícito.

Luis Sebastián Mateus Vargas también aceptó administrar una distribuidora de quesos, que entre el 2013 y 2018 realizó más de 20 consignaciones a Arévalo por sumas de más de 250 millones de pesos. Tanto Anyi Daniela como Luis Sebastián fueron sentenciados a 7 años y 10 meses de prisión.

El tercer implicado es Carlos Felipe Mateus Vargas, quien fue sentenciado a 5 años y 4 meses por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, esto porque se le encontraron más de 100 consignaciones realizadas entre 2012 y 2015 por más de 900 millones de pesos a alias “Chaco”.

Según las investigaciones, Wilson Arévalo Hernández fue quien vendió la camioneta a la que le colocaron unos 80 kilogramos de pentolita. Además, según la Fiscalía, condujo la camioneta desde Arauca hasta Bogotá y se lo entregó a José Aldemar Rojas Rodríguez, que la llevó hasta el interior de la escuela y posteriormente la detonó.

En este caso ya se condenó también a Ricardo Andrés Carvajal Salgar por los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas.

Fuente: Infobae