El 24 de septiembre, WOLA se unió a CEJIL, DPLF y varias otras organizaciones para emitir una declaración conjunta expresando su preocupación en torno a una resolución administrativa que busca criminalizar y restringir el trabajo crítico que las organizaciones de la sociedad civil están haciendo en Venezuela. La declaración señala los recientes esfuerzos para intimidar y criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, que incluyen pero no se limitan a las detenciones arbitrarias de los trabajadores de las ONG, las redadas en las oficinas de las ONG, y los ataques verbales y amenazas a las organizaciones y su personal. Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por la Providencia Administrativa 002-2021, que obliga a las organizaciones en Venezuela a registrar sus actividades y fuentes de financiación ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT). La declaración subraya que este requisito es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, y hace un llamamiento al gobierno venezolano para que cese toda medida de criminalización de la sociedad civil y establezca obstáculos adicionales para la realización de su trabajo.
Fuente: Venezuelan Politics and Human Rights.