Tortura, ultraje, denegación de justicia y violación al debido proceso; así se resume el caso Honor y Gloria, de diez entre policías y militares, de los cuales siete están en la cárcel de El Rodeo III, uno en el Rodeo II y uno en Ramo Verde; la mayoría son de los estados Sucre y Anzoátegui. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos ha visibilizado el caso que se mantenía en el silencio. Familiares cuentan que “los meten presos porque suponían que iban hacer algo contra el Gobierno, pero sin pruebas ni nada”.
Revela el ONDDHH que “fueron llevados a una sede judicial para imponerles la acusación por su presunta participación en el caso Honor y Gloria, coaccionados a admitir los hechos so pena de ser condenados a 30 años de prisión si este caso era llevado a juicio”.
Si admitían los hechos les ofrecían “condenarlos en esa misma audiencia a 17 años de prisión. Ante la negativa, fue admitida en su totalidad la acusación ratificando la medida de privación de libertad”.
Ese día Jorge Rodríguez calificó al diputado Fernando Orozco de sindicalista mafioso “delincuente, asesino” a quien llamaba alias Oro Negro. Presentó un video del parlamentario, supuestamente del 9 de diciembre 2019, hablando en un sitio con mucho ruido y refiriéndose a la toma de un cuartel del Ejército, donde habría 150 fusiles.
Por el caso que el régimen venezolano llama Honor y Gloria hay 10 detenidos, entre militares y policías: Alexi Jiménez, Deivis Malavé, Justo Salamanca, César Mayora, José Yeguez, Marcos Fuente, Luis Lira, Juan Carlos Macualo, Jesús Castro y Víctor Rodríguez.
A José Miguel Yeguez, detenido el 13 de diciembre del 2019, en su residencia, sin ninguna orden de aprehensión, en Cumaná, estado Sucre, “lo acusan de terrorismo y conspiración. Lo fueron a buscar a la casa a la una de la madrugada, con la excusa de que el jefe lo mando a buscar para un trabajo, y esa misma noche, lo trasladaron, junto con Sixto Salamanca para la sede de la DGCIM en Boleíta de Caracas”, relata a Infobae su esposa.
“Horas después de la captura aparecieron unos videos con sus declaraciones. Ahí fue donde nos enteramos de qué los acusaban”, dice en alusión a la rueda de prensa que Jorge Rodríguez da el 14 de diciembre, donde presenta el video de la reunión.
A Yeguez quien lo busca en su casa es la Policía Estadal. “Una hora después se presentó una unidad de la DGCIM a la casa, sin ninguna orden, se llevaron la computadora y una laptop escolar, entre otras cosas”. Su primera presentación ante el Tribunal fue el 16 de diciembre de 2019 y su abogado es su hermano.
Yeguez trabajaba en la policía Estadal desde el año 2008. “En el momento de su detención era el encargado de la cocina, Jefe de cocina. Comparte celda con Alexis Jiménez, Sixto Salamanca y otros”. Estuvo un año detenido en la DGCIM y luego es trasladado a la cárcel el Rodeo III, donde está atravesando problemas gástricos e insomnio.
Cuando su mamá va al Comando “la información que le dieron es que eso está en proceso de averiguación. Su mamá regresa al día siguiente y le informaron que a Marcos lo habían trasladado a la DGCIM en Caracas. Y también detuvieron a un compañero de él llamado Deivis”.
Deivis Malavé Ruiz es funcionario del estado Sucre. Al mediodía del 15 de diciembre 2019, mientras disfrutaba de ese fin de semana libre, una comisión policial fue a buscarlo a su residencia “para un cambio de guardia”, le dijeron y se lo llevaron bajo engaño hasta que se enteró después que estaba detenido.
Al día siguiente lo trasladaron para la DGCIM Caracas. “Pasó un mes sin que su familia supiera nada de él. Nadie daba razón. El 15 de enero 2020 le permitieron hacer una llamada y así se sabe que lo tienen en la DGCIM de Boleíta”, le dice a Infobae un familiar.
A Malavé lo señalaron de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir. “Hoy en día ni la preliminar le han hecho, porque siempre la difieren. Hace 10 meses lo trasladaron para el Rodeo III”.
La familia de Malavé es humilde y la situación se agudizó cuando a él lo detuvieron porque al detenerlo le congelaron el sueldo. “Aquí en Cumaná no hubo ningún intento de tumbar al gobierno. Ese fin de semana Deivis se quedó en la casa sin salir. En el allanamiento no lo encontraron ni con arma”. Lo único que sus familiares exigen al Ministerio Público es que hagan la audiencia.
Juan Carlos Macualo Orozco, funcionario de la Policía del municipio Páez del estado Apure fue detenido en Guasdualito, el 16 de diciembre 2019, por funcionarios de la DGCIM, resalta el ONDDHH. Al día siguiente lo trasladan a la DGCIM Caracas.
“Ahí estuvo durante cuatro meses y medio”. “Cuando llega a la DGCIM le hicieron saber que lo estaban involucrando en un suceso que iba a ocurrir en el estado Sucre. Cuando lo detienen, no hubo una orden, solo le enseñaron una foto”, destaca su esposa,
“Quince días después de haberlo llevado a Caracas lo presentan en un supuesto tribunal, un domingo, a las dos de la tarde y le dicen que está detenido por terrorismo. Él me dijo que uno de los comandantes de la DGCIM le dio que sabían que él no tenía nada que ver, pero que hasta que el Gobierno decidiera iba a seguir preso. Cuatro meses y medio después, en abril 2020, lo trasladaron a la cárcel El Rodeo III, junto con el caso de los pemones, sin notificar a los abogados o a la familia”.
El Sargento Primero (GNB) Víctor Ignacio Rodríguez fue detenido por funcionarios de la DGCIM el 12 de diciembre del 2019 en el estado Barinas. Durante su traslado y ya estando en la sede de la DGCIM, Boleíta, sufrió torturas y tratos crueles.
Lo presentaron ante tribunales el 22 de diciembre 2019, acusado por terrorismo y conspiración. El 27 de abril del 2020 fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, sin notificación a sus abogados ni familiares, violando sus derechos y el debido proceso.
Según relata su familia, Rodríguez Romero estaba destacado en el regimiento Guardia del Pueblo en el municipio Barinas, estado Barinas, Comando de Zona 33. El 12 de diciembre 2019 el general del comando lo llama para una entrevista. “Cuando Víctor llega el General estaba con funcionarios de la DGCIM, quienes le preguntaron en ‘qué estaba metido’. Su respuesta fue que en nada, preguntando qué pasaba. La respuesta de los funcionarios es que hay un video de su hermano hablando en contra del Gobierno. ‘¿Qué tengo yo que ver con lo que haga mi hermano?’, fue su respuesta, pero igual se lo llevaron”.
Agrega que “su otro hermano es funcionario retirado, está fuera del país y tiene orden de detención. Pero Víctor no es responsable de eso y aun así se lo llevan a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Valencia, estado Carabobo, donde recibe golpes y maltratos para que delate el paradero de su hermano advirtiéndole que si no pagaría por él”.
El 17 de diciembre 2019 llevan a Víctor Ignacio a la DGCIM de Caracas, donde es torturado y estuvo ahí casi cuatro meses hasta que el 27 de abril 2020 lo trasladan a Ramo Verde, sin que su familia ni defensa supieran dónde estaba. El 22 de diciembre 2019 lo acusaron de terrorismo y conspiración. Hasta ahora ha pasado un año y cinco meses sin que le hayan realizado la audiencia preliminar.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos resalta que Alexis Rafael Jiménez Jiménez, oficial agregado de la Policía de Sucre, está detenido sin ninguna prueba, violando sus derechos civiles y políticos. Fue detenido por la DGCIM el 15 de diciembre 2019.
Familiares de Jiménez relataron a Infobae que a él se lo llevaron de su casa en Cumaná, estado Sucre, “sin ninguna orden y sin explicarle el porqué. Solo le dijeron que lo mandó a llamar su comandante, lo que era extraño porque se encontraba de vacaciones”.
Lo están acusando de terrorismo, asociación y conspiración política y está recluido en la cárcel El Rodeo III, estado Miranda. “Las audiencias nada que se dan, con la excusa de la pandemia”.
El argumento que le dieron a Jiménez Jiménez es participar en un chat vía WhatsApp. “Eso es absurdo, porque él ni siquiera tenía teléfono inteligente. Cuando lo detienen le dijeron que quería tomar el cuartel y el comando de la Guardia para arremeter contra el Presidente”.
La última vez que la hermana de Luis Eduardo Lira pudo verlo fue en febrero 2020, antes de aparecer la pandemia, porque no ha podido viajar hasta la cárcel de El Rodeo, pues vive a más de 12 horas en autobús del lugar.
“Las condiciones para hacerle llegar algo de comida son fuertes y difíciles porque no tenemos a ningún familiar en Caracas. La tristeza me ha golpeado por no poder ir a llevarle sus cosas por la distancia; he ido consiguiendo que me presten algún apoyo para hacerle llegar algo de las tantas cosas que él necesita”
Lira tiene 44 años y era oficial agregado de la policía de Anzoátegui cuando fue detenido el martes 17 de diciembre 2019. “Se encontraba en el puesto policial Boyacá del distrito 15 de Barcelona, cuando llegó una comisión de la DIGCIM y se lo llevó para la DGCIM de Caracas”.
El 6 de enero 2020 lo presentan y luego de varios meses en la DGCIM lo trasladan a la cárcel El Rodeo III.
En el caso de Sixto José Salamanca Jiménez, detenido en el pabellón 2 del El Rodeo III, como parte de la Operación Honor y Gloria, “fue torturado después que fue detenido, pero lo obligaron a decir que no sufrió tortura alguna por parte de los funcionarios del DGCIM”, revela un familiar del oficial jefe de policía del estado Sucre.
A él lo detienen el 13 de diciembre a las 9 de la noche. “Se encontraba de guardia en un punto de control cuando se presenta al lugar una unidad de la policía del estado con 2 funcionarios de DGCIM”. El jefe inmediato de Salamanca le pide que suba a la unidad. Así empieza el proceso que lleva de ser acusado de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
Torturado y ultrajado
El Sargento Primero de la Guardia Nacional César David Mayora Guacare también está detenido por la Operación Honor y Gloria. Él tenía siete años viviendo en Colombia y ese diciembre 2019 había ido a Caracas. Cuando el 18 de diciembre 2019, a las 4 de la tarde, salía de Caracas, a la altura de Hoyo de la Puerta un funcionario de la DGCIM sube al autobús y le pide su identificación y que baje de la unidad de transporte.
“Una vez que baja del autobús le colocan una capucha y lo suben a un vehículo, donde lo golpean preguntándole por fusiles, explosivos C4 y por determinadas personas que él aseguró desconocer”, revela a Infobae un familiar del Sargento.
“Lo trasladaron a la DGCIM y lo llevan al Servicio de Medicatura Forense el 21 de diciembre 2019, estando seriamente torturado, con luxación en el hombro y brazo dislocado y por ello aun hoy en día no puede subir el brazo izquierdo, donde presenta una protuberancia, además de que le introdujeron un palo por el ano, lo golpearon en los testículos y le colocaron electricidad en el pene, por lo que orinó sangre durante tres meses. Le lesionaron un ojo por el que casi no ve”.
“Él asegura que nunca vio a sus otros compañeros presos, porque lo tenían colgado, con el rostro encapuchado. Lo tuvieron varios días sin comer ni beber agua. El 22 de diciembre lo presentaron en el Tribunal y la defensora pública le pidió que se quitara la franela; la juez lo vio torturado y lo envió nuevamente a Medicatura Forense, pero la DGCIM se negó a hacerlo y lo regresa a la sede de la DGCIM. Ahí debía estar 45 días porque la juez dijo que había que esperar a la preliminar que no se ha dado. No sabemos qué dice el expediente”.
Está establecido que el 22 de diciembre 2019 fue presentado ante el Tribunal 2do. Especial de Terrorismo, a cargo de la Juez Hilda Rosa Villanueva Peralta, el fiscal Elin Teodoro León Aguilar y la defensora pública Marjorie Maily Maggiolo Díaz. Le imputaron Terrorismo conspiración y asociación. Actualmente, se encuentra en el Rodeo III.
La audiencia preliminar estaba pautada para el 3 de marzo 2021, pero no se llevó a cabo porque Mayora no fue trasladado al Tribunal; los fiscales son Dinora Bustamante Puerta y Karin Mora Salcedo.
El S1 Mayora Guacare tiene “problema de riñones, infección pulmonar. Actualmente presenta síntomas de infección pulmonar esgarra sangre al toser”, dice un familiar para finalizar.
Tal y como el Observatorio Nacional de Derechos Humanos destaca “esto es muestra del patrón documentado y denunciado por este Observatorio, respecto a la utilización del sistema de justicia, como brazo ejecutor de políticas represivas y de persecución política, violando así el derecho al debido proceso y todas las garantías constitucionales”.
“Reiteramos nuestro llamado a las instancias nacionales e internacionales de DDHH, para que intercedan en favor de todos los presos políticos y víctimas de estos patrones sistemáticos empleados para someter a la población”, destaca finalmente el ONDDHH.
Fuente: Infobae