Se anunciaba como el principio del fin de Nicolás Maduro. Con líderes extranjeros a cuestas y el mundo observando, los activistas anti-Maduro se reunieron en Colombia en febrero de 2019 con el objetivo de empujar almacenes enteros de ayuda -transportados en aviones de carga militares de Estados Unidos- a través de la frontera con Venezuela.
En cambio, el convoy humanitario fue bloqueado violentamente por las fuerzas de seguridad leales a Maduro, el primero de una serie de errores de cálculo en la política de la administración Trump hacia Venezuela.
Más de dos años después, la arriesgada táctica está siendo cuestionada por un organismo de control del gobierno estadounidense. Un nuevo informe del inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional plantea dudas sobre si el despliegue de la ayuda fue impulsado más por la búsqueda de Estados Unidos de un cambio de régimen que por el análisis técnico de las necesidades y las mejores formas de ayudar a los venezolanos que luchan.
Las conclusiones se publicaron el 16 de abril, pero no se había informado previamente.
El informe se centra en los pocos meses frenéticos después de que el líder de la oposición Juan Guaidó se alzara para desafiar el gobierno de Maduro, ganando rápidamente el reconocimiento como líder legítimo de Venezuela por parte de Estados Unidos y decenas de aliados.
Como parte de ese esfuerzo, USAID entre enero y abril de 2019 gastó 2 millones de dólares para posicionar 368 toneladas de suministros de emergencia en la isla caribeña de Curazao y en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Bajo las órdenes de Guaidó, se suponía que la ayuda se entregaría en Venezuela desafiando a Maduro, quien condenó el esfuerzo como un intento de golpe de Estado velado. Pero cuando una caravana organizada por la oposición que intentó entrar en Venezuela fue bloqueada en la frontera, al menos un camión se incendió, destruyendo 34.000 dólares de ayuda suministrada por Estados Unidos.
A medida que la atención de los medios de comunicación se desviaba y la lucha de Guaido para derrocar a Maduro se deshacía en los meses siguientes, la ayuda de Estados Unidos fue reutilizada en silencio. Al final, sólo ocho toneladas llegaron a Venezuela, y las 360 toneladas restantes se distribuyeron dentro de Colombia o se enviaron a Somalia, según el informe.
El informe dijo que el despliegue de ayuda de Estados Unidos respondió en parte a la campaña de la administración Trump para presionar a Maduro en lugar de simplemente acudir a la ayuda de los venezolanos que luchan.
Por ejemplo, la asistencia fue entregada innecesariamente en gigantescos aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea en lugar de opciones comerciales más baratas que estaban disponibles, dijo el informe. También se enviaron comidas preparadas para luchar contra la desnutrición infantil a pesar de que los propios expertos de la USAID habían decidido que el estado nutricional de los niños venezolanos no justificaba su uso en ese momento, dijeron los investigadores.
Para apoyar a Guaidó, la USAID -creyendo que las agencias de la ONU habían sido cooptadas por Maduro- minimizó la financiación a las Naciones Unidas, a pesar de que algunas agencias de la ONU tenían infraestructura dentro de Venezuela para distribuir la ayuda. A una organización venezolana sin ánimo de lucro, que no se identifica por su nombre en el informe, se le concedió financiación en parte por su alineación con los intereses de la política exterior de Estados Unidos, a pesar de que persistían las dudas sobre si podría cumplir los requisitos legales y financieros de la agencia.
La «directiva de preposicionar productos humanitarios no se basó en la experiencia técnica ni se ajustó plenamente a los principios humanitarios de neutralidad e independencia y de basarse en la evaluación de las necesidades», dice el informe.
Si bien los cooperantes internacionales hicieron en su momento advertencias similares sobre los riesgos de que la ayuda se politizara -el convoy de ayuda en Colombia fue precedido por un concierto «Venezuela Live Aid» organizado por el multimillonario Richard Branson-, las conclusiones de una agencia estadounidense encargada de auditar cómo se gasta el dinero de los impuestos de Estados Unidos tienen un peso adicional.
El informe, que ha tardado casi dos años en elaborarse, se preparó para abordar los retos y «riesgos de fraude» en la respuesta de USAID a la crisis venezolana. Contiene seis recomendaciones para mejorar la coordinación en toda la agencia -el principal vehículo de ayuda exterior de Estados Unidos- y reforzar los controles para evitar la politización de la acción humanitaria.
Un portavoz de USAID dijo que la agencia acogió con satisfacción las conclusiones del informe, que está aplicando, y todos los esfuerzos para mejorar la eficacia del trabajo de USAID, especialmente en entornos difíciles.
Según el informe, muchas de las decisiones procedían de la oficina del entonces administrador de USAID, Mark Green.
«La dirección verbal no establecía una clara rendición de cuentas ni proporcionaba una justificación para la toma de decisiones», decía el informe.
Un exfuncionario de la era Trump disputó algunas de las conclusiones del informe, sosteniendo que la decisión de enviar la ayuda en aviones militares fue tomada por la Casa Blanca y el Departamento de Estado por encima de las objeciones de USAID. El exfuncionario habló bajo condición de anonimato para discutir la toma de decisiones internas,
Green, en un comunicado, dijo que estaba orgulloso del trabajo de la USAID para ayudar a los venezolanos que necesitan desesperadamente asistencia con el apoyo bipartidista del Congreso.
«La crisis venezolana es una de las mayores crisis humanitarias del mundo en las condiciones más desafiantes donde el régimen ilegítimo de Maduro con
Green, en un comunicado, dijo estar orgulloso del trabajo de USAID para ayudar a los venezolanos que necesitan desesperadamente asistencia con el apoyo bipartidista del Congreso.
«La crisis venezolana es una de las mayores crisis humanitarias del mundo en las condiciones más desafiantes en las que el régimen ilegítimo de Maduro sigue poniendo obstáculos que impiden satisfacer las necesidades básicas del pueblo venezolano», dijo Green, que ahora es presidente del Woodrow Wilson Center, un think tank no partidista con sede en Washington. «La crisis venezolana es una fuerza desestabilizadora que impacta en toda la región y la asistencia sigue siendo necesaria para ayudar a salvar vidas.»
Independientemente de los errores cometidos, las acciones de la administración Trump -coincidiendo con el colapso económico de Venezuela- fueron clave para empujar a otros gobiernos y grupos humanitarios a centrarse en la difícil situación del país.
Poco después de que fracasara la caravana de entrega de ayuda de Guaidó, la USAID empezó a trabajar discretamente entre bastidores con organismos de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros grupos para hacer llegar la ayuda a Venezuela, donde esos bienes se distribuyen con frecuencia en hospitales y organismos gubernamentales controlados por Maduro.
Esos esfuerzos han continuado bajo el mandato del presidente Joe Biden y recientemente se anunció que el Programa Mundial de Alimentos pronto comenzaría a distribuir comidas a 1,5 millones de niños venezolanos en un momento de aumento del hambre en la nación rica en petróleo.
Más de 5,1 millones de venezolanos han huido del país desde 2014, algunos de ellos a pie, para escapar de la hiperinflación, la escasez generalizada de productos básicos y un sistema de salud que se desmorona.
Desde 2017, Estados Unidos ha proporcionado más de 500 millones de dólares en asistencia humanitaria y de desarrollo para responder a la crisis humanitaria, gran parte de ella a países como Colombia, Perú y Brasil que han absorbido el mayor número de migrantes.
Fuente: US News
Joshua Goodman en Twitter: @APJoshGoodman