Los grupos armados que operan en el estado de Arauca, en el este de Colombia, y en el vecino estado venezolano de Apure, controlan la vida cotidiana de las personas a través de amenazas, secuestros, trabajos forzados, reclutamiento de niños, asesinatos y extorsiones. En Venezuela lo han hecho con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad venezolanas y en ocasiones con su complicidad.
Por eso puede parecer sorprendente que las autoridades venezolanas iniciaran una ofensiva el 21 de marzo, supuestamente para combatir a los grupos armados en Apure. Pero la operación es selectiva, enfocada en un grupo disidente que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desmovilizadas, mientras que permite a otros consolidar su control sobre el narcotráfico en la zona.
El operativo desembocó en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, enjuiciamiento de civiles en tribunales militares y tortura de residentes acusados de colaborar con la guerrilla. Las víctimas niegan tener vínculos con grupos armados.
Soldados y agentes de las fuerzas de seguridad allanaron viviendas y saquearon o destruyeron pertenencias personales y alimentos. Los agentes arrestaron a personas sin orden judicial, las golpearon y amenazaron con matarlas. Los detenidos fueron recluidos en instalaciones militares.
Una fuerza policial especial se llevó a cuatro campesinos de su casa. Sus cuerpos fueron encontrados a una milla de distancia con cortes, heridas de bala y huesos aparentemente dislocados. Los expertos forenses concluyeron que las fotos de los cuerpos sugieren que habían sido movidos y que podrían haberles colocado armas de fuego y granadas en las manos.
Miles han huido a Colombia.
Los abusos atroces en Apure no son incidentes aislados de agentes deshonestos, sino consistentes con prácticas sistemáticas en Venezuela que han sido examinadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional y la misión independiente de investigación de las Naciones Unidas en Venezuela. Ambos encontraron evidencia de crímenes de lesa humanidad. La misión de la ONU encontró “motivos razonables” para implicar al presidente Nicolás Maduro ya sus ministros del Interior y de Defensa. El fiscal de la CPI prevé determinar si existe una base razonable para proceder con una investigación formal antes de julio.
Estos órganos, como parte de su trabajo en curso, deben evaluar la posible responsabilidad de los directamente implicados y de los comandantes y autoridades de alto nivel que pueden haber ordenado abusos, o tener la responsabilidad de no prevenir los delitos o responsabilizar a los responsables.
Con impunidad en casa, las vías internacionales son la única esperanza de justicia.
Fuente: Human Rights Watch