Hace 13 años se publicó en Venezuela un libro que marcaría un hito en los estudios sobre la violencia delincuencial. Este país, tras los sucesos del Caracazo en febrero de 1989, pasó a estar a la cabeza de muertes por armas de fuego. Desde entonces, como lo ha señalado el sociólogo Luis Pedro España, Venezuela cayó en la espiral de la violencia.
En 2020, Venezuela fue el país con más muertes violentas de toda América Latina.
Y salimos a matar gente, así se titula el libro que en 2007 publicara el sacerdote y analista social Alejandro Moreno. La explicación está en la misma portada, el título es seguido de una precisa explicación: «Investigación sobre el delincuente venezolano violento de origen popular». El estudio de Moreno, junto a su equipo del Centro de Investigaciones Populares, marcó un hito al ahondar en la vida del victimario. La prensa y otros estudios estaban enfocados en detallar las historias de las víctimas de la violencia.
Moreno, fallecido a fines de 2019, escuchó y transcribió sin juzgar diversas historias de vida de delincuentes violentos venezolanos. El título de su trabajo puede extrapolarse a otra realidad de muerte y violencia que ocurre en Venezuela, pero ya no a manos delincuentes, sino de quienes en teoría deben proteger el orden público y hacer cumplir la ley.
Dos informes publicados casi simultáneamente han dejado en evidencia que en Venezuela los cuerpos policiales y militares «salen a matar gente». Con el chavismo se ha entronizado una máquina de asesinatos.
De acuerdo con la cifra ofrecida por el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en Venezuela durante 2020 ocurrieron al menos 2.853 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Una simple operación aritmética nos coloca ante una cifra reveladoramente dramática: cada tres horas efectivos militares y/o policiales acaban con la vida de un venezolano. Cada día ocurrieron ocho asesinatos.
PROVEA es la más antigua organización de derechos humanos de Venezuela y justamente se ha caracterizado en más de tres décadas por su fortaleza en el campo de la documentación de violaciones a los derechos humanos.
Otra fuente calificada, la Misión de Verificación de los Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alertó en Ginebra que en los dos primeros meses de este 2021 ellos registraron al menos 200 ejecuciones extrajudiciales. La máquina de matar sigue activa.
La Misión de Verificación de los Hechos tiene por mandato documentar violaciones a derechos humanos, que al hacerse masivas y sistemáticas puedan considerarse crímenes de lesa humanidad.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, la misión advirtió en su informe de septiembre pasado que el Estado debe hacer todo lo posible por prevenirlas, y en el caso de que ocurran investigarlas y sancionar a los responsables. Nada de eso ocurre con el régimen de Nicolás Maduro.
En realidad, sucede lo contrario. Desde el poder se respalda a los cuerpos señalados de los casos de ejecuciones extrajudiciales. Un caso emblemático está en torno a las letales Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas bajo el gobierno de Maduro y señaladas por PROVEA como «un grupo de exterminio».
En 2020 las FAES estuvieron involucradas en uno de cada cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales. Desde 2019 la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha solicitado su disolución. Por el contrario, Maduro colocó a las FAES, por ejemplo, dentro de un desfile de unidades militares, con lo cual estableció un hecho sin precedentes.
Una investigación periodística de la agencia Reuters apuntó al nudo de esta problemática. En el caso de las FAES, específicamente, el Gobierno de Maduro incorporó como agentes policiales a delincuentes condenados.
La criminalidad en Venezuela porta uniforme y permiso para matar.
Fuente: Diario de Cuba