Un conjunto de leyes que se debatirán en Venezuela podría limitar aún más los derechos de los ciudadanos, advierten los expertos.
Se solicitó a la recién formada Asamblea Nacional del país que revisara 34 leyes a principios de este mes, incluida la Ley de Responsabilidades Sociales en Radio, Televisión y Medios Electrónicos o “Ley Resorte”, que regula los medios; y la Ley de Cooperación Internacional, que rige el funcionamiento de los grupos de la sociedad civil en Venezuela.
No se han hecho públicos detalles sobre las reformas que se pueden proponer, pero los grupos de derechos humanos y aquellos que dependen de plataformas como Twitter para acceder a información independiente expresaron su preocupación de que cualquier revisión podría limitar la libertad de prensa.
Ali Daniels, director del grupo de derechos civiles sin fines de lucro Acceso a la Justicia, dijo a VOA que los planes de reforma son una prueba más de que el gobierno venezolano busca controlar los pocos espacios sobre los que tiene un control mínimo.
«Si quieres controlar el contenido en las redes sociales, lo que realmente quieres controlar es la disidencia y las manifestaciones de libertad de expresión que se hacen a través de ella», dijo Daniels.
José Gregorio Correa, miembro de la recién formada Asamblea Nacional, dijo a la VOA que cree que se necesitan algunas enmiendas para actualizar la ley Resorte, pero que el gobierno debe evitar medidas que restrinjan la libertad de expresión.
«Es necesario que hagamos algunas modificaciones y lo adaptemos a las nuevas realidades. Yo no creo en las restricciones, creo en las responsabilidades», dijo Correa, y agregó: «No creo que el Estado pueda interferir en la libertad de expresión de las personas. . »
Los periodistas, incluidos los que usan las redes sociales, tienen la «obligación de responder», dijo Correa, y agregó: «No creo que las redes sociales deban restringirse, sino que quienes las usan deben rendir cuentas».
La VOA intentó comunicarse con otros miembros de la nueva Asamblea Nacional para obtener comentarios, pero no respondieron a las solicitudes.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países no reconocen la recién formada Asamblea Nacional de Venezuela, diciendo que las elecciones de diciembre, que la oposición boicoteó en gran medida, no cumplieron con los estándares internacionales.
Libre expresión limitada
Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, dijo que le preocupa que las reformas legales a la Ley de Cooperación Internacional puedan usarse para limitar las críticas a los abusos de derechos y, en última instancia, significar mayores restricciones a la libertad de expresión.
La ley otorga a los grupos de derechos un estatus legal en Venezuela y rige cómo operan, incluido el acceso a financiación extranjera.
Uzcátegui dijo que cualquier intento de restringir la ley podría dañar la capacidad de los grupos de derechos para investigar abusos y dificultar la tarea de los grupos que «denuncian situaciones que son perjudiciales para las personas y los derechos humanos».
Fran Monroy, un periodista de Caracas que se especializa en tecnología, dijo que la revisión podría señalar el «comienzo del fin de las redes sociales en Venezuela».
El espacio para los reportajes independientes se ha reducido en Venezuela bajo la presidencia de Nicolás Maduro, según el organismo de control de los medios Reporteros sin Fronteras. El país ocupa el puesto 147 de 180, donde 1 es el más libre, según el índice anual de libertad de prensa del grupo.
Las estaciones de radio y televisión que transmiten contenido crítico han perdido el acceso a las frecuencias de transmisión, y las presiones legales y económicas han provocado el cierre de los medios de comunicación o la huida de los periodistas.
Las redes sociales han llenado el vacío dejado por los medios tradicionales, pero eso también puede traer represalias.
La organización no gubernamental Espacio Publicó ha documentado 25 casos de detenciones de ciudadanos por publicar contenidos en plataformas digitales.
Twitter también ha entrado en conflicto con el gobierno de Maduro.
En 2020, el sitio de redes sociales suspendió docenas de cuentas vinculadas al gobierno y al ejército, incluido el Ministerio de Petróleo, informó Reuters.
Posteriormente se restauraron algunas cuentas. En ese momento, Twitter dijo que tenía sistemas configurados para detectar «manipulaciones de plataforma» que los usuarios de cuentas pueden apelar si se suspenden por error.
Fuente: Voice of America. María Elena Little Endara contribuyó a esta historia.