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Diciembre 27, 2016.-Hasta hace un mes eran desaparecidos. Desde octubre, las madres de la docena de hombres deambularon durante 43 días por comandancias de la Guardia y oficinas de la Defensoría y del Ministerio Público tras un rastro. Solo sabían que sus hijos habían sido arrestados por militares durante un despliegue de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en Barlovento, un plan creado por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la criminalidad. La fatigosa búsqueda solo terminó la tarde del 25 de noviembre. Ese día, las autoridades policiales hallaron una docena de cadáveres mutilados en dos fosas comunes.
En Barlovento, un poblado del Estado de Miranda (norte de Venezuela), todavía denuncian desapariciones forzadas ocurridas durante operaciones militares. El miércoles, Delsa Solórzano, diputada opositora del Parlamento, confirmó que siguen sin pistas de otros hombres. “El Gobierno cree que ya cumplió y se acabó. Pues no es así. Violar es delito y su persecución no prescribe. Exigimos que continúe la búsqueda de los desaparecidos y se sancione a todos los responsables sin excepción”, escribió en Twitter.
A la OLP se le acusa de diezmar los barrios pobres de Venezuela. Por su letalidad, son comparadas con escuadrones de la muerte de Brasil. Los grupos de élite que actúan en estos procedimientos de seguridad han asesinado a más de 750 presuntos delincuentes, practicado 15.000 detenciones arbitrarias y 18.000 allanamientos en viviendas en los barrios pobres de distintas ciudades venezolanas desde el inicio del programa, a mediados de 2015. Estas razias han sido denunciadas por organizaciones como Human Rights Watch (HWR), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y, recientemente, Amnistía Internacional.
Antes, estas incursiones armadas contaban con la complicidad de la población. Hace un año, ocho de cada 10 venezolanos decían estar a favor de la operación que creían los rescataría de la apabullante inseguridad, según una encuesta de la firma Hinterlaces. Pero la OLP ha acabado por aportar más sangre a un país ya herido por la violencia. Con un escalofriante récord de homicidios, Venezuela es la nación más peligrosa de Sudamérica. Se prevé que este año acabe con 30.000 asesinatos. Para los especialistas en seguridad ciudadana el Gobierno ha errado al aplicar planes efectistas: ataca las consecuencias, mientras las causas siguen intactas.
Inti Rodríguez, investigador de Provea, sigue el pulso a la Cota 905, el barrio de Caracas donde fue la primera OLP. “Los vecinos se sienten más desprotegidos que nunca. Su situación ha empeorado”, afirma. El sector fue sacudido por los comandos policiales y militares, montados en patrullas y helicópteros, el 13 de julio de 2015. Ese día murieron 14 presuntos criminales, 134 personas fueron arrestadas, se produjeron varios allanamientos y 15 coches robados fueron recuperados.
La estruendosa inauguración de la OLP fue televisada. Para muchos, la maniobra fue considerada un acto de “justicia” y un golpe contra la delincuencia organizada. Pero las bandas criminales no se desprendieron de sus feudos. Después del operativo, y otros despliegues de seguridad, hubo una escalada de violencia en la Cota 905 que sigue restando vidas.
El perfil de los buscados
Ninguno de los desaparecidos y asesinados en Barlovento tenía antecedentes judiciales. Eran campesinos, obreros, padres de familia y hasta un estudiante de la Marina. “¡Eran buenos muchachos! La mayoría no se conocía. ¿Quién iba a imaginar que los militares, los encargados de dar seguridad al pueblo, serían los responsables de sus muertes?”, dice Petra Pérez, madre de un joven asesinado.
Por la masacre fueron detenidos 18 militares que aguardan por un juicio. Hasta ahora se desconoce qué los motivó a matar a una docena de hombres y torturar a otros ocho. María Isabel Silva, madre de uno de los asesinados en Barlovento, cree que su hijo murió por ser pobre. “Los militares piensan que en los barrios la gente no tiene derechos por ser negros, campesinos o mujeres sin estudios. Por eso matan sin remordimiento”, dice. El retrato robot de los asesinados en este tipo de operaciones es el de un hombre de mediana edad, pobre y con antecedentes judiciales.
Provea ha denunciado que el Gobierno ha “criminalizado” a los pobres, mientras que la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz —que acompaña a las víctimas de Barlovento— advierte un incremento en las muertes extrajudiciales. “Existen casos documentados, pero no se denuncian. Hay mucho temor. En el país tenemos una ley que protege a los testigos de crímenes, pero en algunos casos se cumple y en otros no”, subraya Laura Roldán, directora de la red.
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