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“Todos necesitamos pensiones más dignas para poder vivir como corresponde, en mejores condiciones, para poder ser un poquito más felices también”, aseveró Bachelet.
La mandataria, acompañada por los ministros de Desarrollo Social, Marcos Barraza; y del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, señaló que “Chile es un país donde las personas mayores son cada vez más, viven más y por lo tanto, requieren que, como sociedad, nos preparemos para priorizar su cuidado, responder a sus necesidades y darles un trato preferente”.
La ley, que comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2017, fija además de manera permanente la regla de cálculo del Aporte Previsional Solidario de Vejez, lo que supone que algunos beneficiarios no vieran disminuidos los montos de sus aportes solidarios.
Uno de los principales objetivos del Sistema de Pensiones Solidarias es la prevención de la pobreza en la tercera edad o en caso de invalidez.
La financiación de las prestaciones otorgadas por este pilar provienen de ingresos generales de la Nación, lo cual convierte el beneficio en uno de carácter solidario.
A este pilar pueden acceder aquellas personas que tuvieron una participación nula en algún régimen previsional o muy baja en el sistema de pensiones contributivo.
En esta línea, Bachelet afirmó que la ley, en referencia a los trabajadores, trata de “reconocer sus derechos, (…) garantizar que puedan vivir esta etapa sin temor por la pobreza o por el desamparo. Este ha sido un objetivo importante para mí como presidenta, en el que he puesto esfuerzos desde mi primer Gobierno”.
Además, la mandataria chilena recordó que “el reajuste anual, que beneficia a todas las pensiones básicas solidarias y aportes previsionales solidarios según la inflación, se calculará sobre este 10 % extraordinario. Es decir, el reajuste de julio próximo se hará sobre la pensión ya recalculada”.
“El resultado de estas modificaciones, en simple, es que a partir del próximo año, 1.357.000 pensionados verán aumentadas sus pensiones en una décima parte (…) Se trata de un aporte adicional de recursos públicos de más de 135.000 millones de pesos (unos 200 millones de dólares)”, añadió.
Esta reforma llega en un momento de debate sobre el sistema de pensiones en el país austral.
El pasado julio más de 750.000 personas salieron a la calle para exigir el término del sistema privado de pensiones, regido por las Administraciones de Fondo de Pensiones (AFP), un sistema impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet.
Desde entonces, los chilenos están obligados a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por dichas entidades administradoras.
Es por ello que la pensión que reciben los trabajadores chilenos cuando se jubilan está determinada por la fluctuación de los mercados y el rendimiento de los fondos que los asalariados depositan mensualmente en las AFP.
Según distintos estudios, la gran mayoría de los jubilados del país austral cobra unas pensiones equivalentes a entre un tercio y la mitad de los ingresos que han recibido durante su vida laboral.
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