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CIUDAD DE MÉXICO – El presidente de México, Enrique Peña Nieto propuso un cambio a su reforma al sistema judicial para que el procurador general que nombró recientemente no se convierta automáticamente en el primer procurador independiente, respondiendo así a las críticas de que el nombramiento podría socavar los esfuerzos anticorrupción.
Peña Nieto presentó una propuesta al Senado para hacer el cambio constitucional, según indicó la presidencia en un comunicado el martes.
A finales de octubre, Peña Nieto nombró a Raúl Cervantes Andrade como nuevo procurador general. Bajo los cambios constitucionales hechos en 2014, Cervantes se habría convertido automáticamente en el primer procurador independiente apenas se aprueben leyes secundarias y comience a funcionar la oficina del procurador.
Aunque Cervantes fue confirmado con una mayoría abrumadora en el Senado, incluyendo el apoyo de múltiples partidos, los líderes civiles y analistas criticaron el nombramiento debido a que pone a un miembro tradicional del partido de gobierno y aliado cercano del presidente a cargo de dispensar justicia hasta 2026, mucho después que el sucesor de Peña Nieto complete su mandato.
Los críticos vieron esto como un obstáculo a los esfuerzos para enfrentar la corrupción y proteger a los funcionarios actuales y futuros de posibles cargos después que dejen el poder.
De ser aprobada la propuesta que Peña Nieto envió el lunes al senado, el nombramiento del primer procurador independiente quedaría en manos del senado. La presidencia dijo que la reforma judicial, incluyendo el cuestionado artículo, provino de una serie de iniciativas en el congreso y no de la rama ejecutiva.
Esta no es la primera vez que Peña Nieto, cuyo mandato de seis años termina en 2018 y no tiene permitida la reelección, ha respondido a las críticas de las leyes anticorrupción.
En junio, el presidente vetó parte de una ley anticorrupción aprobada por el congreso que habría aplicado medidas contra pagos a firmas y personas del sector privado, la cual causó la cólera de los líderes del sector empresarial, quienes dijeron que la medida haría que el sistema no funcionara. El congreso alteró la ley para eliminar la controversial cláusula.
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