Lo que no pudiste ver gracias a la censura

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La hegemonía comunicacional es parte del Plan de la Patria diseñado por Hugo Chávez. El cierre de RCTV en 2007 fue el primer ingrediente de este cóctel de censura. Le siguieron la suspensión de concesiones radioeléctricas a algunas emisoras, la persecución a periodistas, las millonarias multas que ahogaron a medios de comunicación, y la venta de periódicos y canales de televisión a grupos cercanos al Gobierno.

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) publicó en marzo de 2015 los resultados de un estudio sobre el opaco cambio de dueños de los medios que titularon “Propietarios de la censura en Venezuela”. El informe revela que más de 25 medios del país han cambiado de manos en los últimos cinco años.

Los casos más relevantes, por su escala nacional, fueron las ventas de la televisoraGlobovisión, la Cadena Capriles —ahora Grupo Últimas Noticias— y el diario El Universal.

Globovisión fue vendido a los dueños de Seguros La Vitalicia: Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero. La nueva gerencia prometió que no habría cambios en la línea editorial. Pero poco a poco, comenzó a prohibir a los periodistas hacer reportajes de investigación, con la excusa de que querían “noticias planas”.

Según el informe de Ipys, se les dijo a los periodistas que no debían hablar de desabastecimiento, colas, o “guarimbas”. Los reportajes sobre las protestas contra en Gobierno durante el primer semestre de 2014 se redujeron al mínimo y los transmitían al final del noticiero, sin las imágenes más elocuentes.

El evidente cambio de línea editorial provocó una estampida entre los anclas y reporteros más conocidos de la planta televisiva que durante 15 años fue un canal crítico con el gobierno de Hugo Chávez.

También en 2013 se concretó la venta de la Cadena Capriles, uno de los conglomerados más grandes, que edita tres diarios; entre ellos Últimas Noticias, el de mayor tiraje en el país.

“Las ventas fueron antecedidas por una serie de presiones con el inicio de procesos judiciales, que cayeron tras el cambio de dueños y de línea editorial”, explicó Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela.

A continuación, algunas de las noticias que usted nunca conoció por la censura.

Cuando Carlos Zuloaga pactó la venta de Globovisión puso una condición a sus compradores: entregar el canal después de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Esto, con el fin de que la oposición pudiera tener una ventana donde mostrar los actos de campaña de Henrique Capriles Radonski, quien competía contra Nicolás Maduro.

Los métodos para coberturas, las decisiones editoriales e incluso el contenido informativo producido por el canal cambiaron con su nueva línea editorial tras la llegada de los nuevos propietarios. Las informaciones y actividades de las organizaciones políticas que militan en la oposición dejaron de tener un espacio en la programación del canal.

El comando de campaña de Capriles estrenó entonces un canal en Internet denominado Capriles.tv, que transmite las alocuciones y ruedas de prensa del gobernador de Miranda. Para las elecciones de alcaldes en diciembre de 2013, la campaña de la oposición se vio reducida a las transmisiones de sus ruedas de prensa por canales en internet.

Para los venezolanos se acabaron los días en que podían ver en sus televisores en directo, mediante la transmisión por microondas. Un caso emblemático ocurrió el 12 de febrero de 2014, cuando tras la marcha del Día de la Juventud que pretendía llegar hasta la sede del Ministerio Público se desencadenaron hechos de violencia en el centro de Caracas que causaron la muerte de Bassil Dacosta, Juancho Montoya y Roberto Redman en Chacao.

Ese día, la única televisora que transmitió lo que sucedía en la esquina de Monroy y Tracabordo —en el centro de Caracas— fue el canal internacional de noticias NTN24.

Mientras la cadena con sede en Colombia difundía imágenes de lo que pasaba, la periodista  Idania Chirinos desde el estudio en Bogotá, alertó a los televidentes de que la señal había sido suspendida en toda Venezuela por órdenes del Estado.

Al aire, Chirinos recordó el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007. “Fue un momento doloroso ver perder una señal de 50 años. Así vimos cómo comenzaban a apagarse las ventanas para que los venezolanos estuvieran informados. Nunca pensé que años después, trabajando fuera de mi país, también me tocaría narrar el momento en que tumban una señal de TV”.

El asesinato del joven Bassil Dacosta por disparos de agentes del Sebin fue cubierto en el lugar por el reportero gráfico de El Nacional, Alejandro Hernández, quien logró las únicas imágenes del hecho para un medio de comunicación local. Sin embargo, el material gráfico recolectado en un video no fue publicado por El Nacional. La gerencia editorial del medio prohibió publicar el video desde la cuenta del diario en Youtube por temor a una advertencia hecha en un comunicado de Conatel publicado  el 11 de febrero, un día antes de la manifestación.

Conatel alertó que la cobertura informativa de “los lamentables hechos de violencia” en Venezuela puede ser considerada “violatoria a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, lo que además acarreaba responsabilidades penales.

Una práctica común luego de la venta de los medios ha sido la de prohibir a los reporteros informar sobre ciertos temas, utilizar declaraciones de determinadas personas o incluso cubrir eventos o pautas sobre la gestión de algunos funcionarios de oposición.

Patricia Marcano, periodista que trabajó en Últimas Noticias, relató que en noviembre de 2014, durante una guardia de fin de semana, los jefes decidieron remover dos notas pequeñas de la edición impresa: “Una tenía que ver con ayudas entregadas por la Alcaldía de Sucre y otra era de la Alcaldía Metropolitana, también de ayudas sociales. No hubo explicaciones. En esos espacios colocaron notas de prensa de ministerios”.

Marcano, entonces reportera para la sección de “Información General”, afirmó que con frecuencia recibían reclamos, por parte de los nuevos jefes, sobre publicación de declaraciones del alcalde metropolitano Antonio Ledezma. “Todas las notas sobre eventos, trabajos y arreglos hechos por esta alcaldía, y donde saliera declarando Ledezma eran criticadas, mandadas a reducir de tamaño o incluso tumbadas, siempre por el director Eleazar Díaz Rangel”, indicó.

La periodista agregó que tras la publicación de una entrevista a Ledezma sobre las actividades por celebración del aniversario de Caracas en 2013, Díaz Rangel “intervino la sección y desde ese momento revisaba meticulosamente todas las páginas de la sección antes de cerrarlas y enviarlas a impresión”.

Según Marcano, una de las nuevas reglas era censurar la publicación de cualquier información sobre los dirigentes o voces disidentes dentro del chavismo. “Recuerdo instrucciones de no publicar nada sobre Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro y ningún disidente del Psuv. Ni en papel ni en la web”.

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, también está “vetado” en ese diario. Para Últimas Noticias —explicó la reportera— no existe la escasez, o al menos, no debe ser reseñada.

Con el último cambio de coordinador de la sección de ciudad se omiten deliberadamente todas las informaciones provenientes de las alcaldías metropolitana, Sucre, Baruta y El Hatillo. Quedan reducidos a breves.

La periodista Patricia Marcano dijo que en Últimas Noticias se redujo el espacio de sucesos. “Dejaron de salir como noticia abridora en la última página, se les da menos espacio en las páginas internas y por ende sólo queda la reseña de los sucesos sin opción a seguimientos y a informaciones adicionales que los reporteros obtengan de sus fuentes”.

La reportera de Últimas Noticias confesó que en el periódico se intervienen las notas “para borrar párrafos que alerten sobre una calle peligrosa por falta de alumbrado o patrullaje, o para eliminar el testimonio de una persona que pide se mejore algún servicio”.

Dijo que pareciera que los nuevos directores tienen miedo a la autocrítica, que nada puede ser cuestionado. “La posibilidad de influir en un funcionario responsable de la carencia de un producto o las deficiencias en la prestación de un servicio, para obligarlo a responder sobre estas falla y comprometerlo en su solución queda anulada al no publicar las denuncias”, indicó.

Marcano, quien renunció al diario tras el cambio de propietarios y línea editorial, considera que queda también anulada la función social del periodismo y prevalece la promoción de las instituciones oficiales. “La gente ya no se ve reflejada en esas páginas. Incluso varias fuentes de comunidades y gremios dejaron de llamar para hacer denuncias con la esperanza de que al publicarlas, solucionaran el problema, porque dan por hecho que no se publica esa información”, lamentó.

Roberto Deniz, quien trabajó en la fuente económica de El Universal durante 7 años (hasta el 11 de noviembre de 2014), reveló que ese diario ha silenciado por completo los temas de crisis económica. “Durante meses ni siquiera decían que el petróleo bajaba, sino ‘se ubicó’. No se habla del tema de la escasez y el desabastecimiento”.

Recuerda que el nuevo director presionó mucho a la sección de economía. “Nos pedía un ‘periodismo plano’, que no se compararan datos, que no se contextualizara, sino que sólo reseñáramos la información oficial y ya”.

Deniz cuenta que una vez la directiva mandó a decirles que no les gustaba que se citara a Ecoanalítica “porque ellos eran de oposición”.

En general, las instrucciones de Jesús Abreu Anselmi, director de El Universal,  eran las de reducir contenidos realmente noticiosos por otras cosas “didácticas” o alentadoras como la “historia de vida” que publica todo los días en primer plana, según cuenta el reportero.

Una investigación elaborada por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), publicada el 16 de abril de 2015, reveló que dos venezolanos recibieron en 2004 pasaportes diplomáticos como “asesores” de Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, y utilizaron los documentos para lavar más de un millón de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) presuntamente provenientes del tráfico internacional de drogas.

El reportaje ocupó primeros lugares en las páginas de inicio de alrededor de una decena de portales nacionales y diez internacionales de la talla de El Mundo de España, El Tiempo y El Espectador de Colombia y La Tercera de Chile. Además, circuló en las versiones impresas de los diarios regionales La Verdad, El Impulso, Correo del Caroní.

Sin embargo, para los diarios venezolanos de circulación nacional más importantes la noticia de la vinculación de funcionarios en una investigación judicial por lavado en Andorra pasó “por debajo de la mesa”. Pese a que el CIPI consignó numerosas pruebas para sustentar su trabajo, El Nacional dedicó solo un video que fue tomado de Ver TV Noticias, para tratar de explicar a sus lectores el caso. El Universal hizo un silencio absoluto.

Últimas Noticias resumió el extenso informe a una nota de seis párrafos de dos líneas en el que se omiten los nombres de los principales implicados: Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez. Este diario sí publicó de manera íntegra dos notas oficiales que negaban la entrega de pasaportes diplomáticos a los funcionarios.

El portal del canal Globovisión se limitó a tomar el análisis hecho por la agencia AFP, sin fotografías de las evidencias. En VTV tampoco se publicó la nota original, pero sí la réplica. Para la Radio Nacional de Venezuela la noticia no existió.

La periodista Beatriz Adrián relató varios episodios en los que trataron de censurar su trabajo en Globovisión. Asegura que la primera vez que se topó con esta práctica fue cuando preparó una nota sobre una declaración del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski.

“La coordinadora de información me dijo que la nota no saldría. Cuando pregunté la razón me dijeron que le preguntara a Mayela León, directora de Globovisión. Le escribí por Whatsapp”.

(Chat entre Beatriz Adrián y Mayela León):

—¿Por qué censuras a Capriles?

—Eso no es censura.

—¿Qué es entonces?

—Decisión de la directiva.

La gota que derramó el vaso, y que finalmente fue el motivo de su renuncia llegó el 12 de febrero de 2014. La periodista observó que había una gran marcha de estudiantes que iría desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio Público, pero no estaba siendo transmitida por su canal.

Beatriz Adrián, renunció al día siguiente junto con otros periodistas, entre los que estaban Jessica Morales, Elizabeth Gaona, Cecilia Colmenares y Marianna Gómez.

Reproducir una información divulgada por el diario ABC de España sobre la presunta vinculación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con las actividades del Cartel de los Soles le valió a los dueños y directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla una demanda millonaria, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de abril de 2015.

En caso de que el procedimiento judicial resulte favorable para Cabello, 22 personas deberán pagarle un monto de 300 mil bolívares. Los abogados defensores de Cabello solicitan al juez que emita medidas cautelares de presentación periódica ante un tribunal cada ocho días y prohibición de salida del país contra Alberto Federico Ravell, dos trabajadores de La Patilla; Miguel Henrique Otero y catorce personas pertenecientes a la junta directiva del diario El Nacional; Teodoro Petkoff y tres miembros más de diario Tal Cual.

Cabello ya había introducido, en enero de 2014, una querella contra Tal Cual. El motivo fue la atribución al funcionario de una frase que nunca había dicho. El medio aceptó su error, pero esgrimió que la cita incorrecta representaba solo 2% del texto. Adicionalmente, los involucrados reclaman que el presidente del Parlamento se haya saltado el derecho a réplica, proceso previo a la demanda.

Otras seis demandas, para un total de ocho, ha acumulado el periódico dirigido por Teodoro Petkoff en los 15 años de chavismo. Antes de cambiar su línea editorial el canal Globovisión tenía en su haber 11 procedimientos administrativos.