[ad_1]
WASHINGTON— La muerte de Fidel Castro está poniendo una presión imprevista sobre el presidente electo Donald Trump para que cumpla promesas de campaña de revertir la reciente apertura a Cuba impulsada por el gobierno de Barack Obama.
Aunque Trump podría poner fin a los esfuerzos de Obama, que fueron implementados mediante el uso de la denominada autoridad ejecutiva, es decir sin pasar por el Congreso, podría enfrentar la reacción de las compañías estadounidenses que han apostado fuertemente a Cuba bajo la política de apertura. Entre tales empresas figuran las principales aerolíneas, operadores de hoteles, proveedores de tecnología y operadores de telecomunicaciones que han firmado acuerdos de itinerancia o roaming en la isla.
Algunos de los principales colaboradores del presidente electo dijeron el domingo que exigiría la liberación de presos políticos detenidos en Cuba y que presionaría a La Habana para que amplíe las libertades religiosas y económicas. Reince Priebus, el jefe de gabinete de la Casa Blanca designado por Trump, manifestó que el presidente electo revertiría “absolutamente” las políticas de Obama si no obtiene de Cuba las concesiones que pretende.
“No vamos a tener un acuerdo unilateral que venga de Cuba a Estados Unidos sin cambios en su gobierno”, dijo Priebus el domingo en el canal de cable Fox News. “Represión, mercados abiertos, libertad religiosa, prisioneros políticos —estas cosas tienen que cambiar para que tengamos relaciones abiertas y libres, eso es lo que cree el presidente electo Trump y ahí es adónde se va a dirigir”.
El senador de origen cubano Marco Rubio, crítico de la apertura de Obama, señaló en la cadena de televisión CBS que espera que Trump examine los cambios introducidos en la política estadounidense y que considere si fomentan o no la democracia.
Ana Rosa Quintana, experta en América Latina del centro de estudios conservador Heritage Foundation, prevé que Trump revierta las regulaciones que permiten a las empresas estadounidenses interactuar con entidades estatales cubanas.
Obama anunció en diciembre de 2014 que su gobierno había llegado a un acuerdo con Cuba para comenzar a normalizar relaciones. Desde entonces, ambos países reabrieron sus respectivas embajadas y Estados Unidos ha relajado las restricciones comerciales y de viajes a la isla.
A pesar de contar con apoyo bipartidista, el Congreso estadounidense se ha negado para levantar el embargo económico a Cuba, algo que funcionarios del actual gobierno han dicho que es necesario para normalizar completamente las relaciones.
La senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota y coautora de un proyecto de ley bipartidista para levantar el embargo, dijo que hasta que los líderes republicanos permitan una votación sobre ese proyecto, sus partidarios están “bloqueados”.
Esto le otorga a Trump amplias facultades para volver a restringir las relaciones con Cuba, dijeron abogados y ex funcionarios especializados en la política de sanciones.
Las más vulnerables parecen ser las regulaciones que permiten a empresas estadounidenses tratar con entidades estatales cubanas, como las normas que dejan que usen usar distribuidores estatales como intermediarios con el sector privado, indicaron ex funcionarios y abogados.
Peter Harrell, un ex miembro del Departamento de Estado que participó en la elaboración de sanciones durante el gobierno de Obama, prevé que Trump “reduzca los tratos con el Estado cubano” pero que “permita que [las regulaciones para] viajar y la empresa privadas sigan adelante”.
Otra medida que Trump podría revertir es la decisión de Obama a principios de año de permitir los llamados viajes “de contacto de pueblo a pueblo”, que básicamente eliminó la prohibición de viajar y que, según los críticos, fue demasiado lejos. Según cifras del Departamento de Estado, 700.000 estadounidenses viajaron a Cuba en 2015, un aumento respecto de años anteriores.
“No me sorprendería que [esta medida] se rescinda”, dijo Robert Muse, un abogado de Washington que asesora a compañías que quieran hacer negocios en Cuba.
Los opositores republicanos a la política de Obama en Cuba —incluyendo a Mauricio Claver-Carone, que está en el equipo de transición de Trump en el Departamento del Tesoro— han criticado un acuerdo firmado a principios de este año por Starwood Hotels con el gobierno de La Habana que transfirió a la compañía la gestión de un hotel perteneciente al brazo turístico del ejército cubano. Harrell dijo que Trump podría reconsiderar esa autorización o la de licencias similares en el futuro.
Jeff Flaherty, portavoz de Marriott International Inc., actual propietario de Starwood, dijo que es prematuro evaluar qué efecto tendrá el gobierno de Trump en sus negocios en Cuba.
“Es demasiado pronto para saber exactamente lo que podría significar para las empresas que han invertido en Cuba y que están ofreciendo oportunidades para el pueblo cubano, pero seguimos interesados en formar parte de esas conversaciones”, observó.
Claver-Carone no respondió a las solicitudes de comentarios.
Además del apoyo de las empresas que buscan invertir en Cuba, la política de Obama tiene un fuerte respaldo en otro bastión republicano: la industria agrícola.
Kevin Paap, presidente de la Oficina de Granjeros de Minnesota, dijo que votó por Trump pero que no quiere que el próximo gobierno tome medidas que pongan aún más en desventaja a los agricultores estadounidenses en el mercado cubano.
“Todos los países del mundo tienen relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, y no queremos ceder cuota de mercado a la Unión Europea, Brasil, Argentina”, dijo Paap, quien agregó que la participación de mercado de la producción agraria estadounidense en Cuba ha disminuido en los últimos años, ya que otros países son capaces de proporcionar una mejor financiación.
La Casa Blanca ha estado trabajando para facilitar nuevas inversiones de empresas estadounidenses en Cuba, tratando de consolidar los lazos comerciales entre los dos países antes de que Obama abandone el cargo. Hay nuevos anuncios previstos para las próximas semanas y todavía no está claro cómo la muerte de Castro podría afectar esos esfuerzos.
Las posibles críticas de las empresas estadounidenses han sido el seguro de facto de la Casa Blanca para sustentar el acercamiento a Cuba.
En marzo, Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba después de 88 años, y muchos funcionarios de su gobierno han ido a la isla para promover las relaciones económicas y culturales.
Matt Miller, un vocero de American Airlines, dijo que la compañía avanza “a toda velocidad” con sus planes para expandir esta semana su servicio de Estados Unidos a Cuba para incluir vuelos a La Habana desde Miami y Charlotte, Carolina del Norte.
Para consolidar la política de Obama, el gobierno también depende de los legisladores que representan estados agrícolas que se beneficiarían del comercio con Cuba y del número creciente de cubanoamericanos que apoyan la liberalización de las restricciones de viajes y les permiten enviar más dinero a sus familiares en la isla.
El representante Tom Emmer, republicano de Minnesota, un acérrimo defensor del levantamiento del embargo que también apoyó a Trump en la elección, espera que el nuevo gobierno aproveche la muerte de Castro para avanzar en la normalización de los lazos.
“Esperemos que el gobierno de Trump construya sobre lo que ya ha sido creado, entendiendo que es un nuevo día en el Hemisferio Occidental”, dijo en una entrevista.
Paul Johnson, copresidente de la coalición de agricultura de Estados Unidos para Cuba, dijo que aún no está preocupado por un posible intento de Trump por revertir la política de Obama porque el Estados Unidos “rural apoya claramente la normalización del comercio con Cuba” y quiere terminar con el embargo estadounidense.
Dan Restrepo, ex asesor de Obama en temas de América Latina y actual miembro del Center for American Progress, un centro de estudios, dijo que las compañías estadounidenses que invirtieron en Cuba bajo la política de Obama podrían explorar acciones legales contra el gobierno si el presidente Trump revierte las medidas que les permitieron operar allí.
Las empresas estadounidenses “ahora tienen un interés propio y van a ser parte de cualquier debate”, lo cual “amplía la conversación política”, señaló.
[ad_2]
Fuente