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YUGLEY TORREALBA | @YUGTOR
YTORREALBA@EL-NACIONAL.COM
25 DE NOVIEMBRE 2016
El 2 de febrero de 1999, el golpista y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, asumió el poder tras ganar las elecciones presidenciales de 1998. Con el militar también llegó “el martillazo” que rompió con el sistema de seguridad ciudadana.
El abogado penal y criminólogo, Luis Izquiel, en una entrevista exclusiva con El Nacional Web, considera que el hecho significó el inicio de la descomposición social en Venezuela y marcó la etapa más violenta de su historia.
“En 1998, de conformidad con la cifra emitida por la antigua Policía Técnica Judicial (Cicpc actualmente), ocurrieron 4.550 homicidios en el territorio nacional. En el año siguiente aumentaron a 6.000. En 2000, los homicidios se ubicaron en 8.000, y así han ascendido paulatinamente hasta que -de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia- la última cifra registrada en 2015 se ubicó en 28.000 asesinatos”, manifestó.
En los últimos 17 años, producto de las debilidades institucionales, la criminalidad prácticamente se sextuplicó.
Sin soporte. Para el criminólogo, “las patas de la mesa” del sistema de seguridad ciudadana están rotas y un remiendo no será suficiente para recobrar la calidad de vida que merecen los venezolanos.
El sistema policial registra un déficit importante de funcionarios. De acuerdo con cálculos de Izquiel, se necesitan al menos 40.000 efectivos para labores de patrullaje. Aunado a esto, los policías sobreviven con bajos sueldos, que hacen poca atractiva la carrera.
Izquiel destaca que los núcleos policiales no tienen los equipos y recursos necesarios. “Estamos hablando de un sistema que fue desarmado por el gobierno, que tiene limitaciones en la utilización de armas. Los policías municipales y estatales solo pueden utilizar pistolas 9 mm y una escopeta por cada 10 funcionarios, con eso deben enfrentar a bandas delictivas que tienen fusiles de alto poder y granadas”, destacó el abogado. “Los funcionarios también tienen limitaciones en las municiones. Un policía puede utilizar 50 municiones por año, mientras que un delincuente no tienen límites”, agregó.
En el segundo peldaño se mantiene el sistema de justicia. A su juicio, la Fiscalía y los tribunales son instituciones colonizadas por un solo color. “No dan respuesta al venezolano y eso conlleva al índice de impunidad gigantesco que existe hoy en el país”, puntualizó.
Y es que de cada 100 delincuentes, solo 2 son debidamente sancionados, es decir, 98 quedan sin castigo. La realidad evita las denuncias de los afectados, creando entonces un círculo vicioso.
La decadencia del sistema carcelario se incluye entre los elementos de la calamidad venezolana. Los penales en el país son sinónimos de violaciones a los derechos humanos, dijo Izquiel. En la mayoría de ellos, el Estado no puede controlar lo que ocurre y son las pandillas –encabezadas por líderes negativos o pranes- las que deciden sobre la vida y bienes de los reclusos y su suerte en general.
“Tenemos un sistema carcelario que no rehabilita a nadie sino todo lo contrario. Salen como peores criminales y viendo cosas atroces que luego son reproducidas en la calle”, advirtió.
Para finalizar el ranking, en Venezuela falla la prevención social del delito. La crisis económica afecta a jóvenes de entre 15 y 28 años de edad, donde se duplica la tasa de desempleo abierto. En ese grupo también se concentran las víctimas y los victimarios de la violencia.
“Tenemos una falta completa de atención a la adicción a las drogas, al alcohol. Tenemos problemas con el embarazo precoz, fallas en el alumbrado público, una infraestructura deficitaria de espacios públicos. En general, hay varios problemas sociales que conllevan a que jóvenes incursionen en la vida delictiva”, lamentó.
“Los que eran niños cuando ganó Chávez, son los que ahora delinquen en las calles”.
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