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Protestas y resistencias contra los proyectos del gobierno de Temer
CLACSO*
Brasil vive una ola de ocupaciones de más de mil escuelas y de cien universidades por parte de sus estudiantes, además de distintas huelgas y actos contra el Proyecto de Enmienda Constitucional 55 (PEC 241) y la contra-reforma de la Enseñanza media (MP 746). El proyecto de enmienda del gobierno ilegítimo de Temer quiere congelar la inversión en áreas sociales por veinte años. Las protestas son justas debido a las graves implicaciones del proyecto del gobierno, que argumenta la intención de equilibrar el presupuesto estatal con un nuevo régimen fiscal.
Sin embargo, los estudiantes y otros sectores sociales y políticos opositores entienden que esa medida, en verdad, provocará la destrucción de los servicios públicos y las políticas sociales del Estado. Específicamente, eso significará una reducción brutal de la inversión social en educación, salud pública, vivienda, seguridad y asistencia social y el salario mínimo, probablemente, no tendrá más reajustes. Asimismo, el gobierno planea una reforma previsional que establece la edad mínima de 65 años para la jubilación de hombres y mujeres. Desde 2015 los recursos para educación pública fueron reducidos de forma drástica, faltaban vacantes en las escuelas y estructuras en los hospitales. No hay más qué recortar, salvo que la intención es desmantelar los servicios públicos y destruir la educación pública federal en el nivel medio y superior con vistas a poner en marcha un proyecto de privatización y precarización. El desmantelamiento de la inversión social dará lugar al aumento de la pobreza y el empeoramiento de las condiciones de vida para una gran parte de la población.
Congelando los gastos públicos por 20 años, sin tomar en cuenta el inevitable crecimiento poblacional y el probable crecimiento de la producción económica, el Proyecto de Enmienda Constitucional 55 no traerá necesariamente el control de las cuentas públicas. Sin lugar a dudas, provocará una reducción drástica de los recursos disponibles para la inversión social. En lugar de buscar alternativas sociales más justas, como la reducción de los intereses de la deuda pública que consumen centenas de billones de reales del presupuesto federal o crear impuestos dirigidos a los grandes empresarios y las grandes fortunas –y no apenas a los asalariados–, el Gobierno Federal escogió recortar los servicios públicos. Además de educación, otra área que está sufriendo recortes y perderá aún más recursos es el sistema de ciencia y tecnología.
El actual gobierno desmontó el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y está transformando el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CNPq) en una repartición pública secundaria, además de reducir drásticamente sus recursos. Ya se anuncian profundos cortes en el número de becas de investigación y becas de iniciación científica del CNPq para el próximo año. Las protestas y ocupaciones son también contra la medida provisoria nº 746/2016, que promueve modificaciones importantes en la Enseñanza media, una medida autoritaria enviada por el gobierno al Congreso sin previa discusión con la sociedad, y contra la aprobación de leyes inspiradas en el movimiento “Escuela Sin Partido”, llamada Ley Mordaza, que, con el pretexto de combatir el adoctrinamiento ideológico de los estudiantes, pretende despolitizar las escuelas e imponer a los jóvenes valores conservadores.
Resulta preocupante que los Estudiantes y también otros activistas sociales estén siendo reprimidos con violencia en algunos lugares, gracias a las autoridades gubernamentales y policiales dispuestas a todo para frenar a los movimientos que luchan contra el desmantelamiento de la educación pública.
Las autoridades policiales abusan de la fuerza y violan derechos individuales, con la intención de frenar un movimiento de protesta que ocupa hoy cerca de 1000 escuelas y facultades brasileras. Asimismo, el recurso extraordinario del Supremo Tribunal Federal (STF) (RE 69356) restringe los derechos de huelga de los funcionarios públicos por considerar que no están sujetos a la explotación del capital y que debe prevalecer la supremacía del interés público. Ese recurso es una forma de persecución política a los funcionarios como profesores y técnicos de educación que son los sectores más movilizados contra la PEC 241.
El gobierno Temer es, definitivamente, un retorno a un proyecto de Brasil para pocos, un Brasil de las elites que considera necesario destruir los espacios de generación de pensamiento crítico para avanzar con la apertura al capital extranjero y a la destrucción del patrimonio humano y ambiental del país. Por eso fue destituida la presidenta Dilma Rousseff, como ahora resulta necesario reprimir cualquier obstáculo a los movimientos sociales para permitir la avanzada de la agenda neoliberal y conservadora que busca terminar con la política externa independiente y solidaria con otros países latinoamericanos.
Nuestra experiencia de investigación nos permite afirmar que en América latina el despliegue de políticas públicas destinadas a recortar la provisión de servicios públicos siempre afecta primera y más intensamente a los sectores pobres de cada país. Convocamos a apoyar las diversas formas de resistencia a aquellas políticas destinadas a erosionar o eliminar las garantías de los derechos a la educación, a la salud y al bienestar.
*Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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