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La ciudadana colombiana Érica Moncada fue detenida el 19 de agosto de 2015 en Táchira, cerca de la frontera de Venezuela con Colombia, por efectivos militares venezolanos durante la “Operación para la Liberación del Pueblo”. Ese día, integrantes de dicho operativo habrían sido atacados con armas de fuego por sujetos vinculados al contrabando, pero oficialmente las autoridades venezolanas les calificaron de “paramilitares”, cerrando la frontera hasta los actuales momentos.
Érica es acusada de “cooperadora en la comisión del delito de ataque al centinela”, por mantener una relación sentimental con el padre de su hija, Carlos Andrés Arango, señalado como autor material del ataque por el testimonio anónimo de un denominado “patriota cooperante”. Desde entonces, se encuentra detenida sin orden judicial, en condiciones de aislamiento de su familia y de sus abogados, a la espera de un juicio ante un tribunal militar.
Según su abogada, Érika Moncada ha sido asfixiada con bolsas plásticas para obtener “confesiones”. Como resultado se habría desmayado, hecho que sus celadores habrían aprovechado para violarla. Igualmente, debido a la golpiza que le habrían propinado, se le habría desprendido una prótesis mamaria, lo que le estaría causando dolores insoportables, y le habrían aplicado electricidad en los senos.
En los 45 primeros días de su detención, Érica Moncada habría estado recluida en un cuarto de castigo sin razón alguna, en oscuridad absoluta, situación que la habría llevado a tener ataques de pánico constantes y una fuerte depresión. Al no tener dónde asearse ni hacer sus necesidades, padece una dermatitis visible y una infección vaginal, que aún no han sido atendidas por personal médico a pesar de que la jueza lo ordenara.
Aun cuando estos hechos han sido denunciados ante el Ministerio Público, los Fiscales de Derechos Fundamentales nada han avanzado en la investigación.
Su cuñada, único apoyo familiar, habría recibido amenazas a su vida y tuvo que salir de Venezuela y residenciarse en Colombia.
Érica Moncada es una civil y por tanto debe ser juzgada ante un tribunal penal ordinario, no militar, y todas sus denuncias de torturas, malos tratos y agresiones sexuales deben investigarse de forma independiente, exhaustiva e inmediata. Los juicios de personas civiles ante tribunales militares constituyen una violación del derecho a un juicio justo.
Información complementaria
Amnistía Internacional está profundamente preocupada por las denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos que se han producido en la zona fronteriza con Colombia por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. En menos de cinco días, en agosto de 2015, se habrían deportado a al menos 1.000 personas a Colombia, de acuerdo a declaraciones del gobernador del Estado Táchira. Se han denunciado maltratos, desalojos forzosos, separación de núcleos familiares y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías. Las personas más que deportadas habrían sido expulsadas sin oportunidad de impugnar su expulsión y muchas veces sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias o pudiéndose llevar solo lo que pudieron cargar sobre sus espaldas.
Tras la puesta en marcha en julio de 2015 de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, se han recibido noticias de posibles ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y desalojos forzosos tanto de personas sospechosas de haber delinquido como de sus familias. Según el Ministerio de Justicia, al mes de iniciarse la operación, 52 civiles habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La elevada cifra de bajas civiles ante la ausencia de lesiones o víctimas mortales entre la policía, apunta a que las fuerzas de seguridad podían haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido ejecuciones extrajudiciales. Según las organizaciones de derechos humanos, el 90 % de las más de 4.000 personas detenidas en los tres primeros meses de la operación fueron puestas en libertad sin cargos, lo que indicaba que se habían efectuado multitud de detenciones arbitrarias. En una comunidad, las fuerzas de seguridad presuntamente detuvieron a todos los varones mayores de 15 años y demolieron todas las casas, dejando sin hogar a al menos 200 familias.
Sobre las condiciones de reclusión en Venezuela, la situación de personas privadas de su libertad es crítica. Una preocupación particular es el gran número de personas detenidas de manera prolongada antes del juicio, generando sobrepoblación y empobreciendo la sanidad de las prisiones; la falta de acceso a la comida, el agua potable y la atención médica.
La impunidad por las violaciones de derechos humanos se ha expandido en Venezuela. De acuerdo a las cifras de la fiscal general, solo el 3% de las quejas formales resultan en que a los sospechosos se les impuso cargos.
Amnistía Internacional
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