Lizarralde: “En 2016 hemos vivido en Colombia el peor de los últimos 15 años del sector petrolero”

Colombia fue vista como ejemplo en América Latina por el desarrollo que tuvo su sector petrolero entre 2007 y 2014, por el repunte que aumentó en más de 400.000 barriles para colocarse por encima de un millón de barriles al día, y por la estructura institucional que creó con la creación de un órgano regulador como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una apertura a empresas privadas y foráneas; y el rol de un operador más que se le asignó a la empresa estatal Ecopetrol.

Esa situación en cierta medida cambio durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos y desde los gremios empresariales desde hace más de un año se han hecho advertencias, como es el que persistentemente ha hecho la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) en la vocería de su presidente Rubén Dario Lizarralde, quien hace un año conversó con  Petroguía y mostró su pesimismo por las medidas que perjudicaban la actividad petrolera.

“Esa visión pesimista que teníamos el año pasado se ha confirmado pero en ese momento hablamos de un indicador positivo como era el de la producción. En cambio, este año vemos como la producción también ha caído”, señala Lizarralde.

¿La producción petrolera en Colombia cayó sólo por un tema de precios o hay otros factores?

-No es un tema de precios solamente. Es verdad que el precio del petróleo no ha estado bueno pero tampoco ha estado tan malo. Hay otros elementos que definitivamente han afectado el desarrollo del sector. Primero, la reforma tributaria que se hizo en 2014 que afectó la inversión extranjera directa; y segundo, todo lo que tiene que ver con protestas sociales, bloqueos, atentados a oleoductos.

¿No ha habido una rectificación o una flexibilización de la reforma tributaria?

-La reforma se dio en el momento en que el precio del petróleo empezaba a disminuir de modo que no sólo fue desafortunada por el momento que se tomó, sino también por el sector que afectó. Por eso prácticamente durante este año hemos tenido una actividad parada en todo lo que tiene que ver con sísmica y exploración y todos esos activos deben pagar impuestos al patrimonio. Por tanto, no sólo hemos tenido una situación en la que no hemos tenido trabajo en estas actividades sino que adicionalmente se tuvo que pagar un impuesto que resulta sumamente gravoso.

¿Colombia cómo se encuentra en este momento frente a otros países desde el punto de vista de tributación petrolera?

-Colombia es de los países que ha reaccionado más negativamente a la situación que estamos viviendo. No solamente por la disminución en las actividades de exploración y sísmica, sino porque ha sido de los países que más ha disminuido sus exportaciones y su producción petrolera.

En el sector de servicios que representa Campetrol, ¿podrían señalarse cierre de empresas o reducción de puestos de trabajo?

-Los últimos dos años se ha perdido en región cerca de 60.000 puestos de trabajo y por supuesto hay empresas que han desaparecido y otras que han tenido que entrar en un proceso de reestructuración frente a la Superintendencia de Sociedades.

Frente a esa situación, ¿no hay una reacción por parte del Gobierno?

-Hemos presentado propuestas al Gobierno.

¿Cuál debería ser una respuesta urgente?

-Tenemos que mirar esto como una cadena: primero tenemos las operadoras en los pozos; y luego las empresas prestadoras de servicios. A nosotros lo que más nos ha afectado es precisamente el impuesto al patrimonio, el impuesto a los activos, que sin tenerlos completamente en función pues tenemos que pagarlos. Son impuestos altísimos para equipos de alta tecnología. Además, hay unos costos que tienen que ver con la actividad y que se aplican por parte de la industria y del Gobierno, que definitivamente gravan la actividad de las empresas prestadoras de servicios. Por supuesto, los operadores tienen otra serie de gravámenes que definitivamente afectan su actividad y también sabemos que ellos han hecho propuestas al Gobierno nacional. Estamos cerca de una nueva reforma estructural tributaria que abarca a todos los sectores económicos y de parte nuestra hubo una propuesta concreta y estamos a la espera para ver qué significa esa modificación.

¿Cuál ha sido el planteamiento?

–En esa propuesta hemos planteado que en este país hay muchas exenciones y muchos subsidios que se han venido dando a través de la historia y que no necesariamente impactan el desarrollo, el empleo ni contribuyen al crecimiento económico. Si esas exenciones y subsidios desaparecieran podríamos encontrarnos en una situación que hasta se podrían reducir las tasas de los impuestos. A eso le añadimos todo el impacto negativo que genera la actividad informal o ilegal como se está dando en estos momentos en la minería o como se da en el contrabando. Si esos problemas se frenan o se atienden se podrían aportar recursos importantes que permitirían tener una menor carga tributaria e inclusive el Gobierno recibiría más recursos en materia fiscal.

No se nos puede olvidar que el Gobierno ha recibido de este sector petrolero en general 220 billones de pesos en los últimos 10 años a través de impuestos, dividendos, regalías y eso mayoritariamente con un esquema tributario previo a la reforma de 2014.

¿Antes de la reforma tributaria el Gobierno recibía más ingresos que ahora?

-Por supuesto. Ha afectado mucho la disminución del precio del petróleo pero también la caída de la producción petrolera.

¿No es un contrasentido que por un lado se diga que uno de los beneficiarios del acuerdo de paz es el sector petrolero y por el otro haya menor actividad debido a la reforma tributaria?

-Hacer un juicio de valor con respecto a los acuerdos de paz en mi concepto es bastante aventurado porque sólo se han firmado. De todas formas el proceso si afectó fuertemente al sector petrolero porque las definiciones que se tuvieron que ir tomando y seguramente las posiciones delicadas del Gobierno para no dañar el proceso de paz contribuyeron a que este sector fuera seriamente afectado. Hubo decisiones que se tomaron que también fueron muy controvertidas y el ejemplo claro y concreto fue con la empresa Upecol. La Agencia Nacional de Hidrocarburos le adjudicó por contrato un campo y la Autoridad Nacional Ambiental le otorgó la licencia, pero 8 días después el Gobierno simplemente por una discusión mediática y en mi concepto politiquera pidió suspender esa licencia. Son decisiones  que se tomaron sin absolutamente ningún sustento ambiental sino eminentemente político y ese es el tipo de cosas que afectó mucho el sector y perjudicó a la producción. Por eso decimos que en 2016 hemos vivido el peor de los últimos 15 años en este sector.

¿Qué concesiones se le están haciendo a las comunidades o a las FARC que puedan limitar la inversión?

-Hay dos temas que afectan directamente a este sector. El primero referido al acuerdo sobre la ruralidad, prácticamente cualquier actividad productiva en la ruralidad colombiana debe ser consultada y en eso tiene una preponderancia las juntas de acción comunal y las asociaciones. Consideramos que estas organizaciones sociales adquieren preponderancia en la toma de decisiones económicas que se compadecen con el impacto de estas decisiones en el desarrollo regional e inclusive del nacional, es decir, consideramos por ahora académicamente que puede haber una tendencia muy fuerte  a que estas decisiones se politicen y afecten seriamente el desarrollo económico de esas regiones y también del país.

¿Eso agravaría la situación de protestas que se presenta en la actualidad en zonas donde hay campos petroleros?

-Por supuesto. En el acuerdo se protege aún más de lo que venía protegida la protesta social y se crea un organismo de seguridad especial para acompañar esta protesta, de modo que las condiciones para el desarrollo económico de la región se hacen más complejos, no sólo para el sector petrolero, sino también para el de infraestructura vial, hidroeléctrica, gas y agroindustrial.

¿Cuál es el otro aspecto del acuerdo que limita la inversión?

-El otro tema delicado tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos porque muchos de esos cultivos, el espacio está produciendo y ha crecido mucho en el último año porque se suspendieron las fumigaciones aéreas y eso coincide también con sitios donde se está haciendo sísmica y se debería hacer exploración, entonces estas organizaciones delincuenciales -dentro de las cuales ha estado involucrada la guerrilla- prefieren que en estos sitios no haya actividad productiva alguna diferente a la de ellos y que no haya fuerza pública y por lo tanto cualquier actividad de sísmica o exploración inmediatamente es saboteada y eso lo hemos visto en el departamento del Putumayo y también en el del Caquetá.

Visto desde el exterior, Colombia junto con Brasil es vista como un buen ejemplo por la forma como estructuró su sector petrolero con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la presencia de privado y el rol de un operador que se le asignó a Ecopetrol. ¿Por qué empezaron a dominar elementos políticos en este sector? ¿El efecto de los altos precios del petróleo sedujo al Gobierno?

-Hay dos factores: uno fue la negociación de los acuerdos de paz con la guerrilla afectó tremendamente esa defensa de la institucionalidad en regiones. El Gobierno tomó distancias de ciertas posiciones buscando no afectar las conversaciones que se estaban dando en La Habana. Eso flexibilizó la posición de las policías y las fuerzas militares, se suspendieron las fumigaciones aéreas y todo eso fue creando un ambiente negativo para el sector petrolero. El otro factor es que hay que aceptar que las comunidades cogieron gran preponderancia, gran fuerza cuando los precios estaban altos, chantajeaban a las empresas y el chantaje se vio a través de dos efectos: uno los altos precios en la contratación de las empresas prestadoras de servicio que se veían avocadas a pagar dos, tres o cuatro veces las tarifas que se tienen que pagar en el resto del país y lo hacían porque era más costoso no pagarlas e interrumpir el trabajo. Inclusive, estas organizaciones que son juntas de acción comunal empezaron a presionar para que a través de ellas se diera la mano de obra y se impidiera que personas que no eran de la zona trabajaran en ella. Entonces aunque el Ministerio del Trabajo tomó algunas decisiones para contrarrestar esto, son decisiones que todavía no han sido suficientes porque no tienen la cobertura tal para defender la mano de obra de las personas que  trabajan en regiones.

¿Cuál es el beneficio que reciben esas organizaciones sociales por el control de la mano de obra?

-A esas personas les cobran por inscribirlas en una lista que debe ser tenida en cuenta por las empresas para la contratación. Les cobran quincenal y mensualmente y permanentemente los tienen chantajeados.

Esta situación encarece los costos, ¿comparativamente con otros países cuánto se elevan por esta situación los costos en Colombia?

-Nosotros tenemos un costo por barril de 35 dólares.

Con altos precios, ese nivel es llevadero

-Sí. Con altos precios es llevadero pero no con los precios que estamos viendo. No nos olvidemos también que además de los costos, hay petróleo que es pagado a precio internacional y hay petróleo que además es castigado. Así como nosotros podemos sacar un barril a boca de pozo a 9 dólares, el transporte del barril aumenta los costos de una manera importante; y si el barril es crudo pesado y requiere de diluyentes o de otros elementos va a ser castigado en el mercado con una prima negativa. Obviamente, el tema se vuelve aún más complejo y en estos momentos nos pone a bordear la cifra que se están pagando. Se habla que es para finales de 2017 y principios de 2018 que estaríamos en una situación ya de mercado más favorable, no presionado por la discusión de si se debe producir más o menos. Creo que a pesar de todo, el próximo año será mejor que este.

¿En el caso colombiano podrían reactivarse algunas inversiones y revertir la caída en la producción?

-Más que recuperar es volver o regresar a la actividad de algunas empresas o equipos que en estos momentos están parados, es decir, la actividad empieza a reactivarse, pero no creo que la producción tienda  a recuperarse mucho salvo que disminuya dramáticamente la protesta social, y por otro lado, hemos estado consumiendo reservas y hasta ahora no las hemos estado reemplazando, entonces no sólo estamos disminuyendo la producción sino que cada vez tenemos menos reservas. El año pasado hablamos de 6 años y medio de reservas, este año estamos cerca de 5 años de reservas.

¿Un escenario de Colombia como importador de hidrocarburos es  probable que se repita?

-Eso sería gravísimo para el país porque desde el punto de vista macroeconómico estaba teniendo dos elementos supremamente importantes: su contribución al ingreso fiscal representa 27%; y las exportaciones, que anteriormente representaban más de 60%, ahora con precios bajos está por encima de 40% No hay otros sectores de la economía que entren a suplantar dinámicamente a este sector. Un país que se queda sin ese ingreso fiscal y sin esos dólares puede entrar en una situación recesiva muy importante.