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Sin elecciones ni instituciones autónomas, la comunidad internacional intensificó su presión para instalar una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Los próximos escenarios dependerá de lo que allí surja y el cumplimiento o no de los acuerdos.
2016 ha sido un año de enorme agitación político. Arrancó con altas expectativas por la victoria de la oposición en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Y así fue. El 5 de enero, después de 10 años, tomó posesión una nueva Asamblea Nacional con una bancada oficialista herida por la derrota en las urnas.
Las expectativas iban a mayor a tenor de lo que, constitucionalmente, podía hacer el parlamento para ensanchar el camino a la transición política, pero la impugnación de los resultados electorales en Amazonas, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a disposición de órdenes del Gobierno nacional, jugó en contra de la oposición.
A pesar de que la AN se enfrentó al TSJ incorporando a los diputados al parlamento, la consecuencia inmediata y que terminó favoreciendo al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue la sentencia de desacato emanada del TSJ. La desincorporación de los parlamentarios tampoco favoreció a la bancada de la MUD y las leyes aprobadas por el parlamento siguen negadas.
Esperanzas en el revocatorio
El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, prometió a más tardar en seis meses contar con el mecanismo constitucional para la salida de Nicolás Maduro. Los partidos echaron a rodar sus propuestas: reforma a la Constitución, enmienda para cesar la reelección indefinida o reducir el período presidencial. Todas estas quedaron frenadas por el TSJ, lo cual despejó la ruta del referendo revocatorio, para lo cual se requiere principalmente del aval ciudadano.
Este camino no fue fácil. El CNE violó hasta sus propias reglas, aplazando injustificadamente los lapsos de cada fase para retrasar el proceso. Llegó abril y nació una esperanza. La MUD inició el proceso de recolección del 1% de firmas requerido para habilitarla como organización promotora del referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
Teniendo un mes para este paso, en un día se alcanzó la meta mínima. El porcentaje fue superado y llevado al CNE, ente que se tomó su tiempo para registrar en sistema las firmas y validarlas, pasando entonces a la fase de autenticación de huella. Pese a las dificultades y todas las limitaciones, la oposición nuevamente superó el reto, aun con las rúbricas invalidadas y sobre las que se sustentó el PSUV para denunciar un presunto fraude. Esa sería la espada de Damocles para la MUD.
Toma de Venezuela
Gobierno, respaldado por el CNE y el TSJ, logró frenar todo evento electoral para 2016
Las manifestaciones fueron recurrentes, sobre todo para exigir la fecha de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para activar el referendo revocatorio.
La marcha más emblemática del año fue la “Toma de Venezuela” el 1 de septiembre, pues desde 2014 no se apreciaba en cada estado una alta movilización ciudadana como la de ese día, demostrando así el clamor popular por un cambio de gobierno de manera constitucional, democrática, pacífica y electoralmente.
Por el gobierno nunca estuvo dispuesto a medirse, mientras que las movilizaciones trataban de ser impedidas por restricciones de la Guardia Nacional o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para impedir traslados hasta Caracas.
Los colectivos también actuaron en cada movilización para amedrentar; del lado radical de la oposición, encapuchados llegaron a empañar lo que fue la movilización del 26 de octubre, previo al paro cívico nacional cumplido a medias por las amenazas por parte del gobierno.
Golpe constitucional
Ilustración publicada por Correo del Caroní en mayo de 2016
Finalmente la espada de Damocles atravesó el corazón del referendo. A una semana de iniciar el proceso de recolección del 20% de firmas, que de por sí ya venía con la limitante de cumplir con el porcentaje por estado y no por circunscripción nacional, tribunales penales invalidaron la recolección del 1% en Bolívar, Aragua, Apure y Carabobo, impidiéndole la siguiente fase. El CNE, por su parte, decidió suspender el proceso “hasta nuevo aviso”, trayendo nuevamente la desesperanza y frustración en la población.
A esto panorama se incluye el cronograma electoral ofrecido por el CNE, programando para finales del primer semestre de 2017 las elecciones regionales, que legalmente correspondía a diciembre de este año.
Los diputados de Amazonas se reincorporaron nuevamente a la AN, cuya mayoría parlamentaria aprobó iniciar un juicio político al presidente Maduro, en cuya sesión irrumpieron violentamente al hemiciclo miembros de colectivos del sector oficialista.
Y así se llegó al diálogo…
La agudización de la crisis política y la presión internacional, terminaron por sentar el gobierno en una mesa de diálogo con la oposición, mecanismo que todavía sigue siendo satanizado por algunos factores por considerarlo una ventaja para el gobierno.
Dentro de la coalición opositora ha habido discrepancias, pero del segundo encuentro resultaron importantes acuerdos, que esperan por su cumplimiento, como solventar la situación de los diputados de Amazonas, cuya impugnación mantiene al estado sin representación parlamentaria, levantar el desacato a la Asamblea, permitir el canal humanitario, designación de rectores del CNE cuyo período vence el 3 de diciembre y liberación de algunos presos políticos.
Resultados más claros es lo que se espera para la tarea reunión del 6 de diciembre, mientras la mesa de diálogo ha tambaleado con amenazas de que alguna de las partes se levante, lo que significaría un costo político a nivel de percepción internacional.
Del lado de la sociedad civil apuestan por no abandonar la calle, desconfiando en el diálogo. Lo cierto es que al menos por 2016, el gobierno logró su cometido de matar el revocatorio y con ello dilatar una transición política.
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