[ad_1]
En los nueve años de gestión de Luisa Ortega Díaz, el Ministerio Público ha publicado información sobre ocho casos de corrupción vinculados a Pdvsa que poco o nada tienen que ver con transacciones a gran escala en paraísos fiscales. Acciones alejadas de los escándalos de Illaramendi, el Fondo de pensiones o el alquiler de la gabarra Aban Pearl que se enfocan en el contrabando de gasolina o el hurto de materiales. Pese a que el TSJ prohibió al Parlamento continuar con la investigación a la estatal, por petición de Rafael Ramírez, la oposición continúa presentando pruebas de lo que califica como “la mayor fuga de capitales del mundo”
Por Oriana Vielma | El Pitazo – Caracas
Sobre varios escritorios de la Fiscalía venezolana deben apilarse decenas de denuncias por las irregularidades cometidas en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en los últimos 14 años, especialmente desde la implementación del control cambiario. Muchas señalan como responsable a Rafael Ramírez, quien presidió durante una década la compañía, al tiempo en que ejerció como ministro de Energía y Petróleo.
Desde este martes 22 de noviembre, el archivo de la petrolera que guarda el ente del Poder Ciudadano aumenta su tamaño. Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, consignó ante la sede de Parque Carabobo el informe N° 1648, aprobado en la plenaria el pasado 16 de noviembre, que responsabiliza a Ramírez y a Javier Alvarado, ex presidente de la filial Bariven, por el desfalco de 11.271 millones de dólares. Adicionalmente, señala como involucrados a otros 21 funcionarios y empresarios.
Lea también: INFORME | Asamblea responsabiliza a Ramírez por desfalco a Pdvsa y exige su expulsión de la ONU
Guevara asegura que el informe contiene más de 3.000 documentos (copias certificadas) que evidencian malversación de fondos, sobornos, sobreprecios en licitaciones y sobrefacturaciones en distintos casos; pero la mayoría de estas pruebas ya han salido a la luz y son de acceso público, no es información exclusiva.
La pérdida de 130.000 toneladas de alimentos (caso Pdval); la compra de taladros chinos desde 2006; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl y su pronto hundimiento en el 2010; el Fondo de Pensiones de Pdvsa, conocido como el caso Illaramendi; y los depósitos hallados en la Banca Privada de Andorra, están entre los casos más escandalosos que presentó la instancia legislativa.
¿Qué podría hacer la diferencia esta vez?
Fuentes de oposición sospechan que un posible distanciamiento entre la fiscal, Luisa Ortega Díaz, y algunas figuras del Ejecutivo, podría acelerar o promover algunas investigaciones que toquen sensibilidades políticas. Sin embargo, no es más que una conjetura.
Gato encerrado en Pdvsa
Legisladores, políticos y organizaciones de la sociedad civil han acudido repetidamente a la Fiscalía solicitando que se investigue lo que dejó de ser un secreto a voces: “En Pdvsa hay gato encerrado”, como alega el diputado Guevara. La empresa que aporta el 90% de las divisas en el país es “una caja de Pandora”, dijo alguna vez el parlamentario Julio Montoya.
El ente que desde hace nueve años controla Ortega Díaz acumula evidencias de la estatal con un bajo nivel de respuesta. Actualmente, mantiene en fase de investigación los casos de la tragedia de Amuay, el Fondo de Pensiones y caso Andorra, los dos primeros sin resultados desde hace algún tiempo. Solo dos casos fueron conclusivos: Pdval, en el cual todos los condenados quedaron en libertad condicional en medio de un juicio paralizado, y José Luis Parada, director ejecutivo de Producción de Pdvsa Occidente que se fugó tras recibir una medida de casa por cárcel.
En mayo de 2010, por ejemplo, el parlamentario Ismael García denunció el hundimiento de la plataforma gasífera Aban Pearl y nunca obtuvo contestación. Luego, acudió nuevamente en marzo de 2011, junto al diputado Julio Montoya, para entregar un documento sobre el juicio que se desarrollaba en Estados Unidos contra Francisco Illaramendi.
Iván Freitas, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, denunció a Ramírez ante el organismo el 28 de agosto de 2012 por su responsabilidad en la tragedia de la refinería de Amuay, donde murieron 48 personas y otras 140 resultaron heridas, mientras que Montoya volvió al MP muchas veces más.
En una de las últimas visitas, el 21 de mayo de 2015, Montoya presentó pruebas por el caso de venezolanos con cuentas en el Banco de Andorra y denunció que se utilizaron pasaportes diplomáticos para abrir las cuentas bancarias. Ese día presentó el audio grabado por las autoridades españolas entre Luis Mariano Rodríguez, mano derecha de Diego Salazar –primo de Rafael Ramírez– y Pablo Laplana.
Se desconoce el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía que fueron desestimadas o aquellas que condujeron al inicio de investigaciones. Esa información la resguarda el organismo.
Durante la presentación de la Memoria y Cuenta 2015 ante la Asamblea Nacional, la Fiscal Ortega Díaz hizo referencia al caso de legitimación y blanqueo de capitales en Andorra. Informó que había solicitado la repatriación del dinero depositado, aunque no explicó por qué se descongelaron los activos de Diego Salazar, primo de Ramírez. La oposición asegura que ninguna institución venezolana reclamó el dinero cuando debía hacerlo.
Con respecto a la corrupción general, indicó que 3.565 personas fueron imputadas y 3.119 acusadas, haciendo única mención al caso del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel. Afirmó que no han pedido su extradición, pero que le congelaron las cuentas bancarias.
Lo que sí investigó Fiscalía: sabotaje y hurtos
El buscador del portal del Ministerio Púbico arroja 69 resultados asociados a la palabra “Pdvsa”. Ninguna de las notas allí publicadas guarda relación con el caso Illaramendi y el Fondo de pensiones de Pdvsa o la gabarra Aban Pearl, independientemente de que la fiscal alegue que son investigaciones en desarrollo.
El portal del MP no tiene información sobre Illaramendi).| Foto Archivo : Rayner Peña R.
De los casos relacionados con la estatal petrolera que aparecen en el listado, el MP investigó cinco hurtos de materiales, cuatro por contrabando de combustible, cinco homicidios, dos tráficos de sustancias, un daño ambiental, una paralización de actividades, un secuestro de un trabajador, una explosión, tres supuestos sabotajes y solo seis casos que categorizó como “corrupción” (que se suman a las investigaciones de la tragedia de Amuay y Pdval, mencionados más arriba).
Dentro de este último grupo se encuentra el caso del ingeniero ambiental de Pdvsa acusado en Barinas en 2013 por pedir 18.000 bolívares a una empresa, a fin de aprobarles una evaluación de desempeño; una ex gerente y un ex superintendente acusados ese mismo año por recibir de una contratista 600.000 bolívares en sobornos; José Luis Parada, director ejecutivo de Producción de Pdvsa Occidente acusado en 2015 por incurrir en contrataciones irregulares para el despacho de combustible en 2008 y que, tras obtener una medida de casa por cárcel, huyó del país.
Le siguen tres miembros de la junta directiva de Banvalor Banco Universal –todos de apellidos Castillo Bozo– imputados por presuntas irregularidades en la adquisición, adjudicación y venta de bonos de Pdvsa en 2006; la detención de una directora de Mercados Internos del Ministerio de Petróleo y Minería por irregularidades en los despachos de combustible en 2015.
No podía faltar la acusación contra Antonieta Mendoza de López, madre del fundador del partido Voluntad Popular Leopoldo López –hoy sentenciado a casi 14 años de prisión–, por la presunta comisión de peculado doloso en dos donaciones efectuadas por Pdvsa al partido Primero Justicia, cuando era funcionaria de la petrolera en 1998.
Para tener una idea de cómo opera el organismo, unos meses después de que explotara la bomba de Illaramendi, el Ministerio Público trabajó en una acusación por el hurto de 31 rollos de cables de la estatal, lo que calificó como “materiales estratégicos de Pdvsa”.
“Les encontraron, además de los 3.000 kilogramos de cobre, Bs. F. 7.000,00 en efectivo y Bs. F. 69.000,00 en cheque”, reza la nota de prensa. Entretanto, una corte de Connecticut, Estados Unidos, juzgaba al banquero por la apropiación indebida de al menos 53 millones de dólares con pruebas contenidas en 89 cajas y más de 26 millones de páginas.
Justo esos días, mayo de 2011, la ex directora de Actuación Procesal del Ministerio Público, Carmen Alguindigue, criticó públicamente que el 76% de los pronunciamientos fiscales en 2010 sobre presuntos daños al patrimonio público –alrededor de 2.443– hayan terminado en sobreseimiento; sobre todo, porque la Constitución establece que no hay límites de tiempo para sancionarlos.
Los datos encontrados en el portal digital coinciden con el texto de la Memoria y Cuenta de 2015, donde la palabra “Pdvsa” aparece seis veces a lo largo de las 124 páginas.
“Desde el Ministerio Público se ha liderado un esfuerzo interinstitucional con el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, para articular actuaciones en la lucha contra los delitos asociados a la corrupción. Ejemplo de ello es la investigación por irregularidades ocurridas en Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), al momento de realizar la contratación de empresas para el despacho de gasolina y gasóleo”, se lee en la página 50.
Caso Pdval, la primera denuncia
El escándalo de los alimentos dañados de Pdval fue uno de los primeros llevados a Fiscalía. Inicialmente, la denuncia la hizo el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo, el 2 de abril de 2009, cuatro meses después de ganar las elecciones regionales. El documento presentado en la Fiscalía Superior de Carabobo reseñaba que en 8.000 contenedores estacionados en la aduana de Puerto Cabello había más de 160.000 toneladas de alimentos descompuestos. Tenían entre cuatro meses y un año aparcados.
Un año y dos meses después, en julio de 2010, Leopoldo López introdujo una segunda denuncia sobre el caso y solicitó la extradición de la asesora cubana y secretaria general del Centro Nacional de Balance de Alimentos (Cenbal), Bárbara Castillo, además de la separación del cargo de Rafael Ramírez, entre otras altas autoridades vinculadas.
Fue López quien dio una de las primeras pistas que vincularon a Ramírez con el caso: su tío, Egli Antonio Ramírez Coronado, era el fundador de Pdval. Presentó la compañía ante el Registro Mercantil II de Caracas el 1° de agosto de 2008.
Una vez que estalló el escándalo, la Fiscalía no logró hacerse la vista gorda y abrió una investigación. En 2010, Ortega Díaz anunció que los directores de operación Luis Enrique Pulido, Ronald Flores y Mercedes Vilyeska Betancourt habían sido acusados como responsables de los delitos de boicot y peculado doloso por los alimentos que poco a poco aparecieron en galpones de Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Portuguesa, Yaracuy y Zulia. En la actualidad, Pulido, Flores y Betancourt siguen en libertad condicional y su proceso judicial se mantiene paralizado.
Solamente entre 2010 y 2011 la causa fue trabajada por al menos cinco jueces, uno de ellos Eladio Aponte Aponte, hoy prófugo de la justicia venezolana en Estados Unidos.
La entrada Fiscalía investigó ocho casos de corrupción en Pdvsa en casi una década aparece primero en El Pitazo.
[ad_2]
Fuente