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Pese a que la minoría chavista de la Cámara alegó que estos dos venezolanos -sobrinos de la primera dama Cilia Flores- fueron juzgados sin pruebas que demostrarán su culpabilidad, la mayoría opositora aprobó un “acuerdo en rechazo al tráfico de influencias y al abuso de poder” por parte de ambos ciudadanos.
El Legislativo aprobó, entre otras cuestiones, instar a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República a iniciar averiguaciones para determinar si existe mérito para el enjuiciamiento penal en Venezuela de los involucrados en el caso.
También acordó instar a la Fiscalía, al Ejecutivo y a las autoridades en general a asumir un compromiso de lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como a respetar y hacer cumplir las leyes que rigen en esta materia.
La Cámara decidió, además, enviar copia de esta declaración a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que llevó el caso de los dos venezolanos en la nación norteamericana.
Entre los argumentos esgrimidos por los opositores estuvo la reiterada crítica al Gobierno por no haberse pronunciado frente a este tema, pese a que el veredicto se conoció el pasado viernes.
Los parlamentarios de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguraron que el caso en cuestión “no es un hecho aislado” y pidieron establecer responsabilidades administrativas, disciplinarias y civiles contra todos los funcionarios del Gobierno que participaron junto a los sobrinos Flores.
Los chavistas, por su parte, cuestionaron el debate y votaron en contra del acuerdo pues consideraron que pretendía “agredir” a la primera dama.
“Arremeten contra estos pobres muchachos porque no tienen la capacidad real de acabar con la Revolución Bolivariana (…) El mayor cartel de droga del mundo es la DEA (agencia antidrogas de EE.UU.), quien hizo el montaje para acusar a estos muchachos”, sostuvo el diputado oficialista Pedro Carreño.
Campos Flores y Flores de Freitas fueron acusados por la fiscalía federal para el distrito sur de Manhattan de conspirar para exportar y distribuir un cargamento de 800 kilogramos de cocaína a este país, que sería enviado a Honduras desde el terminal presidencial en el aeropuerto de Maiquetía de Venezuela, y de allí a Estados Unidos.
Tras un año detenidos, los familiares de la pareja presidencial venezolana deberán esperar hasta el próximo 7 de marzo próximo para conocer la condena.
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