Crítica a la Razón Gubernamental

El gobierno alega una y otra vez que tiene derecho a seguir gobernando en función de los argumentos que le da la justificación electoral democrático-burguesa. Sin, embargo, todas las Constituciones burguesas, incluyendo la Bolivariana, han incorporado artículos para salvaguardar los intereses de los ciudadanos en detrimento del soberano.

Son artículos excepcionales para situaciones excepcionales. Es el derecho democrático que tiene la multitud para superar un momento de necesidad más o menos absoluta material o de necesidad abstracta espiritual y emocional, la libertad. En el caso venezolano, aplicaría en la primera condición, el derecho de derrocar legítimamente al soberano en situaciones de extrema necesidad material.

Sin embargo, esta situación excepcional de ruptura del hilo normal gubernamental requeriría de la conciencia del propio soberano ante la realidad de la situación económica de su país y aceptar el fracaso de su política como explicación última de la propia situación. Una vez hecho este ejercicio de honestidad y de sentido común, el próximo paso sería adelantar elecciones o dimitir para liberar la tensión acumulada en la sociedad, ante todo en la inmensa mayoría de la población asalariada.

Y es que nadie en Venezuela puede vivir de un salario. Ni mínimo, ni máximo. Ni uno ni tres. Y cuando una sociedad no puede reproducirse a sí misma por el valor de su trabajo aparece la corrupción como la forma general para dicha reproducción material. Todo el mundo tiene que matar tigres como se dice en Venezuela. Y ese matar tigres, no es hacer horas extras en el campo, en la fábrica o en el sector terciario de la economía.

Ese matar tigres tiene que ver con conseguir un crédito, una comisión de contratas, una beca, una compra-venta de algún bien, y sobre todo el bachaquerismo y la compra venta de dólares. Sea lo que sea, matar leones está lejos de ser un empleo extra honrado para convertirse éste en el único empleo que puede vencer a corto plazo a la inflación, el empleo de la corrupción.

Y cuando toda una sociedad necesita inevitable y necesariamente recurrir a estos malos oficios, entonces el soberano tiene que admitir su fracaso sin trasladar la responsabilidad a un tercero, es decir, a la guerra económica. Porque si bien es cierto, la guerra económica siempre ha sido un recurso de la contrarrevolución para tumbar gobiernos revolucionarios o progresistas, no sería justificable que los sujetos que la dirigen sean los que en última instancia gobernaran este país.

Si fuera el caso, el gobierno también tendría que dimitir ya que en la práctica estaría gobernando la contrarrevolución. Una contrarrevolución que hace la guerra pero a la que se le entrega los dólares preferenciales en la mesa de negociación económica para que la siga haciendo. Es un juego perverso, un juego no creíble, un juego cómplice.

Mientras tanto, la multitud tiene que dedicarse a la corrupción social para poder sobrevivir porque el salario no le alcanza. Pero el gobierno los estigmatiza como si el bachaquerismo fuera la causa del problema y no la consecuencia. Incluso, he visto a marxistas criminalizando al bachaquero sin entender la razón del mismo y cayendo en el juego gubernamental.

Y esta corrupción social y material se traslada a la cultura y a las relaciones humanas para tener entonces una sociedad podrida y absolutamente rentística y parasitaria. En estas condiciones materiales y espirituales el gobierno no tiene razón para seguir gobernando por muchos votos que haya conseguido en las elecciones. Está obligado a reconocer dicha situación y facilitar una canalización de la frustración de la sociedad por vía pacífica.

De lo contrario, es una declaración de guerra. Una guerra que no sería exclusivamente ni contra la burguesía, ni contra los sujetos que están políticamente claros en el bando de la oposición. Sería también una guerra contra un buen porcentaje de sectores asalariados y populares que ya no se creen que el culpable es la guerra económica y que quieren salir de una situación que les lleva a matar tigres pero también jirafas todos los días para poder darles de comer a sus hijos.

Por muchos datos que economistas gubernamentales y pseudo marxistas den sobre las causas de la inflación inducida y la guerra económica, hay una realidad que todo marxista debería saber: desde hace más de dos años el trabajador asalariado público o privado no puede adquirir los bienes necesarios para su sobrevivencia a través del valor generado por su fuerza de trabajo como mercancía que intercambia con el patrón público o privado a cambio de otorgarle éste un salario como compra de dicha mercancía, la fuerza de trabajo.

Si este salario no puede reproducir al trabajador ni a su familia, el sistema se cae por su propio peso y no tiene el gobierno el derecho a seguir existiendo sin provocar a despecho una guerra civil fratricida y absurda que no tendría las características de guerra de clases ni por tanto ninguna justificación para llevarla a cabo. Sería la culminación de un proceso de degeneración política y social que regresaría a Venezuela al siglo XIX.