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En Venezuela se instaló un régimen de facto a partir del 20 de octubre pasado, cuando Nicolás Maduro y su camarilla, tras una larga lista de atropellos a la Constitución, decidieron acabar con el referendo revocatorio (RR), valiéndose de unos tribunales penales de provincia. El régimen es autoritario e impopular, ya no representa a las masas, pero tiene el poder de fuego y el del dinero, escaso para muchos fines, pero suficiente para arrollar a la oposición. En ese contexto hay que discutir la dinámica de la mesa de negociación.
Los acuerdos leídos por monseñor Celli vinieron empaquetados en un lenguaje melifluo y engañoso, que le hizo concesiones indebidas al régimen. Fue un error admitir de forma velada que existe una “guerra económica”, sin exigir que se detenga y progresivamente reviertan las expropiaciones y confiscaciones y sin demandar el respeto a los derechos de propiedad. Llamar a los presos políticos “personas detenidas”, como si estuviesen en la cárcel por haberse comido o haber asaltado una bodega, fue otro desbarro, admitido por Ocariz, aunque puede aceptarse que ese es el tipo de concesiones admisibles en unas negociaciones. No creo que la gente en el exterior o en Venezuela crea que Leopoldo, Antonio o Daniel son “personas detenidas”. Me parece muy bien que los familiares de esas “personas detenidas” se indignen y protesten.
La ambigüedad e irritante neutralidad que pretendió tener el documento opacaron algunos logros importantes para la alternativa democrática.
La elección de nuevo de los diputados de Amazonas. Haber adoptado posturas principistas en este tema, del tipo no puede votarse de nuevo lo que ya el pueblo escogió, habría significado dar por cancelada la representación parlamentaria por ese Estado. Resulta altamente probable que la oposición obtenga los 4 diputados de ese Estado. En Amazonas existe un enorme descontento con el gobierno central porque dejó sin representación parlamentaria a esa entidad federal. La victoria le daría a la oposición de nuevo la mayoría calificada de los dos tercios de la AN. Esta vez el gobierno se quedaría sin excusas para desconocerla. Esa elección tendrá la ventaja de que significará una clara derrota electoral del régimen y un signo más de su impopularidad y aislamiento. Los diputados opositores tendrían mayor peso para reclamar que el TSJ respete la autonomía del Parlamento, aspecto contenido en los acuerdos.
La elección de los dos miembros del CNE cuyo período se vence en diciembre. Ahí la oposición podría quedarse con la mayoría relativa del organismo o lograr la selección de un personaje equidistante que permita destrancar los procesos electorales futuros.
Es una falla que el comunicado no mencione nada explícito de la agenda electoral La elección de los diputados de Amazonas queda en una especie de limbo, pero todos los participantes en la mesa saben, aunque el gobierno no lo acepte públicamente, que el centro de la crisis es Maduro, que sólo puede llegarse a las elecciones de 2018 en medio de un inmenso caos y que la salida a la crisis presente debe ser electoral. Este objetivo no quedó liquidado, sino ocultado y diferido.
El RR16 hay que mantenerlo como instrumento de negociación. El régimen tendrá que proponer una fórmula electoral alternativa porque la crisis económica y el malestar social se agravarán. Maduro no resolverá los problemas económicos y sociales ni con el barril a $1.000. Su modelo sufre de una falla estructural. Elecciones generales anticipadas o RR17. En cualquiera de los dos escenarios, la oposición gana. En el segundo, hay que convencer a la gente de que conviene derrotar al gobierno en las urnas para demostrar que los sectores democráticos son mayoría, y que el de Maduro es un gobierno aislado, impopular y reducido. Esta tarea no resulta sencilla porque hay voces radicales influyentes diciendo que el RR17 es una “traición”, apreciación que me luce un grave error, pues si contra Maduro votan más de 8 millones de ciudadanos, el Presidente que lo sustituya será tan débil que tendrá que negociar con la oposición la formación de un nuevo gobierno o podría verse obligado a convocar elecciones anticipadas.
Los aspectos positivos del acuerdo quedaron eclipsados por la desastrosa política comunicacional de los negociadores y la coordinación de la MUD. Todo lució improvisado, concesivo y azaroso. Ha quedado en el hipotálamo de la gente la huella de la derrota frente a los halcones del régimen. Esta imagen distorsionada hay que borrarla de inmediato. Los negociadores tienen que ser los verdaderos jefes de los partidos, quienes han logrado despertar el entusiasmo que mantiene viva la democracia. Chúo Torrealba tendrá que ser Secretario Ejecutivo de verdad, no otro secretario político más de la MUD.
@trinomarquezc
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