Entérese que pasó en la primera semana del juicio a los narcosobrinos

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El abogado de Flores de Freitas, David Rody arremetió contra Santos y divulgó una lista de delitos que cometió en México y Estados Unidos, incluyendo el secuestro de unos hombres que se habían robado 321 kilos de cocaína. Este hecho ocurrió cuando estaba ligado al Cártel de Sinaloa.

Una de las frases que llamó más la atención de la conversación de Campo Flores con Santos Peña fue la relacionada con las intenciones del acusado de querer hacer los negocios rápidamente. Se molestó porque el contacto inicial con el grupo del “El Sentado”, no había sido satisfactorio.

Campo Flores y Flores de Freitas sostuvieron la primera reunión de esta negociación el 4 de octubre de 2015 en Honduras. Desde ese momento, “cuadraron” el negocio con “El Sentado”, quien también era un testigo cooperante del gobierno norteamericano. Con él acordaron el envío de 1.600 kilos de cocaína a Honduras, con destino final a EEUU.

La segunda y última reunión con “El Sentado” se celebró el 6 de noviembre de 2015, pero solo acudió Flores y lo hizo para finiquitar el pago de “la bajada”, que en el argot de los narcos significa recibir la droga. Campos Flores pagaría a “El Sentado” 900 mil dólares para garantizar que 800 kilos de droga llegaran al aeropuerto de Roatán, en Honduras.

Campo Flores propuso a Santos Peña trabajar en conjunto, dejando a “El Sentado” fuera del negocio, ya que estaba molesto porque cuando habían ido a Honduras, no los habían atendido como merecían. Al parecer, “El Sentado” prefirió ver un partido de fútbol, que recibir a los venezolanos de inmediato. Campo Flores se quejó además de que el hombre desapareció. Estaba desilusionado. En las grabaciones Campo Flores le decía al informante que quería empezar “inmediatamente” con el negocio.

Dijo que él había desarmado el plan inicial porque “El Sentado” se perdió y no le respondía las llamadas. Santos Peña le contestó que “El Sentado” era un hombre serio, muy ocupado y con mucho dinero, y que debía entender que si se desaparecía era porque el ambiente se había puesto caliente por allá. Santos Peña se hizo pasar en la operación como el hombre de confianza que “El Sentado” había enviado a Venezuela para hacer el negocio con los sobrinos presidenciales.

En otra grabación se escucha a Campo Flores diciendo que tenía que programar una reunión en un día en que no estuviese trabajando en la campaña de su “mamá” (Cilia Flores). También planteó la posibilidad de ampliar la operación a Canadá, ya que ellos tenían “un primo allá que es cónsul” con quien podían hacer negocios.

En otro video los miembros del jurado pudieron ver a Campo Flores cuando hablaba con Santos Peña y usaba unos guantes de látex en el momento en que le mostraba la cocaína al supuesto comprador.

Las imágenes presentadas en la corte fueron grabadas con dispositivos de la DEA. Tomadas desde el nivel de la cintura aproximadamente, las imágenes del video eran difíciles de observar. No obstante, los acusados podían apreciarse y ser escuchados claramente. Campo Flores aparece manipulando un kilo de polvo blanco y se le ve hablando por radio a uno de sus guardaespaldas pidiendo que le buscaran una navaja para abrir el paquete.

El fiscal le preguntó a Santos Peña si él había probado la cocaína. “Era cocaína de la buena”, dijo el hombre frente al juez.

Santos Peña le explicó al jurado su experiencia como traficante internacional de drogas. Dijo que trabajó para el Cártel de Sinaloa, en México. Dijo que cometió delitos de secuestro, robo y sobornos y que pagó al gobierno de México para conseguir resguardo y proteger la mercancía.

Confesó que no tenía idea de cuántos miles de kilos de cocaína ayudó a pasar a EEUU. Incluso confesó que había estado preso en California por haber robado ropa en la tienda Macy’s junto a su hijo y otro familiar.

También explicó que en una oportunidad se reunió con Julián Pacheco Tinoco, ex ministro de la Defensa de Honduras, quien le habría prestado apoyo para recibir un cargamento de drogas en ese país: “Lo conocí por el hijo del ex presidente Porfirio Lobo, llamado Fabio Lobo, en la época en que yo trabajaba para la DEA.” (Fabio Lobo fue extraditado a EEUU y se declaró culpable de conspirar para traficar droga en julio de 2015. Actualmente está a la espera de sentencia).

Todo esto surgió cuando el abogado David Roday comenzó a interrogar a Santos y a tratar de imponer la tesis de que el informante está testificando contra sus clientes por el dinero y por conseguir una sentencia menos severa. La defensa ha reiterado en varias ocasiones que Santos Peña y su hijo “El Junior” recibieron más de 1,2 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos por su trabajo encubierto y sobre ese monto no pagaron impuestos.

También se ha dicho que cuando los dos informantes trabajaban para la DEA hacían negocios de drogas por su cuenta. En agosto de 2016 ambos fueron arrestados y de llegar a mentir nuevamente podrían ser condenados a cadena perpetua.

Rody fue más allá y acusó a Santos Peña de explorar posibles transacciones paralelas de drogas en Venezuela mientras estaba cumpliendo la misión de la DEA en octubre de 2015, para lo cual se había hecho acompañar de un tercer hombre no autorizado por la agencia de nombre Paul.

Rody señaló que se habían quedado en Venezuela durante diez días, pero solo tuvo cuatro reuniones breves con los acusados. Alterado, el abogado le preguntaba qué había hecho el resto del tiempo: “¿No es cierto que una de las razones por las que llevaste a Paul a Caracas fue para investigar la posibilidad de hacer otros tratos con drogas?”.

Santos Peña negó la acusación. Aseguró que había ido a unos prostíbulos, a un centro comercial y a comer mariscos y carnes en un restaurante cercano al hotel en el que se alojó en Caracas.

Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas han asegurado en varias oportunidades que sus clientes fueron embaucados con un supuesto acuerdo para traficar con drogas y ganar millones de dólares, sin hacer nada ni poner ni un solo dólar.

Asimismo, los sobrinos presidenciales han acusado a los informantes y al gobierno de destruir las evidencias que habrían podido absolverlos del caso, incluyendo grabaciones donde ellos explican que no tenían capacidad para ejecutar el plan, ni experiencia en el mundo del narcotráfico.

Con estos planteamientos sobre la mesa terminó la primera semana del juicio a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Y también con la expectativa de nuevos testimonios.

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