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Para el abogado Pedro Alfonso del Pino, hay riesgo que el Vaticano se pare y se vaya de la mediación
El Tribunal Supremo de Justicia sentenció que la AN no realizará juicio político a Maduro | Foto: Archivo
Por: Dayimar Ayala Altuve | El Pitazo
Apenas habían transcurrido 3 días desde que la Mesa de la Unidad Democrática, el Gobierno Nacional, el Vaticano y la Unasur suscribieran un comunicado en el que se comprometían a mantener el diálogo y la paz, cuando el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que ordena que la Asamblea Nacional se abstenga de continuar el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro.
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La sentencia fue rápidamente rechazada por diversos voceros de la oposición, pero para los expertos en materia constitucional el texto del poder judicial podría tener incidencia sobre el proceso de diálogo.
El abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino consideró que una sentencia como la que habla del ordenamiento de no continuar con la determinación de responsabilidad política al presidente de la República, además de prohibir manifestaciones públicas, es aberrante.
“En la determinación de la responsabilidad política que es una atribución de la AN, el Poder Judicial no tiene ninguna inherencia, precisamente porque la responsabilidad política no tiene consecuencias jurídicas. La AN puede determinar responsabilidad política, por lo tanto el TSJ no puede inmiscuirse en si existe o no o si se puede seguir o no, eso está fuera de sus competencias”, destacó el constitucionalista.
Sobre si es una patada al diálogo o si se irrespetan los acuerdos a los que se llegó el fin de semana, Del Pino puntualizó que es una muestra de que el diálogo no es primordial para el Gobierno y que escenarios como ese presionan a que el Vaticano se pare y se vaya de la mediación que pidió, esencialmente, la oposición.
Jesús Ollarves coincidió con su homólogo Del Pino en que la sentencia del máximo tribunal es un mal gesto en medio de un diálogo como el que se viene desarrollando en el país. “La sentencia es un gesto que es incompatible con el acuerdo del diálogo como el que se ha estado dando, bajo la mirada de Unasur y el Vaticano. La sentencia trasgrede el artículo 222 de la Constitución que establece claramente el ejercicio del control parlamentario. La AN puede perfectamente determinar responsabilidad sobre el presidente de las República que es el primerísimo funcionario público. Esa sentencia una vez más pone en evidencia la autonomía del Poder Judicial actuando bajo el Poder Ejecutivo”, destacó.
Ollarves sentenció que se supone que en los procesos de diálogo se deben sosegar los ánimos y no atizarlos con una sentencia como la que emitió el TSJ, en la que además se restringen los derechos ciudadanos y los de expresión.
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