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El fallido golpe de Estado contra el régimen de Erdogan ocurrido en julio pasado, constituyó la gran oportunidad para el Presidente turco de deshacerse de sus opositores políticos mediante purgas, encarcelamientos y despidos masivos en los que no sólo cayeron los participantes en el golpe, sino también una inmensa cantidad de personas, medios de comunicación, empresas y agrupaciones políticas y sociales insertas dentro de la legalidad y ajenas al presunto grupo Gulenista al que se atribuyó la intentona golpista. Cerca de 100 mil funcionarios públicos han sido despedidos y las purgas continúan aún ahora, cuatro meses después. Tan sólo hace un par de días se ordenó prisión preventiva para un buen número de líderes y diputados del principal partido prokurdo, el HDP, segunda fuerza de oposición en el parlamento turco. Se trata de una decisión antecedida por encarcelamientos arbitrarios de escritores, intelectuales y militantes de la causa kurda. En los últimos tiempos, por ejemplo, 24 alcaldes kurdos fueron removidos de sus puestos de un solo golpe y sustituidos por nuevos funcionarios nombrados por el gobierno.
Todo esto se hace bajo la justificación del combate al terrorismo, tanto al atribuido a las órdenes del clérigo Fetulah Gulen, como al kurdo. Y como en efecto, los actos terroristas han proliferado en Turquía en los últimos meses luego de que se declarara ilegal el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el presidente Erdogan no se está tentando el corazón para arrasar con todo aquello que es mínimamente sospechoso de ofrecer alguna resistencia a sus pretensiones de controlar él y su aparato, todos los hilos del poder político de la nación turca. La figura del debido proceso es en este contexto inexistente, y cada vez más el régimen adquiere un perfil totalitario.
Por supuesto, la crítica a cualquier aspecto de las acciones de Erdogan y su gente son también objeto de la condena oficial con las consecuentes represalias. El caso más reciente al respecto ha sido la detención de 15 periodistas y editores del periódico más independiente del país: el Cumhuriyet, un diario que a lo largo de años ha logrado mantener un perfil liberal, laico, no panfletario, serio en sus críticas y análisis, el único con reporteros en frentes de guerra en Siria y con una considerable planta de columnistas mujeres. La acusación oficial para los arrestos es que lo publicado en Cumhuriyet incitó directa o subliminalmente a los golpistas. La paulatina supresión de la libertad de expresión en Turquía se refleja claramente en el siguiente dato: Reporteros Sin Fronteras catalogaba a este país en 2005 en el lugar 98 de la lista de 180 países, hoy lo ubica en la posición 151 de su Índex.
Todo esto indica que si en el pasado Turquía era un país relativamente democrático, hoy esa condición se ha perdido. El modelo que ha surgido es el de la eliminación de los pesos y contrapesos propios de una democracia, una sociedad forzosamente obediente de lo que determine la cúpula política, una prensa dócil y un poder totalitario con Erdogan a la cabeza. Se vislumbra, por tanto, un escenario en que en la medida en que la totalidad de la representación de la población kurda ha sido puesta fuera de la ley, queda cancelada cualquier oportunidad de diálogo y acuerdos con este importantísimo segmento de la población kurda. Ello presagia más y más violencia interna, lo mismo que una relación crecientemente tensa con la comunidad internacional. Las últimas purgas han concitado una condena tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, quienes observan este deterioro con suma preocupación, al temer que la conflictividad que de por sí aqueja a la región se vea agravada aún más por la inestabilidad y violación flagrante de los derechos humanos que crecen día con día en Turquía.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.
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